El empresario estadounidense Murray Paul Farmer enfrenta audiencia inicial tras su captura en Palmerola, acusado por el Ministerio Público de integrar una red que habría defraudado al Estado hondureño por más de 3,000 millones de lempiras mediante contratos y laudos arbitrales irregulares.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El empresario estadounidense Murray Paul Farmer fue capturado en el Aeropuerto Internacional de Palmerola y presentado ante un juez en audiencia inicial, acusado por las autoridades de Honduras de participar en un esquema de fraude que habría provocado millonarias pérdidas al Estado hondureño.
De acuerdo con el Ministerio Público, Farmer es señalado como representante legal de la empresa DRC Inc., vinculada a una red que presuntamente intentó defraudar al Estado por más de 3,000 millones de lempiras mediante demandas y procesos arbitrales considerados irregulares.
La captura del empresario se ejecutó tras una orden judicial derivada de investigaciones dirigidas por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), que desde hace años indaga una estructura integrada por exfuncionarios, abogados y otros actores.
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Según las autoridades, el esquema fraudulento se habría sustentado en contratos firmados tras la emergencia nacional provocada por el huracán Mitch en 1998, cuando organismos internacionales financiaron proyectos de reconstrucción, particularmente en el sector de agua y saneamiento.
En ese contexto, la empresa DRC Inc. obtuvo contratos mediante cooperación internacional, pero posteriormente subcontrató a la firma hondureña Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), generando controversias legales que escalaron hasta tribunales nacionales e internacionales durante más de una década.
Las investigaciones apuntan a que, años después, se promovieron demandas arbitrales contra el Estado hondureño utilizando resoluciones cuestionadas, con el objetivo de obligar al país a pagar sumas millonarias, pese a fallos previos que favorecían la posición estatal.
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Incluso, tribunales de Estados Unidos determinaron que Honduras no tenía obligación de pagar ciertas reclamaciones derivadas de estos contratos, reconociendo la inmunidad soberana del país; sin embargo, procesos internos continuaron generando condenas económicas contra el Estado.
El caso también involucra a figuras políticas como el actual subsecretario de Copeco, Nelson Márquez, señalado como uno de los presuntos actores clave en la red, durante su gestión en la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas).
Durante la audiencia inicial, el juez competente deberá determinar las medidas cautelares contra Farmer, que podrían incluir detención preventiva u otras disposiciones, además de definir el curso del proceso judicial y la admisión de pruebas presentadas por las partes.
Por su parte, el empresario estadounidense ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando que su participación en Honduras se limitó a inversiones en proyectos de carácter social, negando haber recibido fondos de manera irregular.
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