La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), advirtió que las reformas penales aprobadas en materia de seguridad, representan riesgos para las garantías constitucionales y los derechos humanos porque vulneran el principio de legalidad, responsabilidad individual penal, presunción de inocencia y la libertad personal.
La institución cuestionó los allanamientos sin supervisión judicial, las condiciones restrictivas en las cárceles de máxima seguridad y los privilegios otorgados a determinados funcionarios, apuntando que estas medidas pueden propiciar abusos, detenciones arbitrarias y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), advirtió que las reformas penales aprobadas mediante los Decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026 contienen disposiciones que amenazan derechos humanos y garantías fundamentales, particularmente por los cambios introducidos en el delito de asociación terrorista.
La Oficina señaló que la ampliación de este delito para incluir organizaciones sin objetivos ideológicos, su clasificación como delito permanente bajo el criterio de flagrancia continua y la utilización de tatuajes como elementos para acreditar una posible vinculación criminal generan preocupaciones sobre el respeto al principio de legalidad, la responsabilidad penal individual, la presunción de inocencia y la libertad personal.
“La Oficina recuerda que las normas y estándares internacionales de derechos humanos prohíben fundamentar privaciones de libertad o responsabilidades penales sobre la base exclusiva o predominante de características físicas, apariencia personal, formas de vestir, tatuajes u otros criterios de perfilamiento”, destacó el comunicado.
Asimismo, cuestionó las disposiciones que autorizan allanamientos sin posibilidad de revisión, control o convalidación judicial posterior, al considerar que debilitan las garantías destinadas a prevenir actuaciones arbitrarias y ponen en riesgo el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Otro de los aspectos señalados es la aplicación obligatoria de la prisión preventiva bajo un régimen de máxima seguridad, sin posibilidad de revisión judicial individualizada, porque contraviene el principio de excepcionalidad de dicha medida, puede adelantar el cumplimiento de una pena sin sentencia y limita la independencia judicial.
También expresó preocupación por la ampliación a 48 horas del plazo de detención sin comparecencia inmediata ante una autoridad judicial, especialmente cuando la identificación de las personas detenidas se sustenta principalmente en indicios externos.
La organización advirtió que esta disposición incrementa significativamente los riesgos de detenciones arbitrarias, tortura, malos tratos e incluso situaciones que podrían facilitar desapariciones forzadas.
En materia penitenciaria, OACNUDH alertó que la aplicación de regímenes altamente restrictivos, particularmente en centros de máxima seguridad, puede resultar incompatible con la dignidad humana.
De acuerdo con el monitoreo de la Oficina, se está implementando medidas de confinamiento, aislamiento prolongado, limitaciones al contacto con el exterior y restricciones en el acceso a atención médica adecuada.
Estas condiciones, advirtió, pueden constituir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, además de contradecir la finalidad de rehabilitación social que debe perseguir la pena.
Finalmente, la Oficina manifestó preocupación por la creación de un régimen especial de protección frente a allanamientos para personas que ostentan o hayan ostentado determinados cargos públicos, al considerar que podría generar cuestionamientos sobre el principio de igualdad ante la ley y el deber del Estado de investigar eficazmente posibles conductas delictivas.
Aquí el comunicado completo:
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