El Presupuesto General 2026 recorta más de 4,364 millones a la Secretaría de Agricultura, reduce de 309 a 103 millones lo destinado al Mercadeo Agricola y baja la cartera de Banadesa de 4,000 a 3,000 millones.
Al respecto, el sociólogo, Roberto Briceño, critica que esta decisión favorece a sectores privilegiados y debilita al agro; en tanto, el dirigente arrocero Ramón Rodríguez advierte que limita la inversión productiva y pone cientos de empleos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras la aprobación del Presupuesto General de la República 2026, diversos sectores cuestionan los recortes que impactan programas sociales y al sector agropecuario, pilares para la atención de poblaciones vulnerables y la dinamización de la economía rural hondureña.
En entrevista con EL LIBERTADOR, el sociólogo Roberto Briceño criticó la orientación del instrumento fiscal: “El presupuesto del gobierno de Nasry Asfura está claramente destinado a favorecer el crecimiento de la riqueza de los ricos y empobrecer más a los hogares hondureños”.
“Todos esos factores que ellos dicen, que emiten leyes para favorecer al pueblo, asumen que el pueblo son ellos, esos grupos privilegiados que concentran la riqueza y los medios de poder”, añadió.
Briceño advirtió, además, un fuerte recorte a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), cuya asignación se reduce en más de 4,364 millones de lempiras, equivalente a una caída del 48.4 por ciento respecto a 2025, cuando alcanzó 8,719.4 millones.
El ajuste también afecta instituciones clave: el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) pasa de 309 a 103 millones de lempiras, mientras el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) reduce su cartera de préstamos de 4,000 a 3,000 millones.
A juicio del analista, esta política revertiría avances en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema, al debilitar la capacidad estatal de apoyo a los sectores más vulnerables.
En ese sentido, sostuvo que la gestión presupuestaria favorecería a los sectores más ricos, que históricamente —afirmó— han administrado los recursos del Estado para viabilizar negocios y mantener control político.
“Van a favorecer al sector privado, porque cuando el Estado atiende a los pequeños productores, en su lógica eso afecta el mercado, es decir, sus negocios y las importaciones. Muchos productos que antes se producían en el país ahora vienen del exterior”, expresó.
Asimismo, comparó la política actual con administraciones pasadas, al recordar el impacto del denominado “arrozazo” durante el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que —según dijo— provocó la quiebra de productores y el aumento de importaciones.
“El cierre de programas sociales amplía las opciones de mercado que favorecen a los importadores y la concentración de la riqueza, en perjuicio de la mayoría de los hogares hondureños. Buscan emular gobiernos contrarios a la ampliación del Estado en la atención social”, afirmó.
También señaló que el gobierno se opone a que el Estado financie el desarrollo de capacidades humanas: “Van a incrementar las ganancias empresariales bajo libertad de mercado, reduciendo el trabajo a una mercancía precaria, sin beneficios sociales para los trabajadores”.
Briceño agregó que el Partido Nacional históricamente ha favorecido a sectores privilegiados, trasladando costos al consumidor en detrimento de la producción agrícola nacional.
Por su parte, el presidente de los Productores de Arroz, Ramón Rodríguez, advirtió que la reducción presupuestaria limita la capacidad de respuesta estatal: “El país necesita implementar sistemas de riego a nivel nacional, pero será imposible con esta reducción”.
Rodríguez, señaló que Banadesa dispondría apenas de unos siete millones de lempiras en subsidios para préstamos, cifra insuficiente para atender la demanda del sector.
Ante este panorama, insistió en la necesidad de aprobar una Ley de Rehabilitación y Reactivación Económica que contemple la readecuación de deudas para productores afectados por pérdidas de cosechas.
“El sector de granos básicos generó más de 900 mil empleos el año pasado, según datos del censo agrícola de la SAG. El recorte podría traducirse en menor producción, pérdida de empleos y mayor vulnerabilidad alimentaria”, concluyó.
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