Finalmente la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha dado el brazo a torcer al otorgar medidas distintas a la prisión preventiva en el proceso contra el exalcalde de Tegucigalpa, Miguel Pastor, quien fue acusado por las extintas MACCIH y UFECIC en el caso “Narcopolítica”.
Según la investigación de la MACCIH, Pastor siendo titular de Soptravi, otorgó 21 contratos valorados en más de 68 millones de lempiras, a la empresa INRIMAR creada por Devis Rivera, exlíder de la banda criminal “Los Cachiros”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado Félix Ávila, que actúa como defensor legal del exalcalde del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), Miguel Pastor, ha confirmado ayer que su cliente será puesto en libertad para celebrar la navidad y seguir su juicio en libertad, replicando el proceso que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), aplicó a Rosa Elena Bonilla.
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Según informó, la Sala de lo Constitucional de la CSJ declaró, finalmente, con lugar la solicitud de suspensión del acto reclamado por Ávila. La tercera es la vencida para Pastor.
En mayo pasado sus apoderados legales presentaron un “Habeas Corpus” rechazado por el Poder Judicial y en septiembre se pidió su libertad por supuesta enfermedad; ha sido hasta este momento que la CSJ se doblega para que el exedil sea liberado.
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“La suspensión consiste en ordenarle a los órganos jurisdiccionales inferiores, es decir, la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Sentencia que procedan con el otorgamiento de la medida cautelar”, señaló el abogado.
Y agregó que se entiende que esta decisión de la Sala de lo Constitucional va a la Corte de Apelaciones, quien debe revocar la decisión anterior donde se negó ponerlo en libertad y ahora debe aplicarse la medida cautelar distinta a la prisión preventiva.
Pastor fue encarcelado por suponerlo responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y participación para el lavado de activos, en el sonado caso de “Narcopolítica” presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
La investigación surgió tras las declaraciones del ex jefe de la banda criminal “Los Cachiros”, Devis Rivera Maradiaga, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde aseguró haberle dado dinero para la campaña de 2009 al presidente por el Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa (2010-2014).
A cambio, Rivera Maradiaga y sus compinches formaron empresas a las cuales, una vez ganadas las elecciones, el Estado les concedería jugosos contratos. Ya en el poder –dijo Rivera–, Lobo Sosa nombró a Miguel Pastor como director de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi); y a Walter Noé Maldonado como director de Carreteras. Los funcionarios supuestamente les otorgaron 21 contratos valorados en más de 68 millones de lempiras, a la empresa INRIMAR creada por Rivera.
El informe de la MACCIH sostiene que: “Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron, e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de estos contratos, era prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa”.
Entre las reacciones a este caso destaca la del diputado de Libertad y Refundación (Libre), el abogado Jari Dixon, quien ironizó en Twitter al mencionar que: “Se habían tardado en sacar a Miguel Pastor, ya lo pueden lanzar de presidente”.
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