El informe anual 2025 de ACI PARTICIPA, reveló que el año anterior 15 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Honduras; la mayoría de ellos “ofrendó” su vida en la defensa del territorio y medioambiente, evidenciando alta conflictividad agraria en zonas con presencia de estructuras criminales organizadas.
En el evento, la directora ejecutiva de la organización popular, Hedme Castro, denunció que la falta de respuesta estatal y la impunidad judicial como garantes para que Honduras siga entre los países más peligrosos para defender la vida.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA), presentó esta mañana su informe anual 2025 sobre los Derechos Humanos titulado: “Honduras: deuda de sangre y justicia, el informe que ya no deberíamos escribir”.
El documento analiza la evolución de la violencia política y social, resaltando un panorama critico respecto a las dinámicas de agresiones registradas en los periodos posteriores al golpe de Estado, por ejemplo, advierte un repunte de crímenes en 2025 (15 en total) frente a los nueve registrados en 2024.
El informe desglosa que de las 15 víctimas, 11 eran defensores de la tierra, dos del medioambiente y dos de la libertad de expresión y que, los casos documentados, evidencian un patrón de violencia armada contra personas que entraron en la disputa agraria –ya un viejo conflicto nacional– en zonas con presencia de estructuras criminales organizadas.
Según el reporte de ACI-PARTICIPA, los once campesinos asesinados por defender la tierra, ejercían su activismo social en el Valle del Bajo Aguán por el histórico conflicto de tierra, monocultivos de palma africana y crimen organizado.
Además, apunta la ejecución de reformas cuestionables, por ejemplo, el Decreto No 7-2025 que aprobó el Congreso Nacional para reformar la Ley de Protección e incluir ambientalistas, pero que se formuló sin la consulta e inclusión de la sociedad civil y genera conflictos de interés al incorporar a la secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) en el sistema.
Por otro lado, el documento resalta la persistencia de operaciones “de facto” de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE): Próspera (Islas de la Bahía), Ciudad Morazán (Cortés) y Orquídea (Choluteca), aun cuando demandaron por millones al Estado y que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema.
“ACI-PARTICIPA también señala la persistente ausencia de adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú, instrumento regional orientado, entre otros aspectos, a garantizar el acceso a la información, a la participación pública y la justicia en asuntos ambientales”, enuncia un comunicado de prensa.
Al respecto, la directora ejecutiva de ACI PARTICIPA, Hedme Castro, dijo a EL LIBERTADOR que entre otros temas, es alarmante que se reporte la desaparición de 137 menores de edad, “hay 94 que se han encontrado porque fueron asesinados”.
Además apuntó que en sus datos son 18 masacres (de tres víctimas o más) en lo que va del año y que prácticamente, “estamos en un país donde la vida no tiene sentido para las autoridades”.
Frente a este escenario, la activista social argumentó que la sociedad hondureña se encuentra sumergida en un vínculo entre la inseguridad y el progresivo deterioro de las condiciones de vida.
Sostuvo que la violencia del país, “no es absolutamente nada en comparación con el nivel de vida que se existe y el número de personas indigentes que ya podemos ver en las diferentes calles de nuestra ciudad”.
En cuanto a la falta de voluntad política para garantizar entornos seguros para la población y los colectivos vulnerables, dijo que al Estado lo que menos le interesa es la estabilidad emocional y psicológica de la población: “Están más interesados en satisfacer a su patrón del norte (Donald Trump y su política) que satisfacer las necesidades de la población.”
Finalmente, al abordar el problema de la impunidad y al accionar de la justicia frente a los crímenes contra activistas y defensores, la directora concluyo tajantemente: “En el Poder Judicial yo creo que las personas que lograron sacar, solo sirvió para imponer personas que están doblegadas a la voluntad del Gobierno actual. La justicia es una utopía ahora para los hondureños”.
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