Trabajadores del Sistema Nacional de Emergencias aseguran —en un comunicado público— que cuentan con contratos, constancias y registros de pago que respaldan su relación laboral, tras denuncias que ponen en duda su existencia administrativa.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un grupo de empleados del Sistema Nacional de Emergencias 911 hizo pública este 2 de marzo una aclaración en la que rechaza de forma «enérgica y categórica» las declaraciones emitidas por representantes de la institución, quienes habrían puesto en duda la existencia formal de sus vínculos laborales.
Los trabajadores aseguran que es «absolutamente falso» que no existan expedientes que respalden su contratación y sostienen que cada empleado cuenta con documentación física y digital que acredita la relación laboral, incluyendo copias de contratos vigentes, comprobantes oficiales de pago, constancias emitidas por la propia institución y registros de marcaje y turnos.
El comunicado surge en medio de un conflicto que, según denuncian, se agravó desde el pasado 23 de febrero, fecha en la que se les habría impedido el ingreso a las instalaciones sin justificación legal. Para los empleados, esta medida configura un despido indirecto y una vulneración directa a sus derechos laborales y humanos.
Asimismo, los firmantes defienden que el crecimiento de la planilla respondió a una ampliación real y verificable de los servicios operativos y de atención prehospitalaria.
Señalan que durante la pasada administración de Xiomara Castro (2022-2026) se incorporaron nuevas ambulancias y motoambulancias, además de ampliarse la cobertura tecnológica mediante miles de cámaras de videovigilancia en más de un centenar de municipios, lo que -argumentan- requirió la contratación de personal especializado.
En ese contexto, sostienen que, si existiera extravío de expedientes, ello constituiría una negligencia de la presente administración y no una prueba de inexistencia laboral.
Finalmente, responsabilizan a la actual dirección del 911 por cualquier daño derivado de la interrupción de funciones en un servicio que califican como crítico para la seguridad nacional. Hasta el momento, las autoridades del sistema no han emitido una respuesta pública al señalamiento colectivo.
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