A través de un comunicado oficial, la Corte de Apelaciones de lo Penal en Materia de Corrupción, informó que admitió la solicitud de antejuicio del Ministerio Público en el caso del alcalde de Tegucigalpa Nasry Asfura y la cuarta regidora Nilvia Castillo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción, informó este viernes que se aceptó la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) contra el alcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) Nasry Asfura y la cuarta regidora Nilvia Castillo, ambos del gobernante Partido Nacional.
Lo anterior se conoció a través de un comunicado oficial en el que se informa que la Corte ha enviado la notificación tanto al MP como a los señores Nasry Juan Asfura Zablah y Nilvia Ethel Castillo Cruz “como funcionarios acusados”.
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El pasado 28 de octubre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió un recurso de amparo para que el proceso judicial contra el alcalde y aspirante presidencial fuera cancelado; no obstante, el MP ha presionado para que el edil no sea inmune.
Entre los fundamentos jurídicos el órgano menciona los artículos 420, 421 y 422 del Código Penal, que establecen en su parte conducente que los funcionarios contra quienes se pretenda deducir responsabilidad por delitos cometidos en el ejercicio de funciones podrán ser encausados mediante un procedimiento establecido y que el MP tendrá que sugerir el antejuicio por escrito.
También se ha hecho mención del artículo 28, numeral 6 de la Ley de Municipalidades, que establece: “El Alcalde, Vicealcalde y Regidores gozarán de las prerrogativas siguientes: 1)…, 2) No ser responsables por propuestas dentro de la Ley, ni por sus opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de Antejuicio en la misma forma que a los jueces”.
La Corte de Apelaciones ha recordado además que es de su competencia exclusiva resolver y conocer las solicitudes de antejuicio, por lo que el recurso admitido por la Sala de lo Constitucional, queda anulado.
Cabe recordar que Asfura es investigado por delitos de lavado de activos, fraude y violación de los deberes y derechos de los funcionarios, ya que presuntamente desvió casi 30 millones de lempiras del fideicomiso municipal que fue a parar a cuentas de uso personal y familiar.
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