En su edición mensual, marzo 2026, EL LIBERTADOR reveló cómo actores de la Unión Europea y el Gobierno de Francia, fueron clave para montar el golpe electoral, motivados por sus vínculos con el poder mediático hondureño e intereses y negocios mezquinos que rechazó la administración de Xiomara Castro (2022-2026).
Una fuente de alto nivel en la esfera diplomática compartió a este rotativo que Francia tenía un deseo particular en Salud, inicialmente otorgar 72 millones de euros (casi 2,300 millones lempiras) para proyectos disfrazados de cooperación bilateral y que en 2025 “estalló” como escándalo ante el rechazo de Honduras de 39 millones de euros (unos 1,200 millones de lempiras).
Tras el cambio de Gobierno, el embajador francés, Cédric Prieto, ha vuelto a presionar para que se acepte el préstamo que supuestamente sería para nuevos quirófanos; no obstante, nuestra investigación, revela que el contrato solo involucra la compra de equipo a empresas francesas y que apunta a ser una nueva estafa con el mismo esquema de hospitales móviles.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Históricamente la diplomacia hondureña ha estado bajo la sombra de potencias mundiales, principalmente de Estados Unidos que desde hace siglos viene imponiéndose sobre asuntos nacionales. El último escenario electoral y político del país dejó evidencia de este problema estructural en la nación cuando el presidente de norteamericano, Donald Trump, impuso al mandatario Nasry Asfura y, como bien retrató EL LIBERTADOR en su edición mensual marzo 2026, los reclamos se centraron contra EE.UU., abriendo un espacio clave para que Europa operara de forma insólita en el golpe electoral.
La Unión Europea (UE) y la embajada de Francia en Honduras, defendieron –y siguen defendiendo– uno de los fraudes electorales más escandalosos de la historia, donde los jefes de esas misiones diplomáticas, el español Gonzalo Foundier y el francés Cédric Prieto, mostraron sus “garras” y resentimiento contra la administración 2022-2026 de Xiomara Castro.
En abril del de 2026, EL LIBERTADOR expuso un conflicto que va más allá de vínculos e ideologías políticas. Pues una fuente de alto nivel en el servicio diplomático, ha compartido que Francia actuó en resentimiento y recelo por un multimillonario negocio que disfrazó de cooperación internacional que en realidad se trataba de un préstamo comercial poco favorable para Honduras.
Nuestra fuente –que por motivos de seguridad ha pedido anonimato–, compartió que Francia había ofrecido al Gobierno Castro un proyecto que venía desde hace años atrás, originalmente se habló de unos 72 millones de euros (casi 2,300 millones de lempiras, al cambio actual), pero en papel y para trabajar sobre quirófanos en los hospitales Escuela y Mario Catarino Rivas –Tegucigalpa y San Pedro Sula, respectivamente– se ofreció al final 39 millones de euros (unos 1,200 millones de lempiras).
Hasta allí, todo era normal, sin embargo, Francia incluía una clausula extraña, trabajar con el proveedor de su preferencia, imponiéndose a Honduras, la empresa: Solution Project Santé Health Care Provider (FSE SARL).Cabe resaltar que las empresas francesas siempre han tenido alto interés en el sistema de Salud hondureño, por ejemplo, en 2021 –en el marco de la pandemia–, la farmacéutica Sanofi Pasteur inició estudio global en Honduras para la fase III de su candidata a vacuna contra la COVID-19.
El estudio fue realizado por el centro de investigación Inversiones en Investigación Médica, S.A. (INVERIME) en Tegucigalpa y el centro DEMEDICA S. de R.L. de C.V. en San Pedro Sula. Los resultados arrojaron inmunogenicidad entre 95 y 100 por ciento; también, una repuesta robusta con altos niveles de anticuerpos en grupos de entre 18 y 95 años; y, finalmente, se le calificó como un “potencial refuerzo” para quienes ya tenían infección previa del virus.
Sin embargo, la empresa fue investigada desde 2023 por autoridades francesas que acusaron la presunta difusión de información engañosa y manipulación de precios, un antecedente que añade tensión a su papel en mercados como el hondureño.
Frente a este escenario, la fuente de alto nivel expone puntos relevantes del negocio francés en salud, acusando en primera instancia que la empresa que la embajada quería para ejecutar su proyecto “en pro de los hondureños” no se dedica en sí al rubro médico, sino a la exportación de insumos.
Es decir, el convenio nunca estipulaba la construcción o remodelación de quirófanos en hospitales, solamente la dotación de equipo nuevo que, según la fuente, de haber sido aceptada, habría puesto a Honduras en una posición que rompería vínculos con proveedores de garantía de EE.UU. y a su vez instalar un nuevo “monopolio” permanente
Un detalle clave es que este proyecto venía bajo negociaciones desde “el último tramo” de la dictadura de Juan Hernández y la entonces titular de la Secretaría de Salud (Sesal), Alba Consuelo Flores y, con el cambio de Gobierno, Francia se vio “obligada” a reiniciar el proceso.
El punto de quiebre –según nuestra fuente–, la negativa de los funcionarios de Castro para aprobar el proyecto que fue presentado en varios momentos, primero a José Manuel Matheu –titular de Sesal entre 2022 y 2024– de mano del entonces embajador Emmanuel Pineda y, posteriormente por el actual jefe diplomático, Cédric Prietro, este último también lo llevó al escritorio de Carla Paredes, quien reemplazó a Matheu a inicios de 2024 para terminar el período de gobierno.
Ambos funcionarios confirmaron a nuestra fuente que al conocer la intención de Francia identificaron dos puntos transversales, uno era que había análisis técnico hondureño, necesario para garantizar su éxito; lo segundo, era el rol que tendría la empresa FSE-SARL, prácticamente impuesta por el gobierno francés sin discusión.
Ante estos señalamientos, EL LIBERTADOR se ha entrevistado con el exsecretario Matheu, quien confirmó varios detalles al respecto, el primero de ellos es que se venía platicando desde la administración de Hernández:
“Yo desconocía completamente el tema, recibimos al embajador, quien llegó acompañado de otras personas, y nos expusieron que disponían de aproximadamente 34 millones de euros para la construcción y equipamiento de quirófanos en el Hospital Mario Catarino Rivas y en el Hospital Escuela. Sin embargo, al momento de su presentación, no existía información clara dentro de Sesal, nadie conocía nada”.
El exfuncionario compartió que, por ello, la auditoria era obligatoria, se hizo el análisis y se encontró que ningún área técnica manejaba detalles sobre la propuesta, aunque ya se contaba con listados de equipamiento, “elaborados por actores externos al sistema de salud que generó dudas sobre el origen y la planificación del proyecto”.
Según Matheu, estas inconsistencias le llamaron la atención al punto que no instó su aprobación inmediata ni su cancelación, sino a dejar “en suspenso” hasta lograr más detalles: “Yo volví a tocar el tema hasta que llegó después el nuevo embajador (Prieto) quien pidió cita. Le atendimos y preguntó si podía llegar acompañado con otras personas. Apareció con un agente que era de una empresa francesa con sede en Brasil y eso me llamó la atención”.
Y, es que, al tiempo que Prieto buscaba firmar el negocio –dudoso–, Honduras negociaba con España la ejecución de 70 millones de euros “congelados” por la dictadura, para usarlos en la construcción de nuevos hospitales, todo –según Matheu– hablado de forma directa con diplomáticos y no con empresarios.
Francia, sembró inquietud y, además, existió de origen una diferencia abismal, cuando los proyectos de ese tipo entran como préstamos comerciales, Honduras está obligada a la devolución con intereses, pero cuando se trata de una cooperación bilateral se considera “préstamos blandos” (no reembolsables porque son proyectos de asistencia, sobre todo).
Según explicó el doctor, el único requisito pendiente era la aprobación de la Secretarias de Salud y Finanzas para formalizar el negocio francés; sin embargo, el mar de dudas sobre los informes no era para tomárselo a la ligera y, en contraste, destacan las condiciones que se negociaron con España en su momento, pues desde los primeros acercamientos entablaron el préstamo de 70 millones de euros, con una tasa de entre 0.6 y 1 por ciento con un plazo de gracia de cinco años y posteriormente un plazo de 20 años de pago que, según califica, “en la práctica, son casi un regalo
Pero este caso (Francia) era distinto: se trataba de un préstamo comercial, “Por eso, yo era muy prudente al momento de comprometerme a aceptar este tipo de financiamientos, a menos que realmente representaran un cambio significativo para la situación del país”.
La presión para aprobar los 39 millones de euros (más de 1,200 millones de lempiras) fue enorme, la potencia europea casi obligaba a Honduras a aceptar su “bondad” a un precio altísimo: la construcción de un nuevo escándalo como el del Seguro Social y los hospitales móviles de la dictadura del Partido Nacional.- Esto lo ha explicado en exclusiva el doctor Bryan Erazo, quien en la administración de Castro fungió como subtitular de la Secretaría de Salud (SESAL), acompañando en fórmula a la doctora Carla Paredes y conociendo detalles clave del tratado.
Erazo dice a EL LIBERTADOR que el préstamo no fue aceptado por los dictámenes técnicos que desaconsejaron la luz verde. Según detalló, estos informes advertían que las condiciones del acuerdo comprometían significativamente al Estado de Honduras, tanto en la selección de proveedores como en la exigencia de contrapartidas vinculadas a obras de preinstalación previas a la dotación de equipos, eje central de la propuesta presentada a Francia en ese momento.
Es decir, quedó más que confirmado que Francia no ofrecía construir nuevos quirófanos como afirmó la prensa tradicional y también, se constató la cláusula para firmar exclusividad con la empresa FSE SARL. – “Esa inflexibilidad derivó en un dictamen de la Unidad Técnica de Gestión de Proyectos de la Secretaría de Salud que no recomendaba suscribir ese tipo de relación para el país”.
Asimismo, agregó que continuar con un proyecto de esa naturaleza implicaba riesgos similares a los experimentados con los hospitales móviles, ya que el equipamiento proveniente de otros mercados y dificulta el acceso a mantenimiento local y el cumplimiento de garantías: “Se ponía en demasiado riesgo al Estado de Honduras y no queríamos repetir situaciones ya vividas en el pasado”.
Erazo explicó que se dejó en claro a Francia que no aceptarían firmar la ejecución del proyecto; sin embargo, Honduras prosiguió para atender las áreas de trasplante renal y tratamiento dialítico (falla de riñones), motivando que la empresa acusara que la administración de Castro “se robó” la idea, algo absurdo en función de la necesidad de pacientes.
Para atender a los hondureños, SESAL tomó recursos propios y coordinó con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), mediante una inversión de 9.5 millones de dólares (unos 246 millones lempiras). De esa forma –explica–estructuran el proyecto en noviembre de 2025, con iniciativas debidamente encaminadas.
Si bien no se alcanzó la magnitud originalmente prevista, se logró avanzar en una primera etapa: “Para nosotros, lo más importante es que los principales beneficiarios sean los pacientes que se encuentran en fases avanzadas de tratamiento dialítico. Por ello, más allá de buscar responsables o emitir juicios, nos enfocamos en encontrar soluciones”.
Respecto al porqué no aceptaron las condiciones de Francia, entre las principales destaca que los informes de ingenieros biomédicos apuntaron que ese país no tenía proveedores tan especializados en tema de trasplante renal y tratamiento dialítico como si lo tienen países como Alemania y Suiza, por ejemplo
Es decir, aceptar el convenio era un juego de azar que podría resultar altamente peligroso en aspectos administrativos (corrupción) y humanos (la muerte de pacientes por falta de equipos, justo como pasó en pandemia con las “latas móviles”). “Ellos (autoridades francesas) fueron inflexibles en esa cláusula y también cuando se sugirió cambiar o abrir la parte de los proveedores, no hubo apertura”.
Erazo apunta además que desde Francia hubo presión para obtener control sobre áreas dentro del hospital y facilitar transferencias desde la Secretaría de Salud que permitieran ejecutar el acuerdo. No obstante, menciona que este tipo de esquemas ya ha demostrado en el pasado ser insostenible para el país, por lo que consideró acertado no aceptar condiciones tan negativas.
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