El presidente Nasry Asfura, creó mediante decreto ejecutivo la Estrategia Nacional de Transparencia Lucha Contra la Corrupción, una iniciativa que no fue socializada ampliamente con distintos sectores de la sociedad y que surge en lugar de concretar la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), una de las principales demandas de organizaciones civiles y de transparencia.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente Nasry Asfura, oficializó la creación de la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción 2026-2030 mediante el PCM 011-2026, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el pasado 9 de junio, en lugar de la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
El decreto ejecutivo establece que la decisión fue adoptada por el mandatario en Consejo de Secretarios de Estado, fundamentándose en los compromisos asumidos por Honduras al ratificar la Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC-OEA) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), las cuales obligan al Estado a mantener órganos eficaces, con recursos suficientes y el grado necesario de independencia para prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción.
“El presente Decreto Ejecutivo se subordina en todos sus extremos al marco rector de la Estrategia Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 2026-2030 y debe interpretarse de manera sistemática y coherente con sus diez ejes estratégicos”, señala el documento.
La normativa también crea la figura del Comisionado Presidencial para la Transparencia (CPT), quien ejercerá la rectoría política, la coordinación estratégica y la interlocución nacional e internacional en materia anticorrupción.
El decreto establece que este funcionario actuará con autonomía funcional para garantizar su independencia técnica y credibilidad ante la ciudadanía y la cooperación internacional.
Asimismo, ordena la creación del Mecanismo Nacional de Coordinación Anticorrupción (MNCA), una instancia interinstitucional de articulación técnica bajo la conducción del CPT, además de aprobar el Plan de Asistencia Técnica Internacional (PATI), cuya gestión y coordinación también quedará bajo responsabilidad del comisionado.
El decreto ejecutivo establece que el Comisionado Presidencial para la Transparencia será nombrado directamente por el presidente de la República.
“El Comisionado Presidencial para la Transparencia no es un órgano de investigación penal, ni de representación legal del Estado en sede judicial. La persecución penal de la corrupción por ley corresponde en exclusiva al Ministerio Público; asimismo, la representación y defensa legal del Estado como litigante por ley corresponde a la Procuraduría General de la República”, instruye la normativa.
Además, enfatiza que el comisionado fungirá únicamente como articulador estratégico del sistema anticorrupción y no sustituirá las competencias de otras instituciones del Estado.
El director ejecutivo de la Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, consideró que la estrategia reconoce el carácter sistémico de la corrupción, pero cuestionó que reemplace la instalación de la CICIH.
“Esta nueva estrategia reconoce que la corrupción es sistémica, pero sustituye la CICIH por un mecanismo débil y sin funciones de acción penal como el PATI y no ofrece garantías suficientes de voluntad política ni de independencia institucional para desmontar las redes de impunidad”, manifestó.
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