El exsecretario de Finanzas, Christian Duarte, advirtió que, a tres meses del año sin Presupuesto General aprobado, el gobierno avanza con falta de planificación y riesgos de opacidad, cuestionando además el giro hacia el sector privado en el manejo de recursos públicos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Congreso Nacional aún no aprueba el Presupuesto General de la República correspondiente a 2026, a pesar de que han pasado tres meses del año y 60 días del gobierno de Nasry Asfura. Este instrumento financiero, formulado por el Ejecutivo y aprobado por el Legislativo, busca a justar las proyecciones de ingresos y egresos a la realidad económica actual del país.
A días de la investidura de Nasry Asfura como presidente, el nuevo titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules, estimó que antes del feriado de Semana Santa —que abarcó entre el 28 de marzo y el 5 de abril— el presupuesto sería discutido y aprobado; sin embargo, el Legislativo prevé hacerlo entre el 15 y el 20 de abril.
En ese contexto, el extitular de Sefin, Christian Duarte (2024-2026), manifestó en entrevista con EL LIBERTADOR que el gobierno de Asfura evidencia una falta de preparación, considerando que el presupuesto es el principal instrumento de política pública del país, ya que define cómo se recaudan los ingresos y en qué se utilizarán.
Duarte señaló que en la administración anterior el presupuesto fue enviado el 12 de septiembre de 2025 al Congreso, por lo que considera inaudito que, tras siete meses, aún no haya sido aprobado. “No es posible que ellos no supieran que tenían ese presupuesto. Este gobierno tiene una impronta parecida a los gobiernos nacionalistas de Callejas y de Maduro, del ‘achicamiento del Estado’, de ‘modernización del Estado’”, afirmó.
Actualmente, el Estado opera con el presupuesto prorrogado, es decir, el correspondiente a 2025, lo que permite únicamente la continuidad administrativa. Un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) reveló que, de un 100 por ciento, el gobierno apenas ha ejecutado un 15 por ciento, siendo secretarías como Energía y Agricultura las que presentan menor ejecución.
El presupuesto prorrogado es un mecanismo temporal que puede funcionar, según Duarte, como máximo durante uno o dos meses, y en casos extremos hasta tres, por lo que advirtió sobre los riesgos de prolongar esta situación.
Uno de los puntos que Duarte cuestionó son las cifras presentadas por el gobierno sobre el monto del Presupuesto 2026, que podría rondar los 469 mil millones de lempiras, señalando contradicciones en los anuncios de reducción del gasto público.
“Inicialmente hablaban de una reducción de más de 30 mil millones; como exministro de Finanzas, no me imagino ni siquiera un recorte de 5 mil millones, porque somos un Estado en el que el 60 por ciento de la población es pobre. El Estado debe hacer esfuerzos vitales para garantizar un piso mínimo”, expresó.
Además, advirtió sobre una preocupante falta de transparencia en torno al manejo del presupuesto, señalando que este debe darse a conocer y discutirse con los distintos sectores sociales, y no ser administrado de forma aislada por el partido en el poder.
“El Partido Nacional se acostumbró a administrar el Estado mediante fideicomisos, como si se tratara de empresas privadas gestionadas por bancos. Sin embargo, el presupuesto público requiere fuentes de financiamiento claras, procesos de licitación, cumplimiento de la Ley de Compras y Contrataciones, y la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas”, expresó.
Para el exfuncionario, la lógica económica que sigue Asfura es parecida a la implementada por Javier Milei en Argentina, orientada a reducir la administración estatal, algo que —según Duarte— no es viable en Honduras.
Asimismo, advirtió que la falta de aprobación oportuna del presupuesto podría derivar en la eliminación de asignaciones para instituciones suprimidas, afectando directamente a los trabajadores. Señaló que esta situación representa un problema grave, ya que genera relaciones contractuales y compromisos económicos que posteriormente pueden resultar insostenibles para el Estado.
“El mismo secretario de Finanzas dijo que no había una emergencia fiscal; sin embargo, se han establecido mecanismos para reducir el pago de derechos laborales a los trabajadores despedidos. Esto significa que, en el presupuesto 2026, esos montos podrían estar vulnerando los derechos de los empleados”, afirmó.
Señaló que el gobierno podría ejecutar obras que quedaron inconclusas en la administración de Xiomara Castro; sin embargo, criticó que la actual gestión de Nasry Asfura estaría trasladando la actividad económica al sector privado, particularmente a la élite empresarial y a grupos de poder.
A su juicio, esta es la línea ideológica que pretende implementar el gobierno. “Es una administración que prefiere destinar parte del presupuesto a la construcción de hospitales y entregarlos a empresas cercanas al Partido Nacional, convirtiéndolos en un negocio y en un mecanismo de fidelización política”, indicó.
Duarte cerró cuestionó la falta de claridad sobre la gestión de estos proyectos, al señalar que el propio Asfura ha manifestado dudas sobre si los hospitales serán administrados con fondos públicos e incluso ha mencionado que no se concluirían proyectos como el laboratorio de moléculas.
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