Carlos Roberto Avilez Moncada (centro), fue el director financiero en el Congreso de Honduras, de 2010 a 2021, era la mano que repartía y pensaba el presupuesto al agrado de los presidentes Juan Orlando Hernández (JOH) y después Mauricio Oliva. Antes de irse, sacó ocultamente cientos de expedientes en físico y almacenamiento digital, con el apoyo de la gerente administrativa, Cinthya Marcela Oyuela Brizzio y el jefe de Pagaduría, José Rolando Perdomo Cruz. Todos están presos, camino al juicio.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La masiva información en físico y digital sacada en secreto de las bodegas del Poder Legislativo corresponde a cómo se gastaron cientos de miles de millones de lempiras de los presupuestos durante las presidencias de Juan Hernández y luego Mauricio Oliva.
“La época más obscura de la corrupción en Honduras, fue después del golpe de Estado, en 2009, se unieron la corrupción y el crimen organizado en una sola estructura, se creían poderosos y robaban descaradamente, pensaban que jamás los alcanzaría la ley, se creían intocables”, dijo hace poco en entrevista exclusiva con EL LIBERTADOR, el Fiscal Jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos.
De ese período son los cientos de expedientes en físico y en dispositivos de almacenamiento masivo digital que sustrajeron en obscuridad y, ahora guardando prisión, el entonces director financiero, Carlos Roberto Avilez Moncada; la gerente administrativa, Cinthya Marcela Oyuela Brizzi y, el pagador especial del departamento de Pagaduría, José Rolando Perdomo Cruz.
Todos están acusados por los delitos de sustracción, destrucción, ocultación o inutilización de documentos en custodia y daños a datos y sistemas informáticos.
Los tribunales consideran la gravedad del delito por obstrucción de la justicia, cálculo premeditado para evadir el peso de la ley, valoran mucho la cantidad de pruebas destruidas y cualquier antecedente penal conexo, por eso basta que la acusación demuestre que la destrucción se hizo con la intención de impedir su uso en un proceso judicial.
Es, esta investigación la que precisamente está consolidando desde enero anterior el Ministerio Público, a través de la UFERCO, cuando presentó el requerimiento fiscal contra los altos cargos de la administración en el Congreso Nacional que dirigieron Hernández y Oliva.
La audiencia inicial para los imputados Carlos Roberto Avilez, Cinthya Marcela Oyuela y José Rolando Perdomo se programó el pasado 23 de enero, ahí quedó bien claro lo que la Fiscalía solicita al juez para estos tres individuos que violentando las distintas legislaciones que debe cumplir un servidor público, encubrieron supuestos delitos cometidos durante el período 2018-2022 cuando Mauricio Oliva presidía el Poder Legislativo.
En esa ocasión, el Juzgado de Letras Penal en materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictó detención judicial contra los tres extrabajadores financieros de confianza en el Congreso Nacional, acusados de destruir documentos que contenían pruebas de delitos en el Poder Legislativo durante las presidencias de Juan Hernández y luego Mauricio Oliva.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los imputados entre noviembre de 2021 y enero de 2022 sustrajeron documentos de los departamentos de Pagaduría, Contabilidad y Dirección Administrativa, trasladándolos a viviendas particulares bajo el argumento de protegerla de la administración entrante (2022-2026), sin embargo, el fin era destruirla, ya que esta documentación contenía soportes contables, financieros y pagos.
Está información que contenía evidencias de presuntos delitos cometidos fue destruida, incluso una parte fue quemada en una propiedad vinculada a Carlos Avilez, exdirector financiero, donde también se encontraron sellos y documentos pertenecientes a Casa Presidencial.
Como resultado de un análisis forense, se concluye que varios discos duros fueron manipulados, formateados y sustituidos por los acusados, además ordenaron la transferencia de información a dispositivos externos, como USB; también instalaron nuevos sistemas operativos con el fin de eliminar información financiera, como parte de un plan deliberado para obstaculizar futuras investigaciones en ese poder del Estado.
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