¡ALERTA! CONGRESO SUSPENDE PROYECTO DE COMERCIO DE HIDROCARBUROS EN HONDURAS

El Congreso Nacional suspendió en su segundo debate el Proyecto de Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, el cual diversas organizaciones se han opuesto debido a que contiene cambios en su propuesta original que ponen en riesgo el bienestar de los consumidores, a pequeños empresarios y promueve prácticas oligopólicas.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El Congreso Nacional suspendió el debate sobre el Proyecto de Ley de Comercialización de Hidrocarburos y Biocombustibles, una iniciativa que, aunque surgió con el objetivo de regular un mercado históricamente desordenado, sectores han elevado sus críticas por cambios en el nuevo dictamen. 

Este proyecto fue presentado desde hace aproximadamente diez años, sin embargo, por diversos motivos, su aprobación fue pausada. Es hasta la actual administración Legislativa que se procedió con la reactivación de la iniciativa. . 

Y hoy, en su segundo debate, el presidente de la comisión especial, el diputado Rafael Sarmiento –de Libertad y Refundación (Libre)–, solicitó la suspensión de la lectura en el segundo debate con el objetivo de fortalecer y perfeccionar la normativa, incorporando observaciones técnicas. 

La crítica a este nuevo dictamen se ha levantado desde organizaciones como la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos Petroleros Independientes (AHDIPPE), quienes en un comunicado expresaron que esta versión, lejos de garantizar transparencia y competencia justa, favorece a grandes corporaciones. 

Además, pondría en riesgo a los pequeños y medianos gasolineros independientes, y eliminaría mecanismos de protección al consumidor que actualmente representan ahorros significativos en el precio de los combustibles.  

La AHDIPPE –Según su pronunciamiento– explica que el dictamen actual desvirtúa por completo la propuesta original que buscaba establecer reglas claras en el mercado de hidrocarburos, protegiendo tanto a los consumidores como a los operadores locales.

En cambio, la versión que se discute en el Congreso tendría un impacto devastador en las gasolineras familiares o de pequeños y medianos empresarios, especialmente en zonas rurales, donde son una fuente vital de empleo y dinamismo económico.  

«Esta ley, tal como está redactada, llevaría a la desaparición de cientos de estaciones de servicio operadas por familias hondureñas», advirtió AHDIPPE. «No podemos permitir que se repita lo que ocurrió con las farmacias independientes, que fueron absorbidas por grandes cadenas hasta quedar casi extinguidas».

La asociación también alertó que, de aprobarse el texto sin cambios, el mercado quedaría en manos de unos pocos conglomerados, eliminando la competencia y exponiendo a los consumidores a posibles abusos en los precios.  

Ley 60 grados

Uno de los puntos más polémicos del proyecto es su posible impacto en el Factor de Corrección de Temperatura (FCT), comúnmente conocido como la «Ley de los 60 Grados». Este mecanismo, establecido mediante el Decreto 40-2012, ajusta el precio del combustible según su temperatura, evitando que los consumidores paguen de más por volumen expandido debido al calor.

Gracias a esta regulación, los hondureños reciben un descuento semanal de L1.50 por galón, lo que suma más de L800 millones en ahorros anuales. Sin embargo, el dictamen en discusión incluye interpretaciones legales que, según AHDIPPE y la Coalición Patriótica de Solidaridad, podrían dejar sin efecto esta normativa.

«Eliminar el FCT significaría un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, pues los precios subirían de inmediato», explicó la Coalición Patriótica en un comunicado . Además, señalaron que el proyecto también debilita el sistema de paridad de precios, que permite al Estado regular los costos del combustible. Esto se debe a que el dictamen deroga el Decreto 94-83, que creó la Comisión Administradora del Petróleo (CAP), sin transferir sus funciones de control al nuevo Instituto de Hidrocarburos.  

Sin una entidad que vigile los precios, el mercado quedaría a merced de prácticas oligopólicas, advirtió la coalición y, además, extendieron que esto ya se intentó frenar hace años, pero intereses poderosos lograron engavetar las reformas y, ahora, con este dictamen, podrían terminar de controlar el sector.

La Coalición Patriótica hizo un llamado urgente al Congreso Nacional para que suspenda la aprobación del dictamen hasta que se realicen las correcciones necesarias. Entre sus principales exigencias está garantizar que la nueva iniciativa no afecte la Ley de los 60 Grados, mantener la regulación estatal de precios y asegurar que no se beneficie a grupos económicos específicos, perjudicando a pequeños empresarios y consumidores.  

Ante la presión social, varios diputados han manifestado su disposición a revisar el proyecto, aunque aún no se ha concretado un acuerdo para modificar los artículos más controversiales. Mientras tanto, AHDIPPE y la Coalición Patriótica han anunciado que continuarán con campañas de incidencia para evitar que el dictamen sea aprobado en su forma actual.