ENEE, REVIVE VIEJA DISPUTA DE CONTROL PÚBLICO-PRIVADO

En su edición mensual correspondiente a julio de 2026, EL LIBERTADOR publicó que la crisis energética en el país ha sido un vaivén de medidas que a corto plazo funcionaron, pero no resolvieron la crisis histórica; en los últimos 35 años la ENEE fue llevada a la quiebra, no se logró liquidar la deuda y, mientras sectores apuntan a la reducción de pérdidas, el Gobierno de Nasry Asfura apunta a un nuevo modelo.

La Ley de Reforma Energética plantea una división en tres nuevas sociedades mercantiles –o cuatro, si se considera una empresa matriz–, pero según expertos en materia la división no es necesaria ya que perfectamente se puede ejecutar una separación administrativa; el proyecto sigue en socialización.

En 1994, la transición presidencial entre Rafael Callejas y Carlos Roberto Reina marcó el inicio de la apertura al capital privado en la ENEE con la Ley del Subsector Eléctrico, según el ingeniero Erick Tejada, la reforma promovida por Asfura es una nueva dimensión de ese proceso que “cancela” la energía como derecho humano. 

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. En 1959, el sector energía fue integrado al patrimonio público para ser regido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), creada en 1957. La estatal fue adaptándose a paso lento y, como en muchos otros casos, quienes estaban al mando del país no pensaron en elementos clave como el crecimiento demográfico y expansión urbana.

En 1985, 28 años después de fundada la ENEE, el presidente Roberto Suazo Córdoba inauguró la Central Hidroeléctrica “Francisco Morazán”, pregonando que resolvería la crisis en regulación, distribución y cobertura de la demanda, incluso se dijo que Honduras “vendería” excedentes a Guatemala.

Lo anterior no ocurrió, para 1994 el sector energético estaba en un abismo, entrando en el período del presidente Carlos Roberto Reina del Partido Liberal (PL) –tras la agresiva campaña neoliberal del nacionalista Rafael Callejas–, se decidió aplicar un “plan de austeridad” que resultó en la Ley Marco del Subsector Eléctrico (noviembre 1994).

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Después de 32 años desde ese proyecto, la ENEE ha atravesado una serie de conflictos que en la dictadura nacionalista (2014-2022) quedó al borde de la desaparición, siendo una empresa con lista de 2.2 millones de clientes fue llevada a la quiebra.

La administración 2022-2026 recibió un ente con 90 mil millones de lempiras en deuda y, con ello, buscó regular la tarifa a usuarios e inversiones clave en infraestructura pero que no alcanzó para saldar una deuda histórica.

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Es en este contexto que el presidente Nasry Asfura ha promovido una reforma a la Ley Energética, generando controversia porque de acuerdo a varios sectores, el proyecto –que se mantiene en etapa de socialización– busca privatizar la estatal.- Según el borrador en poder del Congreso Nacional (CN), se propone en dividir la ENEE en tres sociedades diferentes para generación, distribución y transmisión, o en cuatro al incluir también una “empresa matriz”.

El borrador de la reforma involucra dos artículos que han disparado las alarmas, el No. 5 que establece que las nuevas empresas se rijan por el Código de Comercio y no por el Código Civil que maneja sobre todos los bienes nacionales, es decir, el patrimonio público respecto a servicios y contratos. El otro artículo es el No. 12, que autoriza transferir los activos de represas estatales, líneas de transmisión y subestaciones a las nuevas subsidiarias.

Las discusiones de estas reformas están a cargo de la Comisión de Energía del CN y, por el Poder Ejecutivo a través del gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting. Además, de tener respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Estados Unidos, que se suma nuevamente con mucho protagonismo.

La disputa sobre el futuro de la ENEE se remonta a 1994, cuando la Ley Marco del Subsector Eléctrico abrió la generación de energía al sector privado. En 2014, otra ley ordenó dividir la estatal en tres empresas para transparentar costos, pero la separación nunca se completó y aumentó la compra de energía privada.

Actualmente, la ENEE destina más de 1,200 millones de dólares al año al pago de contratos con generadores y mantiene una deuda superior a los 75 mil millones de lempiras. Durante el gobierno de Xiomara Castro se renegociaron 18 contratos térmicos, lo que, según las autoridades, permitió ahorros anuales de unos 400 millones de dólares.

La presidenta de la Coalición Patriótica de Solidaridad, Juliette Handal, considera que la modernización debe mantenerse en el ámbito técnico y evitar errores como los de otros países, donde las reformas derivaron en aumentos tarifarios. También pidió preservar el control estatal de la energía y evitar un escenario similar al de Hondutel, que perdió competitividad tras la apertura al sector privado.

El Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas y Químicos (CIMEQH) respaldó fortalecer la reforma desde un enfoque técnico, especialmente para reducir las pérdidas eléctricas, proteger los bienes de la ENEE y establecer mecanismos claros de supervisión y sanción.

En contraste, el exgerente de la ENEE, Erick Tejada, rechazó el proyecto al considerar que impulsa una privatización gradual de la empresa y del Centro Nacional de Despacho, además de debilitar la Ley Especial de Energía que reconoce este servicio como un derecho humano. Afirmó que el modelo se asemeja al aplicado en Guatemala y recordó que, durante su gestión, se redujeron pérdidas tras la salida de la EEH y se ejecutaron inversiones superiores a 21 mil millones de lempiras para rescatar la estatal.