La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ha ordenado que se garantice la toma de mando del presidente electo, Bernardo Arévalo; sin embargo, la titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, ha instalado nueva crisis política acusando al movimiento ganador de haber cometido fraude y confiscó material del Tribunal Electoral; y, en respuesta, la sociedad lleva más de una semana en protestas en todo el territorio.
Las protestas, que ya han sido criminalizadas y atacadas en extensas jornadas de represión, exigen la renuncia de la fiscal Porras, también del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y el juez, Fredy Orellana, ya que éstos son quienes abanderan el no reconocimiento de Arévalo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde que Bernardo Arévalo, líder del Movimiento Semilla, ganó la presidencia de Guatemala en agosto pasado, la Fiscal General de ese país, Consuelo Porras, ha ejecutado persecución judicial para anular los resultados y evitar a toda costa la toma de mando del nuevo Gobierno.
Entre las primeras acciones ejecutadas por el Ministerio Público de Guatemala, que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la comunidad internacional en el último año, figura la orden para suspender el partido político del presidente electo, por “carecer de personería jurídica”.
Las acciones se remontan al mismo día en que se confirmó el paso a la segunda vuelta de los dos candidatos (12 de julio), en ese sentido la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), bajo el mando de Rafael Curruchiche pidió a los jueces suspender al Movimiento Semilla, lo que supondría excluir a Arévalo del proceso electoral celebrado el 20 de agosto.
Según Curruchiche, el Juzgado Séptimo de Guatemala atendió la petición y suspendió la personalidad jurídica del partido, otorgando al Registro de Ciudadanos un plazo de 24 horas para cumplir con la suspensión.
La decisión se produjo a raíz de una denuncia presentada en mayo de 2022, que alegaba la afiliación fraudulenta de un ciudadano al partido. Además, Curruchiche aseguró que al menos 12 personas fallecidas también habían sido inscritas, algo que Semilla niega rotundamente.
A la petición de suspender el partido siguió una redada de la Fiscalía en las dependencias del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para confiscar los expedientes relativos a Semilla.
En ese sentido, las acciones del MP, realizadas por Porras y Curruchiche, con inclusión del juez Fredy Orellana, han desembocado en una crisis electoral que ya es considerada por Arévalo y la comunidad internacional, como intento de golpe de Estado.
Porras ha justificado que sus acciones están enmarcadas en su labor como Fiscal General del país, afirmando que: “Estoy obligada a investigar todos los hechos denunciados, y debo garantizar el estricto cumplimiento de la Constitución, las leyes del país y las convenciones en materia de derechos humanos”.
Además de las supuestas anomalías en la inscripción de Semilla, la Fiscalía tiene en la mira al partido de Arévalo por las denuncias de un supuesto fraude electoral expuestas por el espacio político de la exprimera dama, Sandra Torres.
Todo pese a que el TSE avaló y oficializó los resultados de las elecciones, que fueron certificados también por organismos nacionales e internacionales.
Cabe señalar que tanto Porras como Curruchiche han sido incluidos en una lista de actores políticos corruptos y antidemocráticos que elaboró el Gobierno de los Estados Unidos, lo que ha motivado a la ciudadanía guatemalteca a exigir sus renuncias.
Y es que desde hace una semana, militantes de Semilla, organizaciones civiles y grupos indígenas, han levantado un paro nacional para reclamar también el respeto a la voluntad popular; sin embargo, tal y como sucedió en Honduras tras la crisis electoral de 2017, las protestas han sido criminalizadas y salvajemente reprimidas, con acusaciones de saqueos y otras acciones sospechosas que desacreditan las causas del pueblo.
La junta directiva de alcaldes de los «48 Cantones de Totonicapán» y la articulación de Pueblos Indígenas de Guatemala, han instado a través de redes sociales para que más guatemaltecos se unan a las protestas.
Hasta ayer, se reportó el bloqueo de al menos 17 carreteras en diferentes partes del país, incluyendo la entrada norte de Ciudad de Guatemala, y varios puntos fronterizos.
Cabe destacar que, el pasado 7 de octubre la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió resolución donde pide garantizar la toma de posesión de Arévalo prevista para el 14 de enero de 2024, una disposición que no ha logrado anular las controversiales acciones de la Fiscal General.
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