COMISIÓN DE LA VERDAD EXPONE A VÁSQUEZ POR “GRAVES” VIOLACIONES CONTRA HONDUREÑOS: JOAQUÍN MEJÍA

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, creada para investigar lo suscitado en el golpe de Estado en 2009, reveló graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias –llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado–, además, identificó al menos 22 muertes relacionadas directamente con la represión de las manifestaciones que surgieron tras el golpe.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. “Si alguien se ‘sorprende’ por la captura de Romeo Vásquez Velásquez debe remitirse al informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que establece la responsabilidad de este militar en las graves violaciones a derechos humanos –DDHH– cometidas en el contexto del golpe de Estado”, escribió en su X, el reconocido abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía. 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación se creó en mayo del 2010 durante el Gobierno del nacionalista Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), como un ente investigador encargada de esclarecer lo sucedido en el golpe de Esta   do un año antes, en 2009, contra Manuel Zelaya Rosales. 

Este mecanismo estuvo lleno de críticas por parte de los simpatizantes de Zelaya quienes afirmaron que la Comisión serviría para avalar lo sucedido durante el derrocamiento del mandatario y las múltiples violaciones a los derechos humanos contra los opositores al Golpe, que incluyó varios asesinatos. 

Entre los hallazgos de la comisión destacan varios puntos importantes, entre ellos, la verificación que lo suscitado el 28 de junio de 2009 fue un golpe de Estado y no una ‘sucesión constitucional’ como se intentó implantar a la opinión pública a través de medios de comunicación afines al golpismo, validando así que fue un acto ilegal y que violó la constitución hondureña. Otro punto fue el rol militar en el hecho y las violentas represiones. 

Por ello, el abogado mejía puntualiza que “según la Comisión, la ‘responsabilidad del general’ […] ‘está estrechamente ligada a la de [Roberto] Micheletti’ —presidente de facto tras derrocar a Zelaya—. Además, ‘también le corresponde una responsabilidad por no cumplir con su obligación de denunciarlos y sancionarlos debidamente a posteriori’”. 

Los militares jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Zelaya, ya que miembros de la institución castrense fueron quienes rodearon la residencia del mandatario y lo sacaron por la fuerza, significando un punto sin retorno a la crisis política.

Mejía agregó: “La responsabilidad de los demás miembros del Estado Mayor Conjunto ‘no puede excluirse’, particularmente del comandante general del Ejército, Miguel Ángel García Padgett, cuyas fuerzas tuvieron la mayor implicación en la ejecución de las medidas violatorias de los DDHH”.

La Comisión documentó graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias –llevados a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado–, además, el informe identificó al menos 22 muertes relacionadas directamente con la represión de las manifestaciones que surgieron tras el golpe.

Y, al final, se condenó la impunidad que gozan los perpetradores del derrocamiento, tanto que tuvieron que pasar casi 16 años para que se abriera juicio contra el entonces jefe militar, Romeo Vásquez. 

“El informe señala que se ‘debe investigar, procesar y sancionar todas las violaciones a los DDHH acaecidas a partir del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, así como las responsabilidades de las personas identificadas como principales causantes de las violaciones’”, escribió Mejía. 

Y culminó haciendo énfasis en que “si usted se sorprende por esta captura, que sea para cuestionar por qué pasaron 15 años para que el Ministerio Público cumpliera con lo señalado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el sentido de realizar una investigación ‘sin dilación indebida’”.