Con la determinación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) –creadas en 2013– han sido oficialmente eliminadas, lo que representa un golpe definitivo a este proyecto, que generó controversia por su impacto en la soberanía y la justicia del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, celebró la decisión tomada por el pleno de la CSJ, que declaró inconstitucionales las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE).
Esta resolución marca un hito en el país al invalidar el Decreto 236-2012, que reformaba los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013, que contenía la Ley Orgánica de las ZEDE.
Dichos decretos violaban artículos fundamentales de la Constitución de la República, conocidos como «pétreos», es decir, que no pueden ser modificados.
Celebramos y reconocemos la patriótica, histórica, justa y legal decisión de la CSJ, que por mayoría de votos declaró inconstitucional el Decreto 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución, así como el Decreto 120-2013 que contiene la Ley…
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) September 20, 2024
Al respecto, la mandataria enfatizó: «La justicia para el pueblo hondureño es no vender nuestro territorio ni privatizar nuestra soberanía».
Por su parte, el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, confirmó que la CSJ, tras una deliberación detallada, concluyó que las reformas a los artículos 294, 303 y 329 eran inconstitucionales. «Estos artículos son considerados pétreos, lo que significa que no pueden ser modificados bajo ninguna circunstancia», explicó.
Con efecto nulatorio, por vulneración de artículos pétreos, #CSJ, en fallo por mayoría de votos, declara la inconstitucionalidad de ley que dio vida a las #ZEDEs. pic.twitter.com/L5DapuzegV
— Poder Judicial HN (@PJdeHonduras) September 21, 2024
Duarte añadió que la creación de las ZEDE, a través del Decreto 236-2012, violaba la soberanía nacional, el sistema de justicia y la estructura económica del país. Desde su implementación en 2013, estas «ciudades modelo» operaban de manera ilegal.
También explicó que la CSJ procederá a elaborar el acta correspondiente e informará a los diferentes poderes del Estado sobre los efectos de esta decisión, donde cada institución deberá asumir sus responsabilidades y tomar las acciones necesarias tras la resolución.
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