Luego de la reestructuración del Presupuesto General para 2026, aprobado por el Consejo de Secretarios de Estado en 444,265 millones de lempiras, se identifica una disminución cercana a los 25,000 millones, en comparación al proyecto dejado por la administración de Xiomara Castro.
Sin embargo, el economista Claudio Salgado afirmó a EL LIBERTADOR que podría tratarse de un efecto publicitario o propagandístico: “Le aseguro que un mes después de aprobar este monto, el Presupuesto General aumentará”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Secretaría de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, informó recientemente que el Consejo de Secretarios de Estado aprobó el Proyecto de Presupuesto General reformulado para 2026, que asciende a 444,265 millones de lempiras. Sin embargo, detrás de la cifra oficial surgen cuestionamientos sobre su naturaleza, transparencia y sostenibilidad.
El economista Claudio Salgado explicó que el proceso presupuestario en Honduras atraviesa tres etapas clave: el anteproyecto presentado por el Poder Ejecutivo, el proyecto dictaminado por la comisión legislativa y, finalmente, el presupuesto aprobado por el pleno del Congreso Nacional.
En este caso —precisó— no se trata de un nuevo presupuesto, sino de una reformulación, ya que la Constitución establece que el Ejecutivo debe enviar su propuesta antes del 15 de septiembre de 2025 al Congreso.
El anteproyecto original, remitido en septiembre de 2025 bajo el gobierno de Xiomara Castro (2022-2026), rondaba los 469,249 millones de lempiras, lo que implica una reducción aproximada de 25,000 millones en la nueva versión, según precisó Hernández.
No obstante, Salgado advierte que esta disminución carece de claridad: “Puede ser un efecto propagandístico, publicitario… yo le aseguro que al mes de aprobar este, el Presupuesto General se va a incrementar”.
Transparencia: el eslabón débil
En materia de control y rendición de cuentas, el economista fue crítico. Señaló que, aunque Honduras está adscrita a organismos internacionales que monitorean la ejecución presupuestaria, no existe un seguimiento efectivo a nivel interno.
“El Congreso Nacional, como es quien lo aprueba trimestralmente, debe rendir un informe sobre la ejecución propuesta en cada área y tomar las acciones correspondientes”, agregó.
Asimismo, cuestionó el papel del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), indicando que su labor se concentra principalmente en auditorías municipales, dejando de lado la fiscalización profunda del gobierno central.
Disputa de modelos: inversión social vs. intereses económicos
Salgado también planteó que el debate presupuestario refleja una disputa más amplia entre modelos de gestión. Según su análisis, los gobiernos con orientación conservadora priorizan el fortalecimiento económico enfocado en grupos de poder, mientras que los progresistas tienden a impulsar la inversión social.
En ese sentido, cuestionó que, durante la actual administración, se ha privilegiado a la oligarquía y no a los hondureños. “Podemos ir revisando cada proyecto, entre ellos los fideicomisos y la emergencia de salud; los han aprobado para beneficiar a los grupos de poder”, sentenció.
Asimismo, destacó que durante la administración de Castro (2022-2026) se han privilegiado varios sectores importantes para el desarrollo de Honduras, entre ellos salud, educación e inversión pública, incluyendo mejoras en infraestructura escolar y aumento del gasto social.
“Ahora, no sé si las instituciones que van a excluir son aquellas del sector social; lo que sí es que van a eliminar los subsidios. Es más, ahora ese ‘beneficio’ se ha trasladado al incremento de la energía eléctrica”, concluyó.
Deja un Comentario