La comisionada de Acceso a la Información Pública, Ivonne Ardón, ha dicho a EL LIBERTADOR que con la derogación de la “Ley de Secretos”, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), está obligado a ejecutar una auditoria de la información que se calificó como “reservada” por la dictadura del Partido Nacional, comenzando con la “Tasa de Seguridad”.
Cabe señalar que el anterior parlamento extendió por cuatro años la mordaza que impide al Ministerio Público actuar con procesos penales contra funcionarios mientras el TSC ejecute una auditoria, por ello, según la comisionada Ardón, será el más presionado para incentivar la persecución del delito.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El pasado martes el Congreso Nacional aprobó por unanimidad derogar la “Ley de Secretos Oficiales”, que clasificaba los documentos públicos como “información reservada” por asuntos de Seguridad y Defensa Nacional, que para fines periodísticos y de auditoría fiscal, significaba una bloqueo y pacto de impunidad.
La medida del Congreso ocurre tras el reporte de la Secretaría de Finanzas donde aqueja un perjuicio de 168,000 millones de lempiras perdidos por corrupción del régimen del Partido Nacional, sin secretos no es disparate pensar que sean desvelados más actos de corrupción de la administración anterior, encabezada por el ahora extraditable, Juan Hernández.
La ley que ocultaba información pública, fue mocionada por Hernández en 2013 cuando era presidente del Congreso, la misma fue aprobada el 24 de enero de 2014 en la insólita sesión de la “diarrea legislativa”, ésta sirvió para clasificar datos de al menos 16 instituciones estatales y fue excusa para que funcionarios no rindieran cuentas.
Debido a los “secretos oficiales” se desconoce a detalle la ejecución de muchos fondos de los tres poderes del Estado y sobre este tema ha reaccionado la comisionada del Instituto de Acceso a la Información Publica (IAIP), Ivonne Ardón, quien ha dicho a EL LIBERTADOR que la ley dejaba “en indefensión al Estado de Honduras”.
Ardón explicó que con ese “código” no se podía ejecutar una judicialización o investigación de ninguna acción que se hubiera realizado en el marco de ésta, “por tanto, al tener una reserva de información de hasta 25 años, los delitos podían prescribir, esto claramente lesionaba los derechos de los hondureños y lesionaba el Estado de Derecho”.
La comisionada mencionó que ahora al ser derogada ya no será un grupo selecto el que conozca todos los detalles de cómo trabajó el régimen de los últimos 12 años y agregó que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), debe iniciar una auditoria a detalle para deducir responsabilidades a posibles actos de corrupción.
Ardón dijo que el TSC debe iniciar con la “Tasa de Seguridad”, un impuesto que sirvió para “fortalecer” el armamento de la Policía Nacional y Ejército que se pensó temporal y terminó siendo permanente, y no incidió en la reducción del crimen.
Además, otro buen eje para comenzar la auditoria se centra en las compras con diferentes recursos estáteles y en los fideicomisos que cobraron comisiones millonarias, para reponer a los hondureños el daño causado, pues ahora órganos persecutores del delito podrán acceder sin reservas a los documentos públicos.
En tanto, explicó que el nuevo Gobierno tendrá un gran reto y, por otro lado, el pueblo contará con una garantía de ver cómo se ejecuta el dinero público para el bien común; para ellos la nueva autoridad deberá cumplir los procedimientos basados en portales de transparencia.
Ardón fue enfática que con lo aprobado por el Congreso anterior, de no permitir acción del Ministerio Público (MP) durante el TSC realice una auditoría, deja a esa institución un enorme reto “porque prácticamente tiene que recibir del MP si la hay sospechas en alguna institución para que los puedan intervenir de manera oportuna, inmediata y darle toda la documentación necesaria ya auditadas a la Fiscalía, para que pueda realmente evidenciar si hay actos de corrupción”.
Valoró que la derogación de los secretos ante la llegada de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), permitirá trabajos más detallados elaborados junto al MP para revelar actos de corrupción de la dictadura nacionalista.
La comisionada del IAIP, ahondó que: “La CICIH viene a ser un par de ojos externos para el país, nos va a permitir ver con todo tipo de lentes, porque los expertos que vienen tienen experiencia en diferentes tipos de delitos”.
Una vez que el proyecto que ordena la derogación de la Ley de Secretos sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, toda la información que durante más de 10 años fue “secreto de Estado”, quedará liberada para todo el pueblo hondureño.
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