El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ordenó al estado hondureño, investigar los desalojos y el uso excesivo de la fuerza, garantizar justicia y reparación a las víctimas, proteger y restituir las tierras ancestrales, revisar las leyes sobre usurpación y desalojos, y sancionar a los responsables de actos de violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reunido en Ginebra, expresó este martes su preocupación por las denuncias recibidas sobre desalojos forzosos, uso excesivo de la fuerza y violencia contra pueblos indígenas y afrodescendientes en Honduras.
El organismo señaló que ha recibido alegaciones sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y de las Fuerzas Armadas, incluso en situaciones que habrían dejado víctimas mortales. Las denuncias incluyen operaciones antinarcóticos, particularmente en el departamento de Gracias a Dios, así como intervenciones durante protestas pacíficas, desalojos y disputas por tierras.
“Preocupa al Comité las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y fuerzas armadas contra Pueblos Indígenas y Afrohondureños, incluidas algunas con resultado de muerte de las víctimas”, destacó el Comité.
La ONU también manifestó preocupación por los obstáculos que enfrentan las víctimas y sus familiares para acceder a la justicia, especialmente en casos relacionados con conflictos territoriales y actuaciones de las fuerzas de seguridad.
El Comité cuestionó además la falta de mecanismos eficaces e integrales que garanticen la protección, titulación, delimitación, demarcación y restitución de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrohondureños.
Asimismo, señaló que, incluso en territorios que ya cuentan con títulos a favor de estos pueblos, todavía no se ha concluido el proceso de saneamiento frente a terceros ocupantes, situación que mantiene abiertos numerosos conflictos territoriales.
Ante este escenario, el organismo recomendó al Estado hondureño investigar la legalidad, transparencia y cumplimiento de las normas internacionales de las órdenes de desalojo emitidas.
También pidió revisar la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, para garantizar que sus disposiciones no puedan utilizarse como fundamento legal para desalojar a pueblos indígenas y afrohondureños cuando existan reclamaciones territoriales pendientes de reconocimiento o titulación.
El Comité recomendó además derogar o adecuar a las obligaciones internacionales de Honduras las disposiciones del Decreto núm. 93-2021 relacionadas con los delitos de usurpación, usurpación agravada y los desalojos preventivos.
Según el organismo, estas normas no deben utilizarse indebidamente para criminalizar a integrantes de pueblos indígenas y afrohondureños ni para afectar sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales.
La ONU también recomendó acelerar la adopción del reglamento de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente, así como establecer el fondo destinado a la atención y protección de las personas desplazadas forzadamente.
El Comité pidió al Estado garantizar recursos judiciales efectivos para las personas cuyos derechos hayan sido vulnerados en el contexto de desalojos y conflictos territoriales.
Además, exigió investigar los casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, así como los actos de violencia cometidos contra pueblos indígenas y afrohondureños por empresas de seguridad privadas y otros actores no estatales.
El organismo recomendó que los responsables sean sancionados, que las víctimas reciban reparaciones adecuadas y que Honduras adopte medidas para prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar la seguridad de los pueblos indígenas y afrohondureños, tanto frente a las fuerzas del orden como frente a actores privados.
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