“El mayor donante de Salazar, acusado en Honduras de delitos ambientales y corrupción”, así ha titulado originalmente el “Miami Herald” un artículo que, por su relevancia, es publicado íntegramente por EL LIBERTADOR, pues éste, expone que el principal auspiciante de la controversial congresista, María Elvira Salazar, es el “empresario” hondureño, Lenir Pérez.
Agencias / EL LIBERTADOR*
El mayor donante de campaña de la representante republicana por Florida, María Elvira Salazar, en este ciclo electoral es Lenir Pérez, un magnate industrial centroamericano acusado de delitos ambientales en Honduras.
Según los documentos de la acusación formal, a Pérez se le imputa haber supervisado una mina y una planta de procesamiento de mineral que, bajo su dirección, explotaron ilegalmente recursos minerales y forestales dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras Mejía, en el departamento de Colón, al norte de Honduras.
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El yacimiento, conocido como Los Pinares, ha sido centro de una intensa controversia durante más de una década. Comunidades locales y organizaciones ecologistas se han opuesto firmemente a la extracción a cielo abierto de óxido de hierro, cuyos permisos sostienen que nunca debieron concederse. Desde 2019, al menos cinco activistas ambientales locales y una líder defensora de derechos humanos y comunitario han sido asesinados en la zona.
Aportes financieros y vínculos políticos
Los registros de financiación de campaña en Estados Unidos revelan que Pérez —quien sostiene su inocencia— contribuyó con un total de 105,000 dólares a los comités políticos de recaudación de fondos y liderazgo de la congresista Salazar, además de 7,000 dólares entregados directamente a su comité de candidatura en mayo de este año. En esa misma fecha, aportó 88,000 dólares al Comité Nacional Republicano del Congreso.
Esa misma semana, Pérez publicó en sus redes sociales fotografías en su residencia ecuestre en Wellington, Florida (propiedad valorada en 10 millones de dólares y allanada por el FBI en 2023), donde recibió a Salazar. En el evento también estuvo presente el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, quien igualmente compartió fotografías del encuentro.
Aunque el Congreso Nacional aprobó en 2024 un decreto para restituir los límites del Parque Nacional Carlos Escaleras y revertir la actividad minera, ambientalistas han manifestado su preocupación de que la normativa no se aplique con firmeza contra las empresas de Pérez.
Salazar, quien preside el Subcomité del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes de EE. UU., no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por el Miami Herald respecto a las conversaciones sostenidas en la residencia de Pérez. Ni Pérez ni Zambrano respondieron a los cuestionamientos sobre el motivo de los millonarios aportes a la campaña de la legisladora de Florida.
Acusación penal e investigaciones del FBI
Según información obtenida y compartida con el Miami Herald por el medio de comunicación de investigación hondureño Contracorriente —el cual reveló en primicia las contribuciones financieras de Pérez a la reelección de Salazar—, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente de Honduras presentó formalmente una acusación penal contra Pérez en 2024 por violaciones a las leyes ambientales entre 2013 y 2021.
Paralelamente, congresistas estadounidenses señalaron que la propiedad de Pérez en Florida fue allanada por el FBI en abril de 2023 en el marco de una investigación sobre una siderúrgica estadounidense con presuntos vínculos comerciales con la mina Los Pinares.
Trayectoria y origen del conflicto en Tocoa
Pérez construyó su conglomerado Grupo Emco Holding con negocios en minería, aeropuertos, energía y logística, gran parte de los cuales crecieron al amparo de concesiones otorgadas durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Pérez está casado con la hija del difunto magnate industrial Miguel Facussé.
El conflicto en torno a Los Pinares se remonta a 2013, cuando el Congreso hondureño modificó los límites del parque nacional —creado en honor al ambientalista asesinado Carlos Escaleras— para permitir la exploración minera. La medida generó protestas comunitarias y una fuerte represión social.
Entre las víctimas de la violencia en Tocoa figura el concejal y líder comunitario Juan Antonio López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 tras haber liderado la defensa del parque nacional. Su asesinato provocó el rechazo de la comunidad internacional, el Papa Francisco, las Naciones Unidas y la OEA.
En respuesta a la situación, legisladores estadounidenses enviaron misivas al Departamento de Estado manifestando preocupación por el patrón de impunidad, acoso y violencia contra los defensores de la tierra en Honduras.
Por su parte, Lenir Pérez y sus empresas han negado cualquier vínculo con los actos de violencia y afirman que sus proyectos operan en apego a la ley y generan empleo en la región.
*Nota de redacción: Este reportaje fue publicado originalmente por el Miami Herald bajo la autoría de Shirsho Dasgupta y Claire Heddles. Reproducido por EL LIBERTADOR para fines informativos de interés público. Artículo original aquí.
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