Mediante una moción irregular y con mínima participación, sectores nacionalistas lograron que el Colegio de Abogados restituyera el cargo de Presidente Honorario a Juan Orlando Hernández, denunció el Frente Reivindicador Democrático.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Una asamblea marcada por el desorden, la dilación y lo que califican como maniobras deliberadas para reducir la participación terminó desatando una fuerte reacción dentro del gremio jurídico hondureño por la restauración de la presidencia honorífica del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) al exgobernante Juan Orlando Hernández.
El Frente Reivindicador Democrático (FRD) denunció que, aprovechando la ausencia de la mayoría de agremiados durante la hora del almuerzo, un reducido grupo promovió la restitución del honor al exjefe de Estado, más de un año después de que se le retirara tras haber sido encontrado culpable de tres delitos relacionados con el trasiego de drogas en Estados Unidos.
Según el FRD, la moción fue impulsada por militantes del Frente Patria y Justicia, vinculados al Partido Nacional, y presentada sin el mínimo rigor jurídico ni respaldo ético. Apenas unos 50 profesionales permanecían en el recinto al momento de la votación, lo que —a juicio del FRD— invalida cualquier decisión adoptada en esas condiciones.
La organización sostiene que este reconocimiento ya había sido revocado por una asamblea previa, por lo que cualquier intento de restituirlo carece de legitimidad. “No hubo mayoría real ni condiciones válidas para una decisión que compromete a todo el gremio”, advierten.
Además, la honra nuevamente a Hernández constituye una afrenta directa al Estado de Derecho, precisa el FRD, recordando los procesos judiciales que enfrentó en Estados Unidos, así como señalamientos recientes que lo vinculan a tramas que atentan contra la institucionalidad democrática.
Los mocionantes justificaron la restauración del honor en base a la decisión de la Corte del Distrito Sur de Nueva York de anular la sentencia previa —había sido declarado culpable y condenado a 45 años de prisión— no por una revisión de las pruebas del caso, sino por el indulto otorgado por el presidente Donald Trump, concluyendo que ya no había objeto en el proceso.
A criterio del FRD, la decisión del indulto configura un peligroso precedente de impunidad transnacional. “No borra los hechos ni la responsabilidad moral; es una bofetada a la justicia”, sostienen. Y advierten que el CAH corre el riesgo de convertirse en un “refugio de impunidad” en lugar de un bastión de la ley.
En consecuencia, anunciaron que no reconocerán la decisión y exigieron su inmediata rectificación. El pronunciamiento concluye con un llamado a la base gremial a mantenerse en alerta permanente frente a lo que consideran una degradación institucional impulsada desde intereses políticos.
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