Tres exfuncionarios judiciales, que ejercieron durante el periodo 2016-2023, han sido acusados de prevaricato judicial, es decir, se les presume responsables de haber emitido una sentencia contraria a la ley para beneficiar a dos empresas bancarias de capital privado en 2022. Se trata de: Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Alvarado Moreno.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó requerimiento fiscal contra los exmagistrados de la Sala Civil del Poder Judicial Reynaldo Antonio Hernández, Wilfredo Méndez Romero y Rina Auxiliadora Alvarado Moreno, acusados del delito de prevaricato judicial.
Los exfuncionarios judiciales –cargos que ejercieron durante el periodo 2016-2023– habrían emitido sentencias contrarias a lo dictaminado por la ley para favorecer a dos entidades bancarias de capital privado que fueron demandadas por otra empresa por la cantidad de 159 millones de lempiras.
Según el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, las instituciones demandadas dejaron de pagar la cantidad que se les reclamaba debido a esta resolución.
Las irregularidades en este caso comenzaron en 2016, cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revisó una sentencia emitida por la Sala del periodo 2009-2016; la revisión fue considerada ilegal, ya que no se puede devolver o revocar una sentencia a menos que se haya resuelto por unanimidad en la sala correspondiente.
Según la investigación, el exmagistrado Reynaldo Antonio Hernández influyó en el Pleno de la CSJ para que los recursos de casación fueran “conocidos y resueltos por la Sala que él integraba, demostrando un interés particular en el caso”.
Esto se concretó el 22 de marzo de 2022, cuando, junto con Méndez Romero y Alvarado Moreno, emitieron una sentencia unánime que absolvió a las instituciones bancarias, comprometiendo la “castidad” en lo que debería de ser el sistema judicial.
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