Por suponerla responsable de falsificación de documentos, fraude especial y fraude por apropiación de fondos públicos, la justicia hondureña investiga a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo (foto) y a su exsecretario Saúl Escobar.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), presentó ante el Ministerio Público, las irregularidades en el programa que impulso la entonces primera dama “Calzando y Uniformando los Niños de Honduras”, que con mercadería sobrevalorada, supuestamente sustrajo unos siete millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Según el testimonio de varios emprendedores que negaron un pacto para vender calzado y uniformes escolares a un precio sobrevalorado, la Fiscalía prevé citar a los tribunales de justicia a Rosa Elena Bonilla de Lobo, esposa del expresidente (2010-2014) Porfirio Lobo Sosa y a su exsecretario Saúl Escobar.
Según la investigación del Ministerio Público, las declaraciones de los pequeños empresarios, más nuevas evidencias serían suficientes para que la exprimera dama y su colaborador lleguen a manos de la justicia.
La diligencia surge luego de una denuncia formal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que en julio pasado se presentó ante la fiscalía por la sobrevaloración del proyecto “Calzando y Uniformando los Niños de Honduras”, que impulsó Bonilla de Lobo.
De esta manera, las autoridades manifestaron que la investigación está muy avanzada y prevén que a inicios de 2017 se presenten las primeras acciones judiciales en contra de los implicados.
El CNA notificó al Ministerio Público que durante su gestión la primera dama pidió al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) la donación de unos 20 millones de lempiras, que habrían patrocinado su programa, se maneja que los fondos fueron aprobados en “tiempo récord” por parte del consejo directivo de esa institución.
La diligencia efectuada por el CNA, reveló que los implicados contrataron el servicio de emprendedores que aún no estaban registrados legalmente, estos se encargaron de elaborar los uniformes.
Con base a testimonios y documentos, el CNA comprobó que había irregularidades, ya que se descubrió que los proveedores firmaron un contrato con dos hojas, en la primera contenía el monto de costos y la segunda solo para las firmas.
Salió a la luz que la primera hoja era suplantada de los documentos oficiales y al parecer, contenía un nuevo valor en cada insumo.
El jefe de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, Odir Fernández explicó que en ese proceso se cometió perjuicio contra el Estado de Honduras que asciende a siete millones de lempiras, ya que los precios oficiales, no pasaban de 13 millones.
Fernández advirtió que hay pruebas suficientes contra los dos implicados y que ya se han levantado cargos por falsificación de documentos, fraude especial y fraude por apropiación de fondos públicos.
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