El secretario asesor en Transparencia y Combate a la Corrupción, Edmundo Orellana, ha dialogado con EL LIBERTADOR sobre las funciones que tendrá, junto a la CICIH, en el Gobierno de Castro, señalando que impulsará una investigación a escala de inteligencia y sobre materia financiera, para saber en qué gastó el dinero la dictadura nacionalista.
El primer fiscal de la República es enfático que las autoridades ya no pueden seguir con una venda en los ojos y con los vicios del pasado sobre los nombramientos en puestos claves de instituciones estatales, por la urgencia que hay de acercar el Gobierno al pueblo y que ver cómo se trabajan los recursos.
Al consultar al doctor Orellana que si tendrá dos salarios como afirman algunos medios tradicionales, respondió contundente:
– Ojalá que fuera así, yo sería feliz con dos salarios (dice entre risas). Quienes dicen eso las usan porque se las imaginan, definitivamente no es así. Yo solo tendré un salario, es una falsedad y desde luego eso lo promueven quienes quieren descalificar, pero con esas estupideces no lo van a lograr ¿Por qué no van a los tribunales a hacer la denuncia?, esa es la pregunta, porque tener dos salarios es un delito, si es así, que vayan a los tribunales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La justicia hondureña ha perdido completamente la credibilidad, los constantes golpes a la institucionalidad y la exagerada impunidad en casos de corrupción han profundizado la crisis instalada en 2009 con el golpe de Estado, a eso se suma el secuestro del Gobierno por grupos afiliados al narcotráfico y todo un rosario de conflictos que, a juicio del recio analista y destacado abogado, Edmundo Orellana, comenzarán a depurarse una vez sea instalada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH).
Orellana, que fue juramentado por el Gobierno de Xiomara Castro como secretario asesor en materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, revela en esta entrevista que le resulta gracioso escuchar críticas de la prensa tradicional sobre un doble salario: “Ojalá fuera así”, dice entre risas.
El reconocido togado y primer fiscal general del Estado 1994-1999, apunta que las prioridades inmediatas son, entre otras, la transparencia, la rendición de cuentas, la modernización de la administración y el control interno de los procesos que se realizan a lo interior de la administración. En este contexto hemos hablado así.
– ¿Abogado, podría explicarnos en qué consiste el proyecto que ejecutará al asumir en el cargo que le ha designado el Gobierno Castro?
– Este es uno de los proyectos más importantes que prometió la presidenta en su campaña electoral y es luchar contra la impunidad y la corrupción, de manera que este es un compromiso que tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y pronto lo tendrá el Poder Judicial cuando haya una renovación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En este contexto, mi misión será incorporarme en ese proceso de lucha anticorrupción. Desde luego que hay una dependencia por unidades, que tienen su propia estructura, pero fundamentalmente se está impulsando el establecimiento de una Misión Anticorrupción que será apoyada por Naciones Unidas, de manera que si es un proyecto importante y en el que vamos a jugar un papel significativo.
– ¿Usted ya tiene estructurado un plan de trabajo? ¿Cuáles serán los alcances de este proyecto y sus principales desafíos?
– Las prioridades inmediatas son la transparencia, la rendición de cuentas, la modernización de la administración, el control interno de los procesos que se realizan a lo interior de la administración; todo ello con el propósito de generar un ambiente que sea hostil para la corrupción, y contrario a eso, tener un ambiente que favorezca el manejo correcto de dinero público, que las decisiones sean apegadas a la ley y crear certidumbre.
– ¿En lo personal, cuál es el principal desafío en el cargo, conociendo que se hereda un Gobierno quebrado?
– El primer gran desafío es trabajar con la ausencia casi absoluta de recursos financieros porque hubo un saqueo total de la administración anterior, prácticamente está en números rojos la contabilidad del Estado. ¿Cómo vamos a quedar en la administración pública con los presupuestos?, ese es el primer gran desafío. El segundo desafío, es que tenemos una burocracia que viene alimentándose y creciendo durante 12 años, que ha sido incondicional del gobierno anterior; entonces es de analizar si esas “lealtades” pueden conspirar contra un proceso de modernización y de lucha contra la corrupción.
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– Considerando la experiencia con la Misión Anticorrupción de OEA, que aunque tuvo buenos resultados en investigación, no fue renovada por el anterior Congreso, ¿en qué se diferenciará la CICIH?
– Todavía no sabemos cuál será la extensión que se le va a dar en funciones a la CICIH, porque hasta ahora sólo contamos con los parámetros que contiene el decreto que fue aprobado por el Congreso, que nos dicta que primero es responsabilidad de la presidenta impulsar este proyecto a través de una comisión. La misión va estar compuesta con representantes de todas las entidades que tiene un papel en contra de la corrupción, así también juristas de alto nivel que serán nombrados por el Gobierno, pero propuestos por la ONU; y también se dice que dentro de las funciones que tendrá este organismo está la investigación a nivel de inteligencia y en materia financiera, eso es lo más importante.
– Abogado, ¿cómo rescatar a un Poder Judicial que sigue siendo cuadro de la dictadura?
– El problema que hay en el Poder Judicial se resolverá hasta que se tenga una nueva Corte. Lo que pasa es que el nuevo organismo judicial va a poder trabajar con institucionalidad y en apoyo a esos órganos que ya están para proceder contra quien resulte responsable.
– ¿Ha pensado en un nuevo mecanismo de elección de la CSJ para tener a los mejores candidatos?
– La única manera es modificar la ley de selección de estos candidatos, pero lo importante es establecer criterios de valoración a los cuales deben apegarse los miembros de las juntas de nominación. Que los procedimientos de selección sean objetos de veedurías de la Sociedad Civil y, que además, los resultados sean ampliamente conocidos, que se tenga pruebas de confianza y sean creíbles y que no sean sometidas a secreto de Estado como lo están actualmente, porque quien lo práctica es la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), que está arropada en la Ley de Secretos, de manera que nadie conoce cuáles son los procesos que se llevan a cabo para poder decir que una persona tiene tanto por ciento en votos o no sobre uno de los factores de ponderación. Eso es lo importante, romper con ese velo de impunidad que ha habido, pero abrir la posibilidad para que la gente acceda y luego establecer criterios para que el Congreso los elija; por ejemplo, una vez que sean ponderados sus factores de valoración para determinar la idoneidad, que se haga una lista y se ponga en primer lugar quién sacó la mejor calificación y así el segundo lugar hasta que llegue al mínimo aceptable y que esos vayan con sus respectivas calificaciones para que el CN escoja entre ellos a los magistrados.
– ¿Cómo implementar un modelo político eficaz, donde exista una división real de los poderes de Estado, teniendo en cuenta que durante el régimen de no existió esa división y toda la política pública fueron decisiones del Ejecutivo de Juan Hernández?
– Definitivamente la impartición de justicia debe ser unitaria y responder a una concepción de poder del Estado, pero lo que se ha visto en algunos casos, es una fragmentación obligada de jurisdicciones, como la electoral, también la constitucional; es así y se acepta en el mundo que haya un Tribunal Electoral, que haya un Tribunal Constitucional y haya un Tribunal de Casación, eso sí es posible. Lo que no es posible es que haya magistrados para sectores. Hubo un tiempo donde los magistrados eran electos en voto popular, pero la pregunta es, ¿si hoy eligiéramos en urnas creen ustedes que tuviéramos buenos magistrados?, imagínese usted, el que tiene más dinero seduciendo al pueblo para que vote por él, ya se imagina para dónde iríamos.
– ¿Es correcto seguir con este sistema de un Poder Judicial aprobado por el Legislativo?
– Lo que debe hacerse es establecer controles y filtros para llegar al más idóneo, es todo lo que tenemos que hacer pero no lo hemos hecho todavía, ha habido una simulación en la que incluso ha participado como cómplice la Sociedad Civil.
– Con relación a la extradición de Juan Hernández, retomando el compadrazgo que ha tenido con el presidente de la Corte, Rolando Argueta, y el Fiscal General, Óscar Chinchilla, ¿qué futuro les espera?, el fiscal incluso ha salido mencionado en el juicio de Geovanny Fuentes.
– Lo que yo le puedo decir es que es evidente que en la Corte actual fue promovida e impuesta por el ex gobernante, hubo unas 8 o 10 cesiones en el CN para poderlos elegir. Recuerde usted que al principio hubo una resistencia de diputados que poco a poco fueron venciendo a cambio de pagos, de privilegios, decantarías y favores; finalmente hubo hasta expulsiones de diputados de los partidos políticos porque vendieron su voto para que esta Corte llegara y luego hemos visto los resultados, esta Corte ha declarado inconstitucional la Constitución para favorecer al gobernante, esta Corte ha exonerado casos de horribles de corrupción como el caso Pandora, donde estaban involucrados muchos diputados que votaron por ellos, de manera que la respuesta es obvia, la CSJ perdió credibilidad porque en su accionar generó la percepción que no era independiente.
– Doctor, ¿cómo entender que más de 30 personas vinculadas al narcotráfico han sido extraditadas y que otras figuras hondureñas como “Tony” Hernández ya han sido condenados y aquí en Honduras la justicia no ha levantado ni un solo proceso?
– Por eso nombraron las cabezas más idóneas para que hagan su trabajo, si nosotros tuviésemos un Fiscal General del tipo de Luis Javier Santos, nadie dudaría que la cosas cambiarían; si tuviéramos una presidenta de la Corte como Gabriela Castellanos, nadie dudaría de que las cosas caminarían mejor, todo depende de quienes estén. Las estructuras no cambian, los que están abajo, los subordinados van a cambiar porque los jefes les digan que cambien, por eso es importante que las cabezas sean las más idóneas, y proyecten hacia abajo, pero si nosotros nombramos el vértice del Poder Judicial y del Ministerio público a personas que tengan compromisos cercanos o próximos, insolubles con los líderes políticos y los titulares de los demás poderes del Estado o que se sienta agradecidos porque han votados por ellos, es muy difícil que tengamos justicia.
– ¿Cómo visualiza que quedará el país al cierre de este Gobierno cuando usted vaya finalizando en el cargo?
– Sin el ánimo de convertirme en un oráculo, lo que le puedo decir es que voy a poner todo mi empeño para que las metas y objetivos que nos propongamos en esta lucha, sean alcanzados. Hay una prioridad que creo que lo vamos a lograr lo más pronto posible, y es la instalación de esa Misión Internacional. Sin lugar a dudas voy a participar y será uno de los logros de los que vamos a tener y poder ofrecer al pueblo hondureño. Después está el tema de la rendición de cuentas, para que sea posible en toda la administración y en todos los sectores, para que la población pueda acceder a los manejos de los recursos del Estado de forma permanente, sostenida y además próxima. También pretendemos hacer que el Gobierno sea más cercano al hondureño y eso significa digitalizar los procesos y los procedimiento para que no haya intermediarios, luego el control interno de los procesos, eso es importante porque de allí se previene la corrupción, porque al intervenir el proceso en el momento que se está desarrollando, se tiene el control para evitar que falle.
– ¿Qué instituciones trabajarán en conjunto para alcanzar esas metas?
– La misión sería esencialmente con el Ministerio Publico y el Poder Judicial, pero no hay que descartar que en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad participarán otras unidades como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y otras que seguramente tendrán mucho qué decir y aportar en este proceso.
– Doctor, podría aclarar a la población un tema que ha estado en la prensa tradicional sobre usted ostentando dos salarios, uno como secretario y el otro por su diputación al Parlacen ¿de dónde viene este señalamiento?
– Ojalá que fuera así, yo sería feliz con dos salarios (dice entre risas). Quienes dicen eso las usan porque se las imaginan, definitivamente no es así. Yo solo tendré un salario, es una falsedad y desde luego eso lo promueven quienes quieren descalificarlo pero con esas estupideces no lo van a lograr ¿Por qué no van a los tribunales a hacer la denuncia?, esa es la pregunta, porque tener dos salarios es un delito, si es así, que vayan a los tribunales.
VEA AQUÍ EL LIBERTADOR IMPRESO, FEBRERO 2022
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