El Congreso Nacional discutirá la aprobación de una nueva amnistía política a favor del exjefe militar Romeo Vásquez y otros oficiales, acusados por delitos presuntamente cometidos en el marco del golpe de Estado de 2009, cuando dirigían la institución castrense.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un grupo de abogados remitió al Congreso Nacional un proyecto de amnistía política que busca beneficiar a tres generales en retiro de las Fuerzas Armadas acusados por delitos en el marco del golpe de Estado, así como a tres ciudadanos encausados por terrorismo y a exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Entre los principales beneficiarios de la iniciativa figura el exjefe del Estado Mayor, Romeo Vásquez Velásquez, junto a los generales Venancio Cervantes y Carlos Roberto Puerto, quienes enfrentan procesos judiciales por asesinato y tentativa de asesinato, relacionados con la muerte del joven Isy Obed Murillo, ocurrida el 5 de junio de 2009, en el contexto de la crisis política generada tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales.
El abogado Erick Rodríguez, uno de los impulsores de la propuesta, informó que Cervantes y Puerto permanecen privados de libertad en la Penitenciaría Nacional de Támara.
“El general Romeo Vásquez es un político, era un abierto opositor al anterior gobierno. El régimen anterior tenía una política de mucha delicadez y él hacía comentarios que no le agradaban, tal y como sucedió en el caso de cuatro personas que hacían comentarios en un chat y que eso lo vieron como una amenaza, como un acto de terrorismo, como algo delicadísimo”, expresó.
El profesional del derecho explicó que la Ley de Amnistía Política propone extinguir la acción penal y archivar procesos de naturaleza política o conexos, cuando exista duda razonable, prueba insuficiente o motivación ideológica en las imputaciones. Asimismo, plantea que la amnistía sea general e incondicional, con efectos inmediatos como la cancelación de órdenes de captura, medidas cautelares y alertas migratorias.
Por su parte, la abogada Claudia Erazo, integrante de la defensa del exgeneral Romeo Vásquez, sostuvo que la iniciativa no se limita únicamente a los casos de los altos mandos militares.
“Las imputaciones para los generales se apoyan en cargos y jerarquías, no en hechos individualizados, vulnerando la objetividad y la presunción de inocencia. Hubo criminalización selectiva y uso del proceso penal como herramienta política”, enfatizó.
El alcance de la propuesta legislativa también incluye a Arcadio López, Perfecto Enamorado, Antonio Kattan y Gerardo Enrique Galeano, acusados de terrorismo por supuestamente planificar un atentado contra el expresidente Zelaya, ampliando de forma significativa el espectro de posibles beneficiarios.
Asimismo, los apoderados legales de los exmiembros de la Comisión Evaluadora del CNE han solicitado que sean beneficiados Dennis Emilio Hércules Rosa y José Martín Pastrana Sánchez, señalados por tres delitos relacionados con la adjudicación irregular de contratos de transporte durante las elecciones primarias.
En el mismo expediente fueron imputados Juan Carlos Canales, Raúl Amílcar Rivera y el excoordinador del Proyecto de Transporte del CNE, Joel Ramos García.
Las acusaciones presentadas por el Ministerio Público (MP) surgieron tras los incidentes ocurridos en las elecciones primarias, cuando el material electoral no llegó a tiempo a numerosos centros de votación en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Según la fiscalía, las contrataciones fraudulentas del servicio de transporte electoral provocaron un perjuicio económico al Estado superior a los 64 millones de lempiras.
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