Las políticas en salud del Gobierno de Nasry Asfura conducen por un solo camino: la privatización. Así lo explica el médico y diputado liberal, Carlos Umaña, al cuestionar el despido masivo de médicos y la cancelación de proyectos como el laboratorio para producir medicamentos.
Al respecto, el exsubsecretario de Salud, Brian Erazo, señaló que Asfura necesita un colchón de 2,000 millones de lempiras para sus políticas sanitarias con el sector privado, recursos obtenidos de los despidos y la cancelación de megaproyectos firmados por la administración anterior.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente Nasry Asfura inició su mandato al frente del Estado decretando una emergencia en el sistema sanitario, presentada como una estrategia para mejorar la atención pública mediante la reducción de la mora quirúrgica y la remodelación de la infraestructura hospitalaria.
Las medidas, alineadas con su plan de reducir la carga administrativa del Estado, marcan además el retorno de los fideicomisos, un mecanismo mediante el cual el gobierno entrega recursos públicos a una entidad —generalmente privada— para que los administre con un objetivo específico, en este caso, como la compra de medicamentos.
Uno de los ejes centrales de la emergencia es la disminución de la mora quirúrgica, una tarea que se ejecutará en alianza con centros privados, bajo el argumento de que la red hospitalaria pública no cuenta con condiciones adecuadas para responder a la demanda actual.
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Sin embargo, una serie de decisiones adoptadas en los últimos días por el Gobierno han dejado entrever contradicciones entre la supuesta emergencia y la realidad detrás del decreto. Una de ellas es el despido de alrededor de 900 empleados del sector, argumentando que fueron contratados de manera irregular por el gobierno saliente de la presidenta Xiomara Castro.
EL LIBERTADOR entrevistó al diputado y médico Carlos Umaña para conocer su postura frente a las decisiones que ha tomado el gobierno. Para el galeno, las medidas sugieren que “todo esto está encaminado —no puedo decir que sea cierto— hacia privatizar el sistema sanitario y privatizar el sistema de medicamentos”.
Umaña explicó que el despido de médicos es injustificado y señaló que la contratación de este personal en los últimos dos meses del gobierno de Castro respondía a un acuerdo con el Colegio Médico de Honduras (CMH).
El acuerdo —según el diputado— establecía la estabilidad laboral de los profesionales que ya tenían más de sesenta días de servicio o que formaban parte de la primera línea de atención. Autoridades de la administración anterior denunciaron, por ejemplo, cómo en Santa Bárbara se separó de labores a médicos especialistas, precarizando así la atención pública.
Otro punto que Umaña criticó fue la falta de voluntad del presidente Asfura por continuar la construcción del Laboratorio Nacional de Moléculas Biológicas, Genética y Prototipos de Salud, proyecto que buscaba la autonomía nacional en la producción de medicamentos básicos para el servicio público.
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A su criterio, la cancelación del proyecto sigue el camino de la privatización. Según Asfura, este tipo de iniciativas no tienen “sensatez” y afirmó que los fondos utilizados en su construcción —unos 150 millones de dólares, de los cuales 79 millones iban a ser destinados con fondos nacionales— serán usados para otras políticas.
Negocio privado
El exsubsecretario de Salud, Brian Erazo, también habló con EL LIBERTADOR y explicó que la decisión de despedir personal viene desde la campaña política del Partido Nacional, cuando afirmaron que buscarían potenciar el sistema de salud privado. Sin embargo, lamentó que ante los decretos de emergencia en Salud y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) “los gremios no han respondido a tiempo”.
“Hoy se refleja más porque están con el agua al cuello con más de 400 colegas despedidos vía WhatsApp y queda desnudo el plan, porque hemos estado advirtiendo que esto se iba a dar, pero se vendió la emergencia como que iba a resolver la mora quirúrgica”, apuntó.
Según Erazo, la idea detrás es trasladar recursos del Estado al sector privado. De acuerdo con sus cálculos, cerca de 1,900 millones de lempiras estarían destinándose a entidades privadas a través de mecanismos como los fideicomisos, y lamentó que muchos de estos fondos provienen de los despidos.
“Ellos no lo están viendo nada más en términos financieros. Ocupaban un bolsón de dos mil millones de lempiras y lo están sacando justo de los macroproyectos, de los sueldos de nuevas plazas y contrataciones”, explicó.
Erazo también advirtió que el traspaso de servicios al sector privado ha traído consigo un encarecimiento injustificado, sobre todo en el costo de una cirugía, que según mencionó ronda los 90 mil lempiras en el sector privado, lo que representa una sobrevaloración de los servicios.
“Si hubieran seguido el mismo camino, para principios de 2027 pudieron haber reducido la mora a cero, porque ya en trece departamentos a nivel nacional se había reducido a cero. Solo quedaban Tegucigalpa y San Pedro Sula con inversiones en marcha en el Hospital Escuela y el Catarino Rivas”, concluyó.
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