Un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras revela que el gobierno apenas ha ejecutado el 15.92 % del presupuesto vigente, prorrogado de 2025 a 2026 ante la falta de aprobación del nuevo plan de gastos.
Entre las entidades con menor ejecución figuran la ENEE, Agricultura y Energía, mientras instituciones como Previsión Militar, Banco Central e Infraestructura lideran el gasto, evidenciando un uso desigual de los recursos públicos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El gobierno que dirige Nasry Asfura sigue sin presentar ante el Congreso Nacional el Presupuesto General de la República para el año fiscal 2026, y un estudio realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) desglosa que el Estado opera a medio motor con una baja ejecución presupuestaria.
Según la máxima casa de estudios, durante el primer trimestre de 2026 la ejecución presupuestaria apenas alcanzó el 15.92 %, evidenciando una gestión pública limitada, sin rumbo claro y con impacto directo en los servicios que recibe la población.
El dato no es menor. De los más de 443 mil millones de lempiras aprobados para 2025 y prorrogados para el presente año ante la falta del asignado para 2026, apenas se han ejecutado poco más de 70 mil millones, lo que refleja una baja capacidad del Estado para convertir recursos en acciones concretas; es decir, no se traduce en obras, servicios o soluciones.
La propia UNAH advierte que esta situación ocurre en un contexto atípico: el país sigue operando sin un Presupuesto General para 2026, utilizando como base el del año anterior. Esto limita la planificación estratégica, es decir, la capacidad del gobierno para definir prioridades claras y ejecutar políticas públicas de manera ordenada.
Sin un presupuesto actualizado, precisa “la Nacional”, las decisiones de gasto se vuelven más discrecionales —menos planificadas—, lo que abre la puerta a retrasos, desorden administrativo y posibles abusos en el manejo de fondos públicos.
El informe también revela una preocupante desigualdad en la ejecución. Mientras algunas instituciones registran niveles relativamente altos, como el Instituto de Previsión Militar (25 %) o el Banco Central (23 %), sectores clave para la población muestran cifras críticas.
Un ejemplo es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que apenas ejecuta un 7 %; la Secretaría de Agricultura, con un 5 %; y áreas como Energía o Gobernación, que apenas alcanzan el 1 %.
Esto tiene implicaciones directas: baja ejecución en energía significa menos inversión en un sistema eléctrico ya frágil; en agricultura, menos apoyo a la producción nacional; y en gobernación, menor capacidad para operar el Estado. En otras palabras, los sectores que sostienen la vida cotidiana del país son los que menos recursos están utilizando.
A esto se suma otro dato revelador: apenas el 2.66 % del presupuesto está destinado a transparencia y control, es decir, a supervisar cómo se utilizan los recursos públicos. En un contexto de baja ejecución y decisiones discrecionales, esta cifra plantea dudas sobre la capacidad real del Estado para vigilar el uso del dinero.
El gobierno, por su parte, ha recurrido a decretos de emergencia —como en salud y vialidad— para agilizar compras y contrataciones. Aunque estas medidas permiten actuar con rapidez, también reducen los controles habituales, lo que, según advierte la UNAH, aumenta los riesgos de opacidad y uso ineficiente de los recursos.
“Los decretos de emergencia requieren mecanismos reforzados de supervisión”, señala el informe, subrayando que sin estos controles la solución puede convertirse en un nuevo problema.
El resultado es un Estado que, pese a concentrar el 70 % del presupuesto en sectores clave como salud, educación, energía y seguridad, no logra ejecutar los recursos de forma efectiva.
El diagnóstico no proviene de sectores políticos ni de la oposición, sino de la propia academia, que concluye que este escenario “incide en las capacidades operativas del Estado, limitando el alcance de sus funciones”, una advertencia que, traducida a la realidad, significa menos Estado para una población que enfrenta cada vez más necesidades.
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