El ex Fiscal General, Edmundo Orellana, ha criticado que el Gobierno del Partido Nacional, no tiene justificación por declarar “secreto de Estado” la información relacionada a los contratos de vacuna contra el Covid-19, ya que las farmacéuticas sólo piden un par de cláusulas relacionadas a procesos de producción y fórmula química.
Además, el diputado opositor, Luis Redondo, dijo que en julio pasado la titular de Salud, Alba Consuelo Flores, ya había remitido un documento para declarar la secretividad, éste fue rechazado por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ayer el Congreso Nacional (CN) aprobó un decreto que clasifica como secreta la información de los contratos entre Honduras y las empresas farmacéuticas que fabrican o proveen las vacunas contra el Covid-19, al respecto, el diputado del Partido Innovación y Unidad (Pinu), Luis Redondo, ha dicho que no hay justificación para pisotear los derechos del pueblo.
Redondo dijo que entró a la “sesión Zoom” para documentar la inaudita aprobación del decreto que pone como “clasificada” la información de compra de vacunas, denunciando que la bancada del Partido Nacional, junto a la Secretaría de Salud (Sesal) y la “Comisión de Asuntos Especiales Covid-19”, mintieron al pueblo hondureño.
Cabe señalar que durante la sesión, la titular de Sesal, profesora Alba Consuelo Flores, insistió que imponer la secretividad por diez años a esta información, es una práctica que se está dando en todo el mundo y que era necesario aprobar esta cláusula para “asegurar” una cantidad constante del biológico.
Sin embargo, Flores no presentó ningún documento demostrando que esos fueran los pedidos de las farmacéuticas, en ese contexto, el diputado Redondo señaló que no existe documentación alguna: “el Gobierno nacionalista y la Secretaría de Salud le han mentido al pueblo hondureño con el tema de las vacunas de Pfizer, y la farmacéutica va a tener que aclarar, pues hoy se mintió en el Congreso diciendo que era una solicitud internacional”.
El congresista demostró que en el convenio de México con Pfizer no pidió condiciones de reserva en la totalidad del contrato y lo mismo sucede con Guatemala y otros países de la región, Redondo reiteró que en ningún país, excepto Honduras, se ha aprobado una ley de reserva, por lo que considera que esto constituye un acto más de corrupción y de traición.
Además, alertó que el decreto provino directamente del despacho del Ejecutivo, pues no superó los requerimientos de transparencia en las solicitudes previas: “El que fuera notario y abogado de la familia Hernandez, luego Procurador General del Estado y ahora Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Abraham Alvarenga Urbina, envió el proyecto de decreto en el que buscan declaran como ‘información reservada’ lo acordado entre el Gobierno de Honduras y las empresas farmacéuticas”.
Incluso dijo que Sesal ya había intentado realizar la misma petición, pero que ésta no fue admitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), lo anterior en la resolución 282-2021 del pasado 8 de julio.
Recalcó que las farmacéuticas sólo piden un par de cláusulas ocultas, pero el decreto enviado por el Ejecutivo busca blindar todo el contrato, abriendo la posibilidad de más estafas a la Salud.
“En el decreto no habla de Pfizer, sino de cualquier fabricante y cualquier proveedor, ahí podría entrar aquella que hizo pastillas de harina, aquellos criminales que quisieron meter vacunas falsas, se pueden amparar en ese decreto”, dijo.
Y según el documento, se declararía como secreto todo lo referente a la composición del biológico, su metodología y los costos, únicamente estará disponible la cantidad de dosis adquiridas.
Al respecto, el congresista reflexionó que: “Luego de 10 años se vencería el término para que los puedan acusar, lamentablemente la Sesal ha sido incapaz de comprar y contratar lo que se requiere del sistema de Salud, y ese es el precio que se paga cuando se pone mediocres al frente”, añadió.
“Tienen un macaneo dentro de la Sesal y algo quieren ocultar, Juan Orlando eliminó el comité de Ética de Salud, porque detrás de esto lo que hay es un gran negocio, las estructura criminal está aprovechando esta situación. Valiéndose de marcas y contratos para ocultar información”, lamentó.
Según el ex Fiscal General de la República, doctor Edmundo Orellana, la aprobación de otra “ley secretos” es traición del Gobierno, que tiende a tomar decisiones a favor suyo y a espaldas del pueblo.
“Esto favorece indudablemente a quienes tienen disposición del presupuesto, el quererlas ‘proteger’ con el secreto de Estado, sólo favorece al Gobierno”, y señaló que se trata otra vía para seguir derrochando los escasos recursos financieros del país.
Además, condenó el deseo del actual régimen para ocultar información, cuando las farmacéuticas no exigen crear dicha ley: “Ese tipo de requerimientos que dicen ellos que han planteado las farmacéuticas se refiere únicamente a los temas de los procesos de producción, a las formulas químicas que ellos utilizan para hacer sus productos”.
Y ahondó que eso no abarca las condiciones comerciales y financieras de la transacción, “eso no está en secreto, para hacer ese tipo de transacciones no se necesitan ‘secretos de Estado’”.
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