La conformación del Congreso Nacional 2026–2030 revive temores anclados en la oscura administración nacionalista entre 2010 y 2022. A criterio de analistas abordados por este rotativo, figuras del Partido Nacional y del Partido Liberal, que han respaldado acuerdos legislativos adversos al interés social, podrían articular nuevos consensos parlamentarios que recuerdan las dinámicas impulsadas durante la gestión de Mauricio Oliva.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. A las puertas de una nueva legislatura, el Congreso Nacional que asumirá funciones para el período 2026-2030 se presenta como un hemiciclo sin mayorías absolutas, pero con antecedentes que pesan sobre el análisis político, ya que la fragmentación numérica no impide consensos, sobre todo cuando existen precedentes de alianzas funcionales.
El recuerdo inmediato remite a los períodos 2014–2022, cuando el Legislativo y el Ejecutivo coincidieron bajo el control del nacionalismo, con Juan Orlando Hernández en la presidencia hondureña y Mauricio Oliva mandando desde el Congreso, un ciclo que estuvo marcado por reformas controvertidas y cuestionamientos por corrupción.
Ese antecedente histórico es clave para entender por qué diversos analistas observan con cautela la actual correlación de fuerzas. Aunque hoy ningún partido alcanza por sí solo los 65 votos, la historia reciente muestra que las mayorías pueden construirse mediante acuerdos entre bancadas tradicionales.
Según la declaratoria oficial, el Partido Nacional obtuvo 49 diputados, seguido del Partido Liberal con 41; Libertad y Refundación (LIBRE) alcanzó 35 congresistas, mientras que el Partido Innovación y Unidad (PINU) sumó dos y Democracia Cristiana uno.
Desde su análisis político, el abogado Omar Menjívar dijo a EL LIBERTADOR que existen indicios claros de repetición de patrones legislativos, especialmente porque una parte significativa de quienes integrarán el nuevo Congreso ya formaron parte de legislaturas anteriores con cuestionamientos por decisiones lesivas para Honduras.
Parte de estos antecedentes legislativos se entienden en la unidad política que formaron los representantes de los partidos Nacional y Liberal en el Congreso durante la dictadura nacionalista (2014-2022).
“Aquí la desgracia para el país es evidente, porque francamente uno tiene que partir de lo que representan estos partidos, de cuál es su visión sobre el Estado, sobre la sociedad, y claramente estos dos partidos comparten la misma visión, de hecho, deberían ser un solo partido a estas alturas”, sentenció Menjívar.
Sobre la presidencia del Congreso, uno de los diputados perfilados para asumir este rol es el representante del departamento de Valle por el Partido Nacional, Tomás Zambrano, de quien Menjívar cuestionó sus antecedentes políticos al estar señalado de integrar y vincularse con casos de corrupción.
En su valoración, afirmó que “Tomás Zambrano tiene un historial negro como diputado, estuvo involucrado en todas las aberraciones, en todos los abusos, incluso los delitos que desde la actividad legislativa se cometieron en el Congreso que presidió Mauricio Oliva (2014-2022) y el que presidió Juan Orlando Hernández (2010-2014)”.
Menjívar agregó que el diputado estuvo involucrado en varios de los casos investigados por la MACCIH, promovidos ante los juzgados del país, investigaciones que, aunque no derivaron en sanciones judiciales, marcaron un período de alta conflictividad institucional.
Al proyectar escenarios judiciales, el abogado advirtió sobre cambios profundos en las instituciones: “Yo creo que va a haber una modificación en todas las instancias del país, no le ponga duda”.
Finalmente, el togado advirtió que la posición de este bipartidismo no es auténtica y que está motivada por la ambición de control, por ello señaló: “seguramente van a modificar también a la Corte Suprema… es probable que intenten destituir al fiscal general y destituir seguramente algunos magistrados”.
Desde otra arista analítica, el abogado Alex Navas coincidió en que la actual correlación de fuerzas permite anticipar la repetición de dinámicas ya conocidas, particularmente cuando los nombres que se perfilan para dirigir el Legislativo remiten a períodos anteriores.
El jurista señaló que tanto el Partido Liberal como el Partido Nacional “ya han mostrado cómo actúan”, lo que, a su juicio, reduce las posibilidades de impulsar reformas estructurales en beneficio de la población.
Por ello, advirtió que no habrá voluntad política para modificar marcos legales sensibles: “No va a haber ningún cambio sustancial en la forma de aprobar leyes… por ejemplo las leyes que pueden traer a la CICIH, la Ley de Colaboración Eficaz, la Reforma del Código Penal, la Reforma a la Elección de altos funcionarios”.
Navas añadió que esas mismas fuerzas políticas no van a reformar leyes que les dan un blindaje de impunidad que, según dijo, explica el retorno de diputados al Congreso.
Respecto al control institucional, anticipó escenarios de confrontación directa: “Puede haber un juicio político contra el fiscal general o contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia”.
También mencionó la disputa por entes clave: “Estamos hablando de la Unidad de Política Limpia, estamos hablando del Tribunal Superior de Cuentas y otros que los ponen los tres partidos”.
Como cierre de su análisis, advirtió que esa dinámica podría reducir el margen de acción de la bancada oficialista: “El Partido Liberal y el Partido Nacional van a ir copando espacios y al final a LIBRE lo van a dejar como una fuerza bastante limitada y debilitada en el Congreso Nacional”.
Con este panorama, el Congreso Nacional 2026–2030 no parte de una hoja en blanco. El peso del pasado reciente condiciona la lectura de cada pacto posible y de cada figura que emerge para dirigir el hemiciclo.
Aunque la aritmética parlamentaria impide mayorías absolutas, el antecedente bipartidista operando como bloque funcional sigue presente en el análisis de expertos y observadores políticos.
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