El exconsejero electoral, Julio Navarro, advirtió en entrevista con EL LIBERTADOR que el nuevo sistema del CNE –similar al que permitió el fraude electoral del 2017— no garantiza un conteo rápido ni transparente. El experto critica que filtrar actas antes de publicarlas es una usurpación que debilita a las Juntas Receptoras de Votos y pone en riesgo la credibilidad electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La transparencia para las elecciones generales que se llevarán a cabo el 30 de noviembre ha vuelto a ser cuestionada debido a una denuncia hecha por el consejero electoral, Marlon Ochoa, quien explica que el bipartidismo (Partido Nacional y Liberal), a través de sus representantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE), está implementando el mismo modelo que permitió el fraude electoral en 2017.
Con este modelo, la recepción de las actas de cierre pasará por el filtro de una persona que verificará si son correctas o no, como sucedió en 2017, donde la entonces Alianza de Oposición Contra la Dictadura denunció la retención de aproximadamente 5,000 actas y la manipulación de los resultados con los denominados “votos rurales”, que permitió la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
Esto es diferente a cómo se realizó en el proceso electoral de 2021, en el cual las actas se publicaban tal como llegaban desde las Juntas Receptoras de Votos (JRV), sin intervención humana del CNE.
Para profundizar en el tema, EL LIBERTADOR consultó al exintegrante del pleno del CNE, Julio Navarro, quien criticó que esta decisión no reflejará un “conteo rápido” porque “la persona que ponen a observar el acta está usurpando, está desconfiando de las personas que firman esta acta”, refiriéndose a quien lidera la JRV.
“No entiendo por qué las dos consejeras [Ana Paola Hall, propuesta por el Partido Liberal; y Cossette López, por el Partido Nacional] quieren que el Estado gaste una enorme cantidad de dinero en contratar una empresa para que haga el TREP, si no va a ser rápido”, cuestionó.
Según Navarro, esta decisión atenta contra las funciones de los integrantes de las JRV, ya que desde ahí se origina el poder de dar un resultado rápido y recordó que sus integrantes [conformados por un presidente, secretario, escrutador y dos vocales] son las autoridades que toman promesa ante el CNE, lo que les obliga a cumplir con sus roles, los cuales se ven contrariados con lo que recientemente aprobó el órgano electoral.
“Creo que hay que respetar la ley, hay que respetar a los integrantes de la Junta Receptora de Votos, y con todo ello se le da certidumbre a la población de que nadie va a buscar alterar la voluntad que tuvo al momento de ir a votar”, señaló el experto en materia electoral.
Sin embargo, con el sistema aprobado, el temor en un sector de la sociedad es la implementación de las irregularidades registradas en 2017, las cuales Navarro catalogó como un “antecedente funesto”, y recordó cómo se tuvo que esperar una semana “para que dieran los resultados de esas 5,000 actas que son las famosas actas rurales”.
El experto añadió que la retención de actas puede ser perjudicial para todos los candidatos, ya que no establece con certeza un ganador, tal como pasó con el exgobernante Juan Hernández en 2017, quien, tras ir perdiendo casi por seis puntos porcentuales, con una tendencia casi irreversible, logró remontar el resultado.
“Recuerde las últimas elecciones primarias, ¿salieron competitivos los tres partidos? Sí, salieron; entre los tres partidos casi hubo tres millones de votos, por lo que esos Partidos están fuertes y necesitan trabajar en lo que queda para poder sacar un millón trescientos mil votos y ganar las elecciones”, explicó Navarro.
CNE GARANTE DE TRANSPARENCIA
Las elecciones generales están programadas para realizarse el domingo 30 de noviembre y, según el experto, el CNE no tiene excusas para garantizar un proceso justo y transparente, enfatizando la necesidad de tener una organización adecuada para evitar antecedentes como el del 9 de marzo, donde por errores logísticos la jornada electoral se vio entorpecida en algunos centros de votación.
“Para que [las elecciones] sean sumamente transparentes hay que tener toda la logística que se necesita para el día de los comicios; no andar el último día armando maletas como pasó en estas elecciones primarias. Hoy tiene la ventaja el Consejo Nacional Electoral, que nunca, antes del 2005, había tenido a su disposición el presupuesto para ejecutar las elecciones”, explicó.
Aunque la presidenta del CNE, Cossette López, manifestó no contar con los recursos institucionales para realizar la elección, el Congreso Nacional aprobó el presupuesto de los comicios, que asciende a 1,700 millones de lempiras y, sumados al de las primarias, el total gastado en el proceso democrático de 2025 asciende a casi 4,000 millones de lempiras.
“Este Consejo Nacional Electoral está en la obligación de justificar que hubo irregularidades, tomando en cuenta que tiene todos los recursos financieros que han pedido y que este gobierno les ha dado tanto para primarias como para generales”, señaló Navarro.
Y concluyó advirtiendo que los elementos que conforman las JRV —tanto logísticos como humanos— deben “ir a tiempo y estar suficientemente capacitados para actuar conforme a la ley el día de las elecciones”.
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