Para el experto en asuntos democráticos, Luis León, no hay justificación para que la actual Corte Suprema tome el amparo que han presentado abogados aplazados en examen de conocimientos pues, de hacerlo, abre puerta para que políticos obscuros desconozcan el trabajo de la Junta Nominadora y elijan a juristas fuera del listado oficial, como ocurrió en reelección de Óscar Chinchilla en Fiscalía General.
Además, el analista criticó que los 57 abogados aplazados en el examen no tienen excusa pues ya debían conocer el mecanismo de evaluación antes de inscribirse, es decir, los reclamos debieron ser antes de comenzar la evaluación.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Aproximadamente 80 de los 185 postulantes a magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedaron fuera del proceso, tras no aprobar la evaluación en las tres pruebas aplicadas en las últimas semanas por la Junta Nominadora, 57 de ellos se han amparado ante el Poder Judicial para desconocer el instrumento jurídico creado para esta elección.
Y es que entre los reprobados se manifestó inconformidad por no sacar el puntaje mínimo de aprobación del 75% que, según la Junta Nominadora, no responde a un esquema académico tradicional como en el sistema de Educación Superior donde el índice mínimo de aprobación es del 70%.
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En ese sentido, el director del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, Luis León, ha dicho a EL LIBERTADOR que “nadie puede alegar desconocimiento de la ley”, pues ya el reglamento aprobado para este proceso dejó establecidos los criterios de aprobación.
Señaló que los 185 candidatos, al momento de inscribirse, siendo profesionales del Derecho, ya debían de conocer el reglamento de evaluación al que se someterían, “yo creo que están haciendo esfuerzos para deslegitimar el esfuerzo de la Junta Nominadora, cosa que nosotros creemos que no debería pasar porque se ha hecho un proceso transparente con acceso a información, creo que estas cosas llegan a destiempo”.
“Si había un malestar con el 75% en la prueba de conocimientos, debió haberse alegado antes de participar en el proceso y no al darse cuenta de que no sacan esa valoración mínima”, cuestionó.
Y aunque la CSJ ha admitido el recurso interpuesto por los togados aplazados, ésta –opina León– no debe pronunciarse porque es “jurisdicción” de la Junta Nominadora: “Sería sumamente perjudicial que la Corte interviniera fallando en contra de lo que la Nominadora ha decidido y a favor de lo que algunos pocos postulantes consideran”.
El experto en asuntos democráticos recalcó que tener una sentencia de la Corte, desconociendo a nominadores como regentes del proceso, tendría un impacto catastrófico e incluso “botaría” los cinco meses de trabajo del ente de pre selección.
Con semblante reflexivo, León dijo estar preocupado que este tipo de boicot de parte de los reprobados da paso a que políticos de dudosa reputación quieran desbaratar el buen trabajo “y que al final quieran hacer otras cosas por fuera de ese listado. A eso debemos tenerle mucho cuidado”
Y es que lo anterior puede contextualizarse dentro de la reelección irregular del Fiscal General, Óscar Chinchilla, quien fue nombrado para seguir en el cargo sin siquiera haber concursado.
Cabe señalar que, la Nominadora deberá entregar un listado de 45 candidatos al Congreso Nacional (CN), a más tardar el próximo 23 de enero de 2023. Según trascendió, el listado será entregado el 15 de enero para darle más tiempo al Legislativo de estudiar los perfiles.
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