El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), a través de su Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial, sostuvo que el actual gobierno prioriza la protección de la empresa privada y la seguridad jurídica de las inversiones por encima de las demandas históricas de las comunidades campesinas que han exigido que se respete sentencia de tierra.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), a través de su Observatorio de la Conflictividad Socio territorial, presentó un informe que identifica 77 conflictos activos en 13 departamentos de Honduras, donde la disputa por la tierra continúa siendo el principal detonante de tensiones sociales, acompañado por conflictos energéticos, mineros y ambientales.
Según el informe, la tierra sigue siendo el eje central de la conflictividad nacional, aunque su naturaleza ha evolucionado más allá de la problemática agraria tradicional.
“La tierra continúa siendo el eje principal de la conflictividad, pero ya no puede leerse únicamente como problema agrario clásico. Los conflictos por tierra combinan disputas por tenencia, recuperación campesina, saneamiento de territorios ancestrales, expansión agroindustrial, presión turística e inmobiliaria, ganadería y control territorial por actores armados ligados al crimen organizado”, señala el documento.
El estudio detalla que los conflictos agrarios representan el 49.4 por ciento del total de casos registrados, consolidándose como la principal fuente de tensión social.
A estos se suman los conflictos energéticos, que constituyen el 20.8 por ciento y están vinculados principalmente a la explotación de cuencas hídricas frente a la oposición de comunidades locales; mientras que los conflictos mineros representan el 10.4 por ciento y se relacionan con la afectación del subsuelo, cabeceras de cuenca y degradación ambiental.
“En conjunto, estas tres categorías concentran el 80.5 por ciento del registro nacional, operando en un nivel de alta intensidad caracterizado por criminalización, amenazas latentes de desalojo y un agudo deterioro institucional”, destacó la organización.
El informe también analiza el contexto político actual y sostiene que la administración del presidente Nasry Asfura se caracteriza por una visión empresarial de la gestión pública que privilegia el crecimiento económico sobre los mecanismos de mediación democrática.
En ese sentido, CESPAD señala que uno de los principales hitos legislativos de este período es la aprobación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial de Honduras, la cual declara la actividad agroindustrial como prioridad nacional, establece la inafectabilidad de determinadas tierras, agiliza licencias ambientales extraordinarias y endurece las sanciones contra acciones de protesta que obstaculicen la circulación de mercancías.
“La ley profundiza la vulnerabilidad de las comunidades rurales al robustecer los dispositivos de control punitivo y reinterpretar los conflictos como meras violaciones al orden público o la seguridad jurídica”, advirtió el organismo.
Asimismo, el informe sostiene que el Estado actúa como un mediador que formaliza una “legalidad desigual”, al proteger con mayor rapidez la gran propiedad y las concesiones de inversión, mientras posterga procesos relacionados con el saneamiento de tierras indígenas, garífunas y campesinas.
CESPAD también alertó sobre lo que considera una desinstitucionalización de la justicia agraria, reflejada en el debilitamiento institucional y la reducción presupuestaria de entidades públicas encargadas de atender estas problemáticas, situación que estaría trasladando la resolución de disputas desde espacios de diálogo hacia mecanismos de control y seguridad.
“La expresión más letal de esta dinámica tuvo lugar el 21 de mayo de 2026 con la masacre de veinte personas en la comunidad de Rigores, un suceso que condensa la trágica convergencia de la impunidad histórica, el uso de agencias de seguridad privada y la incursión de redes armadas para disciplinar al campesinado organizado”, cita el informe.
La organización también denunció asesinatos, atentados y detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos y líderes comunitarios, entre ellos integrantes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y del Consejo Indígena Lenca Tierras del Padre.
Finalmente, el informe señala que estos hechos ocurren en un contexto marcado por la lentitud judicial y la persistencia de estructuras de impunidad en casos emblemáticos, como los asesinatos de los ambientalistas Berta Cáceres y Juan López, cuyos procesos continúan siendo referentes de la lucha por justicia y protección de los defensores del territorio en Honduras.
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