Agencias / EL LIBERTADOR
Brasilia. Parlamentarios brasileños reanudaron hoy los debates sobre la posible admisión del pedido de juicio político contra la presidenta de ese país, Dilma Rousseff, acusada de incurrir en delito de responsabilidad.
Luego, este domingo, se efectuará la votación que determinará si este pedido de “impeachment” (juicio político) procederá o no.
En cuanto al debate de este sábado de la Cámara de Diputados, se incribieron 249 de los 513 congresistas que conforman el legislativo. Con un derecho de palabra de tres minutos para cada uno, se estima que la discusión dure unas 13 horas.
Se prevé que la jornada sea más extensa, puesto que los líderes de los 25 partidos políticos, representados en la Cámara Baja, tendrán derecho de palabra al término de cada sesión, que puede durar máximo 5 horas, informó la Agencia Brasil.
Fuentes gubernamentales confían en que el pedido de juicio política contra Rousseff no procederá.
El jefe del gabinete personal de la Presidencia, Jaques Wagner, manifestó que ya cuenta con el apoyo de 200 diputados para frenar el proceso que destituiría de sus funciones a la presidenta de Brasil, en caso de continuar.
Cabe acotar que para que esto ocurra hace falta que 172 legisladores voten a favor del impeachment.
Wagner indicó que este aumento en el apoyo a Rousseff es gracias al trabajo de los gobernadores aliados.
Entre tanto, el diario Folha de Sao Paulo, el segundo medio de comunicación con más circulación en Brasil, reconoció que la oposición no contaba con los 342 votos requeridos para que el pedido de juicio político pasara al Senado, el organismo que finalmente debía aceptar o no llevar adelante dicho proceso.
En este sentido, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Waldir Maranhão, informó que votaría en contra del impeachment. Por su parte, Clarissa Garotinho, una de las congresitas que se mostraba favorable al proceso, solicitó licencia de maternidad y no acudirá a votar.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ofreció su apoyo a la jefa de Estado; y al tiempo que le asignó al proceso un «carácter político», indicó que este carece de certezas jurídicas y solo siembra desconfianza en el organismo interamericano.
«Las dudas pasan por los planos ético, político y jurídico», apuntó, no sin antes remarcar el hecho de que le llama la atención que «mientras sobre la Presidenta no recae ninguna acusación penal, entre quienes la juzgan hay personas acusadas y hasta imputadas». (Telesur).
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