A menos de un día para que el Consejo Nacional Electoral oficialice los resultados del reciente proceso electoral, persisten serias dudas sobre su legitimidad y transparencia en los distintos niveles electivos.
Ante la incapacidad del órgano electoral para realizar la declaratoria, el Congreso Nacional informó que ejercerá sus atribuciones constitucionales para garantizar un conteo y resultados transparentes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, lanzó un llamado enérgico al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley frente a las múltiples denuncias ya presentadas contra el proceso electoral, el cual se encuentra viciado por graves irregularidades según múltiples señalamientos.
Redondo advirtió que, si se intenta imponer una supuesta declaratoria sin cumplir los requisitos de la ley, ya sea mediante presión mediática, geopolítica o el respaldo de grupos criminales que habrían incidido en el proceso electoral, la Constitución de la República establece un mecanismo claro para actuar.
En ese sentido, citó el artículo 205, numeral 7, que faculta al Congreso para realizar el escrutinio de los votos y declarar la elección del presidente, de los designados presidenciales, de los diputados al Congreso Nacional, al Parlamento Centroamericano y de las Corporaciones Municipales.
Ana y Cossette ignoraron elecciones transparentes
El congresista también se refirió a una auditoría del proceso electoral previo a la jornada de votación, la cual fue ignorada por las consejeras del bipartidismo, Ana Paola Hall y Cossette López, y que advertía sobre las anomalías que posteriormente han sido denunciadas como umbral del fraude electoral post votaciones.
Además, las responsabilizó directamente por la cadena de decisiones e irregularidades que, a su juicio, pusieron en jaque el proceso electoral y que se fueron dando desde los incidentes del 9 de marzo, durante las votaciones primarias, que se desarrollaron hasta llegar a la declaratoria del pasado 24 de diciembre.
Asimismo, reveló que el 29 de noviembre se presentó un informe de auditoría que advertía que no existían condiciones para realizar elecciones generales, señalamiento que fue ignorado por las consejeras, quienes abandonaron la sesión y desestimaron las conclusiones técnicas.
«Su obligación, consejera Ana Paola como presidenta y Cossette López, era escuchar esta auditoría, que esta auditoría más adelante les va a pasar factura. ¿Qué ocurrió posteriormente a esa auditoría? Que las consejeras, por mayoría, tomaron la decisión de aprobar una resolución donde dejaron sin valor el proceso de validación biométrica», detalló.
Explicó que la resolución que dejó sin efecto la validación biométrica impidió la verificación entre la huella dactilar del votante y los datos consignados en las actas electorales.
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