El jueves 24 de agosto 2017, fuerzas obscuras ejecutaron un atentado contra la vida del Director Fundador de EL LIBERTADOR, Jhonny Lagos; desde hace nueve años este rotativo sigue en espera de una respuesta del sistema de justicia que nunca ejecutó arresto, si quiera, de autores materiales.
El crimen fue perpetrado en dictadura, a meses de sabotear –como nunca en la historia, hasta ese momento– el proceso de elecciones generales para una ilegal reelección y la extensión de un régimen juzgado y condenado por narcotráfico, indultado sí, pero nunca perdonado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cinco detonaciones hicieron eco aquel jueves 24 de agosto de 2017 en un sector del Barrio La Guadalupe en la capital hondureña, el estruendo de los proyectiles no ahogó las ordenes entre los sicarios: “¡Es él, matá a ese hijo de puta, remátalo!”, eso escuchó el Director Fundador de EL LIBERTADOR, Jhonny Lagos, aquella noche donde la violencia real contra los periodistas se hizo sentir con el peso de la maldad y obscuridad que caracteriza una dictadura.
A eso de las 7:40 de la noche, Lagos, que estaban en una pulpería de la zona, fue interceptado por el grupo armado y, como si la ciudad cobró vida, extendió su obscuridad como una capa protectora, los sicarios no lograron “disparos limpios”.
Lagos, que había bajado del vehículo intentó entregar sus posesiones y las del vehículo en que se transportaba, aquello no era de interés: “Su objetivo era asesinar”, revelaría más tarde nuestro Director. Lanzarse al suelo, por inercia, fue lo que impidió que se convirtiera en una cifra más en la lista de los entonces 70 periodistas asesinados a esa fecha y que ascendió a 100 al cierre de la dictadura en 2022.
“Rematá a ese hijo de la gran puta, pégale en la cabeza”, insistían los ejecutores antes de fugarse de la escena del crimen.- Han pasado nueve años desde entonces y, a la fecha, ni la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ni el Ministerio Público (MP) han revelado detalles de la investigación, nunca se arrestó si quiera a los autores materiales, mucho menos se confirmó líneas contra los intelectuales.
Esto es contraste directo con el actual orden del sistema judicial, comunidad internacional y organizaciones gremiales –y no, estimado lector y lectora, no es que EL LIBERTADOR busque revictimización, es comparación de los intereses en juego–, no pasaron de un par de pronunciamientos para “condenar” el trágico evento y dar vuelta a la página.
Durante más de 23 años de ejercer como máximo exponente de la prensa alternativa, EL LIBERTADOR enlista decenas de ataques, por ejemplo, sabotaje a nuestro sitio web oficial o redes sociales, amenaza al personal administrativo, bloqueos financieros y extorsión a empresas amigas para no pautar publicidad, entre muchas otras acciones que, por supuesto, nunca han detenido nuestro ejercicio como “Primer Auditor Social de Honduras”.
El crimen impune contra nuestro Director suscitó en un contexto complejo que se aclara con el análisis de la narcopolítica juzgada y condenada en el Distrito Sur de New York. Honduras estaba a pocas semanas de un proceso electoral marcado por una ilegal reelección y que, para ese entonces, nos dejaría uno de los fraudes electorales más escandalosos de la historia.
Poco tiempo después del atentado, nuestra Sala de Redacción identificó un nuevo mensaje de amenaza, una silueta de escena del crimen, pintada en la calle con las siglas “RIP” (Rest In Peace – Descansa en Paz); por supuesto, nada detuvo a EL LIBERTADOR, que en 2020 denunció un nuevo plan para, ahora sí, extinguir la vida del Director Lagos.
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Este panorama no es ajeno para EL LIBERTADOR, durante 23 años de servir a los hondureños hemos desnudado y denunciado, ante el mundo, cómo el Poder Judicial dejó de ser “supremo” para someterse al orden enemigo de las causas justas, no es extraño tampoco, que nuestro gremio magnifique procesos contra quienes desnuden su genética de traición a la ley universal del periodismo: servir al ser humano.
En más de dos décadas, EL LIBERTADOR ha trabajado en función con la dignidad del pueblo hondureño y hoy, condenamos desde este espacio la impunidad que se aproxima al decenio, no por un interés de revictimización o montaje de campaña en busca de fondos, sino con la responsabilidad de ser un emisario de una sociedad que merece justicia.
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