El Congreso Nacional fue intervenido hoy por el Ministerio Público con el fin de “secuestrar” documentos claves en casos de corrupción. Lo anterior, sigue la línea de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) que reveló varios actos ilícitos de diputados dentro del legislativo que ocasionaron millonarias pérdidas a las arcas del Estado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El fiscal general del Ministerio Público, Johel Zelaya, ordenó hoy la intervención del Congreso Nacional para recabar evidencias sobre el supuesto desvío de fondos públicos a través de organizaciones no gubernamentales (ONG) y otros actos de corrupción denunciados por la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (MACCIH).
Entre los casos investigados por el Ministerio Público destaca una denuncia presentada por el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, quien señaló que diputados habrían otorgado proyectos financiados con Fondos Departamentales a ONG que nunca los ejecutaron.
De acuerdo con Santos, estas irregularidades provocaron pérdidas superiores a 10 mil millones de lempiras. Por esta razón, solicitó al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) información sobre las liquidaciones relacionadas con estos fondos, administrados por alrededor de 200 ONG.
Santos también informó que existen más de 60 líneas de investigación activas contra estas ONG, vinculadas al manejo de los Fondos Departamentales por diputados del Partido Nacional, lo que derivó en el presunto desfalco de más de 10 mil millones de lempiras.
Diversas fuentes confirmaron que el Ministerio Público continuará las investigaciones iniciadas por la MACCIH durante su operación en el país. La misión, que comenzó en 2016, investigó alrededor de 13 casos de corrupción que involucraron a diputados del Congreso Nacional, especialmente durante la administración nacionalista de Mauricio Oliva (2014-2022).
¿QUÉ INVESTIGÓ LA MACCIH?
La Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), en conjunto con la MACCIH, presentó en 2017 su primer caso de corrupción relacionado con el Congreso Nacional, denominado “Red de Diputados”.
Según la investigación, esta red desvió fondos públicos destinados a proyectos sociales para uso personal, utilizando como intermediaria una ONG que recibía dinero de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional.
Entre los implicados en este caso figuraron los diputados Héctor Padilla, Audelia Rodríguez y Augusto Cruz Ascencio, del Partido Vamos (Va, Movimiento Solidario); Dennys Sánchez, del Partido Liberal; y Eleazar Juárez, de Libertad y Refundación (Libre).
Otro caso relevante revelado por la MACCIH y la UFECIC fue el denominado “Pacto de Impunidad”, que involucró a los congresistas nacionalistas Antonio Rivera, Sara Ismela Medina, Tomás Zambrano, Mario Pérez, Juan Carlos Valenzuela, Román Villeda, Francisco Rivera, César Handal y Ana Joselina Fortín. Del Partido Liberal, fue señalado Yuri Sabas.
A estos diputados se les acusó de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la fe pública, abuso de autoridad y delitos contra la forma de gobierno, afectando la seguridad interior del Estado de Honduras.
Asimismo, otros casos como “Pandora” y “Arca Abierta” implicaron a diputados, funcionarios y particulares en diversos delitos relacionados con corrupción.
El gobierno del entonces presidente Juan Orlando Hernández, actualmente preso por narcotráfico, anunció el fin de la misión internacional anticorrupción en Honduras. Esta decisión fue confirmada el 17 de enero de 2020 por la Organización de Estados Americanos (OEA), que señaló el fracaso de las negociaciones entre la OEA y el gobierno hondureño como la razón principal.
Con relación al tema, el actual diputado del Congreso Nacional, Luis Redondo, aclaró estar a la disposición de la Fiscalía para entregar toda la documentación necesaria para erradicar la corrupción dentro del poder del Estado.
Y concluyó afirmando: “Desde el año 2022 denuncié la corrupción público-privada de la narco-dictadura, que saqueó el Estado por 12 años y 7 meses. Valoro la iniciativa del Fiscal General para iniciar investigaciones de la Red de Congresistas, que se confabularon para entregar el territorio, vender la Corte Suprema de Justicia, negociar los contratos del IHSS, los de energía, y trasladar a las ONGs fondos para la corrupción”.
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