La campaña será dirigida contra las personas que atravesaron de manera ilegal la frontera de EE.UU. en 2014; los que tengan antecedentes penales y solicitudes de deportación serán la prioridad, dijo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El gobierno estadounidense arrancó el sábado anterior una campaña para deportar a gran escala a centroamericanos que viven de forma ilegal en ese país.
La campaña será dirigida contra las personas que atravesaron de manera ilegal la frontera de EE.UU. en 2014; los que tengan antecedentes penales y solicitudes de deportación serán la prioridad, dijo el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés).
Como resultado, unas 27 personas indocumentadas fueron detenidas en el Estado de Connecticut, al norte de EE.UU. y la mayoría fueron por tener antecedentes penales.
Defensores de los derechos de los inmigrantes ven alarmados cómo la oleada de detenciones está afectando de manera indiscriminada a los que no poseen visa o carné de residente.
El defensor Glenn Formica, expresó a través de un comunicado que los arrestos ejecutados son un contraste perturbador con el ambiente de la nación, ya que actualmente en el Congreso se encuentra en debate la reforma migratoria.
No obstante, no se ha podido avanzar en la reforma planteada por Barack Obama, ya que el Congreso y el Senado estadounidense están controlados por el Partido Republicano, proclive a las deportaciones y que ha frenado los intentos del gobernante para legalizar a millones de indocumentados.
La mayoría de los deportados corresponden al Triángulo Norte de Centroamérica, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador. En el caso de Honduras, casi 60 mil personas fueron repatriadas durante 2015, según cifras del Centro de Atención al Migrante Deportado (CAMR).
En tanto, la asamblea legislativa y senado estadounidense aprobaron al cierre de 2015 unos 750 millones de dólares, para ser invertidos en el denominado plan “Alianza Para la Prosperidad” para frenar el masivo flujo de migrantes al país del norte.
La condición impuesta por los legisladores norteamericanos es que se combata la galopante impunidad y corrupción en el Triángulo Norte; pidieron que se instale la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICH) o, en su defecto, que la denominada Misión de Acompañamiento Contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (MACCIH) –auspiciada por la OEA– tenga plenos poderes para mandar a la cárcel a los saqueadores de recursos públicos.
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