El Partido Libre, convocado por el presidente Manuel Zelaya (2006-2009), dará a conocer este viernes un nuevo acuerdo “en defensa del interés público contra la corrupción”, posterior a un diálogo interno donde abordarán el manejo de fondo social y subvenciones del Poder Legislativo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El coordinador general de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, convocó de forma urgente para el próximo 4 de julio a los líderes del Partido con el fin de conocer, discutir y ratificar el acuerdo alcanzado en defensa del interés público, contra la corrupción y la impunidad denunciada en el manejo de los fondos sociales.
Esto se debe a las diferentes acusaciones que señalan el uso de fondos sociales para fines políticos, que han involucrado a instituciones estatales como la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y las subvenciones gestionadas por diputados del Congreso Nacional.
Zelaya comunicó que “se dará a conocer, discutir y ratificar el acuerdo alcanzado en defensa del interés público, contra la corrupción y la impunidad denunciada en el manejo del fondo social y las subvenciones publicadas por el Congreso”.
La reunión surge de lo expuesto por la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, quien, “en acuerdo con la Coordinación General del Partido Libre”, exigió la renuncia inmediata de la diputada Isis Cuéllas, una de las señaladas de usar fondos sociales con otros fines.
Moncada, además, pidió a todos los congresistas de Libre que renuncien a su fuero especial “para ser investigados y rendir cuentas ante el Ministerio Público y los tribunales de justicia, sin privilegios” y agregó: “Exijo también que se detenga en el acto la aprobación de más recursos del fondo social, el cual debe cancelarse sin vacilar”.
Sobre el caso de la diputada Isis Cuéllas, ayer el presidente del Congreso, Luis Redondo, informó que otorgó un permiso a la congresista para que “pueda aclarar su situación ante los entes fiscalizadores e investigadores del Estado”; Cuéllas programó presentarse ante el Ministerio Público la tarde del 2 de julio.
Además, respecto a las subvenciones, Redondo pidió una auditoría total por parte del Tribunal Superior de Cuentas a los fondos sociales gestionados por todos los diputados, sin importar afinidad política, y “cualquier diputado que salga señalado por las auditorías tendrá que retirarse del Congreso Nacional sin ninguna consideración”.
Al momento, tanto el Ministerio Público como el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Transparencia desarrollan investigaciones para constatar que los fondos sí han sido desviados de su propósito original, que es la asistencia social.
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