El extitular de Aduanas, Fausto Cálix, cuestionó los primeros 100 días del gobierno, señalando que hubo 12 semanas consecutivas de incremento en los combustibles, que no existe TPS para los hondureños en EE.UU., entre otras medidas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exdirector de la Administración Aduanera de Honduras (Aduanas), Fausto Cálix, cuestionó los primeros 100 días de gestión del actual gobierno nacionalista, señalando una serie de medidas y resultados que, a su juicio, han afectado directamente a la población hondureña.
Cálix enumeró lo que considera los principales “logros” de la administración, destacando que en las últimas 12 semanas se ha registrado un aumento sostenido en los precios de los combustibles.
Detalló que el galón de gasolina súper pasó de 100 lempiras el 2 de febrero a 138 lempiras en la actualidad, mientras que el diésel subió de 85 a 141 lempiras.
“No hay Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, por más que prometían que el Gobierno de Trump era su aliado. Aumento desproporcionado de la canasta básica sin ningún control por parte del Estado”, agregó.
Señaló la paralización de proyectos de infraestructura en salud, incluyendo la construcción de hospitales, salas neonatales y un laboratorio nacional para la producción de medicamentos.
A esto sumó la aprobación de un decreto que calificó como ilegal para el despido de empleados públicos y el restablecimiento del fideicomiso en salud, que favorece al sector privado.
En materia de seguridad, Cálix aseguró que se ha incrementado la violencia en el país. Además, criticó la ampliación de exoneraciones fiscales a empresas que ya gozaban de estos beneficios desde 1984, señalando que se les otorgaron cinco años adicionales.
Entre otros señalamientos, denunció la represión a estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) durante protestas por presupuesto; asimismo, la ejecución de obras de bacheo de baja calidad y el cierre de clínicas oftalmológicas que brindaban atención gratuita.
Finalmente, cuestionó la entrega de 100 mil lempiras a diputados del Partido Liberal (PL) en el marco de la votación para destituir a Johel Zelaya como fiscal general, durante el juicio político en su contra.
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