Expertos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigieron al gobierno de Nasry Asfura detener más de mil desalojos dirigidos a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, los cuales fueron ordenados tras la aprobación de la Ley de Agroindustria por parte de legisladores del Partido Nacional y Liberal en el Congreso Nacional.
“Honduras debe detener de inmediato nuevos desalojos y a consultar a las comunidades afectadas sobre todas las reclamaciones territoriales pendientes antes de proceder a cualquier otro desalojo”, cita el escrito.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Expertos de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron al Estado de Honduras detener de inmediato la ejecución de más de mil órdenes de desalojo dictadas al amparo del decreto de la denominada Ley Agroindustrial, al advertir graves riesgos para comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
En el comunicado oficial, los representantes de la ONU señalaron que la normativa fue validada sin llevar a cabo consensos con las comunidades afectadas entre ellas, el pueblo garífuna, que ha denunciado por más de un mes racismo institucionalizado.
“El 6 de julio, el gobierno llevó a cabo un desalojo contra la comunidad garífuna de San Juan, en Tela (Atlántida), de un territorio ancestral que la Corte Interamericana ya habría reconocido como perteneciente a dicha comunidad; cinco personas defensoras de los derechos humanos garífunas que fueron detenidas durante el desalojo y posteriormente puestas en libertad siguen enfrentándose a procesos penales por usurpación agravada”, recuerda la ONU.
Del mismo modo, expresaron su inquietud acerca de las posibles implicaciones de los desalojos sobre el derecho a la alimentación, ya que la pérdida de tierras destinadas a la producción agrícola podría quitar a las comunidades recursos vitales para asegurar su supervivencia.
Según los expertos, esta situación podría comprometer las obligaciones internacionales de Honduras de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la alimentación, particularmente cuando las tierras constituyen el principal medio de vida de las familias afectadas.
“Honduras debe detener de inmediato nuevos desalojos y a consultar a las comunidades afectadas sobre todas las reclamaciones territoriales pendientes antes de proceder a cualquier otro desalojo”, cita el escrito.
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