La pobreza, la exclusión educativa y la violencia continúan golpeando a la niñez hondureña, mientras organizaciones defensoras advierten una crisis estructural agravada por la falta de presupuesto, impunidad y ausencia de políticas públicas efectivas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La niñez en Honduras enfrenta un panorama marcado por la pobreza, la exclusión educativa y la violencia, factores que continúan limitando su desarrollo y evidencian fallas estructurales en la garantía de sus derechos.
Ante esta situación, la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (Coiproden) emitió un pronunciamiento público en el que expuso que el 66.8 por ciento de la niñez vive en condiciones de pobreza, mientras ocho de cada diez menores enfrentan pobreza multidimensional.
Además, más de un millón de niñas, niños y adolescentes permanecen fuera del sistema educativo, mientras otro millón se ve obligado a trabajar, muchos de ellos en condiciones de riesgo y vulnerabilidad.
En entrevista con EL LIBERTADOR, el coordinador de Programas y Proyectos de la red, Jimmy Alvarenga, afirmó que el país atraviesa una crisis profunda y que las cifras reflejan una realidad alarmante. Aunque existen leyes y políticas públicas orientadas a proteger a la niñez, señaló que estas no se implementan de manera efectiva.
Asimismo, indicó que el principal problema radica en la falta de presupuesto y voluntad política, situación que —según dijo— “pone al país en una situación no solo de alerta, sino de crisis frente a la niñez. No se está respondiendo a los derechos que las niñas, niños y jóvenes tienen en este país”.
La problemática también se refleja en los altos niveles de violencia y desprotección. Según Coiproden, en Honduras se registra una denuncia por abuso sexual infantil cada cuatro horas, en medio de elevados índices de impunidad. Además, decenas de menores han perdido la vida y cientos han sido reportados como desaparecidos.
En materia migratoria, cerca de 129 mil menores han sido retornados al país desde 2014, enfrentando condiciones de alta vulnerabilidad. A ello se suma que Honduras mantiene una de las tasas más elevadas de embarazo adolescente en la región.
Ante este escenario, Alvarenga hizo un llamado a fortalecer el sistema de protección, garantizar recursos suficientes, mejorar el acceso a la justicia y desarrollar políticas integrales que atiendan las causas estructurales de la vulneración de derechos.
“Ese es el llamado que nosotros hacemos, y no lo hacemos de manera aislada, sino que son recomendaciones que el mismo Comité de los Derechos del Niño y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vienen solicitando reiteradamente a Honduras, para que implemente estas mejoras vinculantes en el marco de los tratados internacionales que el país ha firmado y ratificado”, expresó.
El coordinador también advirtió sobre las consecuencias a largo plazo, especialmente por la exclusión educativa y el trabajo infantil, factores que empujan a miles de menores a migrar y profundizan los ciclos de pobreza y desintegración social.
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