De acuerdo con organismos internacionales, más del 80 por ciento de los empleos en Honduras son aportados por el sector informal, es decir, más de dos millones de hondureños logran un salario por ese real espíritu empresarial ausente en el “gran” sector privado; sin embargo, esto imposibilita la acreditación de derechos conquistados en la “Gran Huelga” de 1954.
Fuentes especializadas abordadas por EL LIBERTADOR, dejan claro que sin derechos no hay una clase trabajadora, sino una población explotada e instan a que Honduras firme el pacto social también para un nuevo Código del Trabajo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. No es un misterio ni exageración, sin derechos laborales los cuatro millones de hondureños que forman la Fuerza Laboral –antes conocida como Población Económicamente Activa–, están bajo explotación. La realidad laboral en el país es alarmante, en primera instancia porque casi el 83 por ciento de los empleos los genera el sector alternativo o informal de la economía y no la “gran empresa” que goza de dispensas multimillonarias y otros “favores”.
Esta realidad ha sido analizada por fuentes especializadas consultadas por EL LIBERTADOR, quienes recalcan que, sin el respeto y modernización del Código del Trabajo, Honduras vaga entre la negación de conquistas sociales y el limbo de la precariedad.
Y, sobre este tema, este rotativo ha abordado al exsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Wilmer Javier Fernández, quien como punto de partida aclara que en Honduras la crisis laboral no está en el desempleo como tal, sino en la precariedad de salarios que son insuficientes.
Según Fernández, a pesar de las multimillonarias dispensas que gozan las grandes empresas, en el país quien más da empleo es el sector alternativo o informal, pues más de dos millones de hondureños dependen de éste para lograr salarios que, por ley usan en la cadena de bienes y servicios.
Explica que, aunque esto representa un alivio para la fuerza de trabajo, se debe recordar que en muchas ocasiones es imposible que los obreros gocen de derechos adquiridos como seguridad social, contratos escritos, estabilidad y pensiones, porque muchos emprendedores no logran regularizarse y son “sofocados” por cargas tributarias que no “extorsionan” a grandes empresas.
De acuerdo a su estimación, cerca del 45 por ciento –de los dos millones de trabajadores “informales”– laboran por cuenta propia, es decir, casi la mitad son emprendimientos familiares, lo cual dificulta una garantía para obtener afiliación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), vacaciones o pensiones, pues quedan limitados al ingreso mínimo.
Ante este panorama, plantea la necesidad de impulsar un régimen especial de protección para este sector, así como una reforma integral al sistema de seguridad social donde el objetivo sería aumentar las bajas pensiones actuales y crear mecanismos para que los trabajadores independientes puedan regularizar su situación y cotizar, garantizando así su protección social.
“Esas son las condiciones generales que se encuentran en el mercado laboral o la realidad sociológica de las personas que trabajan. La política de la presidenta (Xiomara Castro) fue respetar el Código del Trabajo”, apunta el exfuncionario.
Fernández resaltó que eso marcó una gran diferencia entre el Gobierno Castro y el actual, pues en sus primeros 100 días la administración de Nasry Asfura se apresuró en “revivir” la Ley de Empleo por Hora, la cual “es un misil para el Código del Trabajo”.
Por otro lado, evaluó que la fuerza de trabajo que prestan los empleados del sector público y privado es indispensable, constituyendo el motor de las empresas o instituciones para las que laboran.
Fernández sostuvo que los derechos laborales no pueden estar aislados de las políticas macroeconómicas y el crecimiento económico, por ello, propuso un diálogo integrado sobre el modelo de trabajo y el modelo de desarrollo económico, sobre todo, para que el país crezca, atraiga inversión y reduzca la inflación para que esos beneficios tengan un valor real y lleguen a la mayoría de los hondureños.
“El Estado debe tener una participación activa en la orientación de un modelo económico que reduzca la desigualdad, aumentando ingresos en las familias trabajadoras, aumentando fuentes de empleo con derechos y practicando dentro del país un programa de justicia tributaria, de responsabilidad social, y que el Estado promueva una transición industrial en el país”, desglosa.
En tanto, para el sociólogo y académico, Allan Fajardo, Honduras debe entrar a una nueva etapa en el ámbito laboral y, puntualiza que ésta solo se dará cuando la sociedad obligue a la clase política a firmar un nuevo Código del Trabajo pero no como una propuesta de confrontación, sino la concertación armoniosa entre los dueños del capital y los dueños de la fuerza de trabajo.
Fajardo sostiene que el desarrollo del país debe ser un esfuerzo conjunto en el que también participe la academia y respalda su postura con una trayectoria documentada en la promoción del diálogo social, remontándose a la década de 1990, cuando fungió como secretario ejecutivo de la concertación centroamericana a nivel regional.
En esa línea, revela que durante el gobierno anterior presentó una serie de propuestas a la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social orientadas a mejorar las condiciones laborales desde un enfoque colaborativo y éstas son la base para llevar el tema laboral-sindical a una nueva dimensión.
En síntesis, el pensamiento del catedrático universitario converge en una reforma laboral integral que parta de un nuevo pacto social, donde el trabajo sea reconocido como un factor igualmente esencial que el capital en la creación de riqueza.
Su visión implica un nuevo Código de Trabajo porque no solo regulará las relaciones laborales, sino que replanteará todo el marco legal existente y, será clave para un “sindicalismo renovado” que logre superar la etapa actual, que considera atrapada en el conformismo de “arrancar migajas de los dueños del capital” sin interés de representar “a los verdaderos intereses de los trabajadores”.
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