El proceso por delitos cometidos por el empresario estadounidenses Carl Alan Zaglin y funcionarios hondureños con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional (“el Tasón”) inició este martes en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, EE.UU.; cada uno de los 12 testigos que presentará la fiscalía, dará testimonio al juez y al jurado, entre ellos, cuatro militantes del Partido Nacional que ocuparon altos cargos en el Gobierno de Juan Hernández, ahora condenado y preso por narcotráfico en EE.UU.
Los enjuiciados por la trama ejecutada entre 2015 y 2019 contra el interés del Estado de Honduras, valiéndose de la legislación comercial de EE.UU. para sobornar con aval del Gobierno Hernández, son: Carl Alan Zaglin, de 68 años y dueño de una fábrica de uniformes y prendas policiales con sede en Georgia, y Aldo Néstor Marchena, de 50 años, residente de Boca Ratón, Florida. Contra Zaglin, testificarán los hondureños, entonces ejecutivos de “el Tasón”, Francisco Cosenza, Juan Ramón Molina y Gabriela Salgado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Entre marzo de 2015 y continuando hasta noviembre de 2019, o alrededor de esas fechas, los empresarios estadounidenses, Carl Alan Zaglin, Aldo Néstor Marchena y otros presuntamente acordaron sobornar a funcionarios del gobierno de Honduras, entre ellos Francisco Roberto Cosenza Centeno, a fin de garantizar contratos con la Tasa de Seguridad Poblacional (“TASA”), superiores a 10 millones de dólares, detalla un informe oficial actualizado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en poder de Periódico EL LIBERTADOR.
El juicio penal contra Francisco Cosenza, Carl Zaglin y Aldo Marchena, acusados de sobornos y lavado de activos, fue reprogramado el pasado 7 de abril de 2025, luego, la jueza Jacqueline Becerra, de la Corte del Distrito Sur de Florida, estableció que se celebrará este martes 2 de septiembre de 2025, en la Sala 11-4 del Palacio de Justicia Wilkie D. Ferguson, a partir de las 9:00 de la mañana, como en efecto pasó y durará esta semana, si así lo quiere el juez.
“ME ORDENABA JOH Y OTROS FUNCIONARIOS”
Este proceso cobra suma importancia en las esferas políticas hondureñas, porque Cosenza no acepta que actuó de manera personal en estos delitos, y acusa que actuó por órdenes del entonces gobernante Juan Hernández y otros funcionarios que, bajo juramento, tendrá que revelar todos los nombres de los involucrados en los crímenes por los que fue extraditado del país, ahora enjuiciado en Florida y, seguramente, condenado por el jurado que se ha nombrado para el proceso.
A Cosenza, se le supone responsable de: 1) Conspiración para cometer lavado de activos; 2) Lavado de activos; 3) transacciones derivados de actos criminales. Este caso, demostrará de qué forma se desviaron millones de dólares de la Tasa de Seguridad, fondo creado para combatir la delincuencia que tanto luto y dolor ha generado en la sociedad hondureña, pero durante dictadura Hernández terminó usado para enriquecerse a través de contratos amañados, sobornos y empresas de papel. Según la fiscalía de la Florida, Cosenza recibió pagos ocultos en cuentas en EE.UU. y Belice, mientras la violencia crecía acelerada apagando vidas valiosas en Honduras.
La justicia estadounidense expondrá cómo se lavó dinero público del pueblo hondureño, bajo el disfraz de la “seguridad nacional”. Es así, con el propósito que el lector conozca la argumentación legal contra los involucrados en el “Caso ‘la Tasa”, EL LIBERTADOR pública íntegramente, sin edición, la relación de hechos en la investigación judicial que presentarán los fiscales acusadores y, que ahora, divulga el Departamento de Justicia de EE.UU.
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