La congresista liberal, Iroshka Elvir, expresó que en Honduras urge crear una política pública de seguridad que extermine la criminalidad, extorsión, asaltos, masacres y la invasión o control de territorial de grupos antisociales ante el aumento de la violencia que afronta el país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La diputada del Partido Liberal (PL), Iroshka Elvir, lamentó el saldo de al menos diez personas que dejó la terrible masacre registrada ayer en Trujillo, departamento de Colón (a unos 410 kilómetros al noreste de la capital del país) y que deja en evidencia la urgencia de una política pública integral contra el crimen organizado, la extorsión, los asaltos, el narcotráfico y el control territorial que ejercen grupos criminales.
La congresista ha sido enfática que el plan de Estado debe ser la prevención, aunque en “última instancia” que se busque el castigo severo ya que: “El trágico hecho reportado en Trujillo, nos vuelve a poner de frente con una realidad ineludible”.
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Elvir consideró que, a pesar que recientemente se aprobó una reforma al Código Penal para endurecer las penas en varios delitos, las tragedias como la de ayer demuestran que la solución no puede centrarse únicamente en aumentar el castigo.
En ese sentido, recalcó que la ruta es impulsar una política integral en seguridad y, con la misma categoría, llevar a cabo una resolución de conflictos agrarios, especialmente en zonas como el Bajo Aguán, donde las disputas por tierras continúan cobrando vidas.
Además, instó a fortalecer el control territorial para frenar los “gobiernos” de maras y pandillas u otras estructuras del crimen organizado que mantienen en zozobra a la población.
“Para cambiar esta realidad de forma sostenible, el Estado necesita transitar hacia una política pública de seguridad integral que aborde los problemas desde la raíz”, reclamó.
Asimismo, enfatizó que la presencia estatal no debe reducirse únicamente al despliegue policial o militar tras una tragedia, sino incluir inversión en educación, empleo, salud y desarrollo social en las regiones más vulnerables del país.
“Castigar el delito con mayor severidad es solo una parte de la ecuación. Si no se desactivan los detonantes socioeconómicos y las dinámicas del crimen organizado en el campo y la ciudad, las reformas legales seguirán quedándose cortas frente a la crudeza de la realidad”, detalló.
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