Roberta Jacobson, que trabajó durante décadas como diplomática estadounidense especializada en América Latina, llamó al Triángulo del Norte «un cáliz envenenado». Harris y Zúniga necesitan socios confiables, pero la voluntad de Estados Unidos de alentar a los déspotas ha dejado a la región en gran parte en manos de autócratas corruptos.
Durante décadas, Estados Unidos ha acomodado la corrupción en Centroamérica. Ahora está lidiando con los resultados.
Cresencio Arcos, ex embajador de Estados Unidos en Honduras, describió la naturaleza de relación de los funcionarios estadounidenses con el gobierno allí: “Lo más importante para nuestro pueblo es su acceso a las élites. No importa si han cometido abusos contra los derechos humanos o incluso si son narcotraficantes. JOH es un sinvergüenza malvado, y nos engañó porque descubrió que al apoyarnos en la interdicción de drogas y los migrantes podría chantajearnos para que lo acompañáramos «.
A fines de junio, Harris realizó su primer viaje al extranjero como vicepresidenta, con una escala en México y una visita a Guatemala. Con Hernández un paria y Bukele abiertamente desafiante, Guatemala era el único país del Triángulo Norte donde la Administración podía esperar reunir una apariencia de cooperación oficial.
*/ Por Jon Lee Anderson
Fuera del Palacio de Justicia, Daniel Patrick Moynihan, en el bajo Manhattan, la policía permaneció vigilante detrás de la cinta amarilla que decía «No cruzar». Se había reunido una multitud agitada: gente cantando, empujándose, gritando por megáfonos. Algunos ondeaban banderas hondureñas azules y blancas. Otros mostraban carteles en inglés y español: «No hay clemencia por la narcopolítica».
Era el 30 de marzo de 2021: día de la sentencia de Juan Antonio (Tony) Hernández, un excongresista hondureño que había sido detenido en Miami en 2018, bajo sospecha de tráfico de drogas. Después de un juicio en el Distrito Sur de Nueva York, Hernández fue declarado culpable de participar en el contrabando de al menos ciento ochenta y cinco mil kilos de cocaína a Estados Unidos, suficiente para suministrar cinco dosis a todos los que viven en Estados Unidos.
En la calle, los manifestantes agitaron una enorme pancarta pintada a mano que decía “Extradición del narcopresidente”, una referencia al aspecto más explosivo del juicio. Según el testimonio de los testigos, Hernández había sido ayudado en su empresa criminal por su hermano Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. Los fiscales acusaron que los hermanos Hernández habían estado en la toma durante una década o más, y que Tony había usado su proximidad al poder para ayudar a mover la cocaína colombiana a través de Honduras y hacia Estados Unidos, a veces en colaboración con el cartel mexicano de Sinaloa.
Dentro del edificio, los hondureños llenaron una sala desbordada, mirando atentamente un monitor que mostraba el interior de la cancha. Mientras esperaban a que trajeran a Hernández, una mujer de mediana edad se quejó de las condiciones en su país: “El precio de los frijoles ha subido tanto que solo los ricos pueden comerlos”. Otra mujer anunció que su abuelo había sido asesinado, víctima de la violencia relacionada con las drogas que ha abrumado al país. Mirando el monitor en busca de señales de Hernández, dijo enojada: «Solo quiero ver su rostro antes de morir».
Un momento después, llevaron a Hernández a su asiento. Un hombre de cuarenta y tres años, bien afeitado, se le conoce en casa como un extrovertido bravucón. Ahora, rodeado de guardias, estaba sometido. Un hombre observó: “Mira cómo esta gente, que tenía tanto poder en Honduras, acaban aquí como ratas”.
El caso de los fiscales describió una carrera de corrupción que había ayudado a transformar a Honduras en un narcoestado virtual. Hernández, dijeron, había vendido armas a narcotraficantes y alertó a los traficantes sobre los esfuerzos de Estados Unidos para capacitar a pilotos hondureños para redadas nocturnas. Había utilizado millones de dólares de la venta de drogas para financiar las elecciones de su partido; en nombre de su hermano el presidente, había aceptado un millonario soborno de Joaquín (El Chapo) Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa. El fiscal principal calificó a Hernández de «un carácter excepcionalmente malo, que, junto con su hermano, está en el centro de años de tráfico de drogas patrocinado por el estado».
Su comportamiento criminal, dijo el fiscal, había dejado a Honduras “uno de los principales puntos de transbordo de cocaína en el mundo” y “uno de los lugares más violentos del mundo. El presidente Hernández ha negado enérgicamente cualquier participación, y los abogados defensores desestimaron a los testigos clave, varios narcotraficantes confesos, como asesinos en serie que buscaban tarjetas para «salir temprano de la cárcel». Los fiscales señalaron que la evidencia incluía un libro mayor de ganancias de la droga que contenía las iniciales del presidente: JOH, como se le conoce universalmente en Honduras. También señalaron que Tony a veces llevaba una Uzi inscrita con el nombre de Juan Orlando Hernández y el título de Presidente de la República.
Cuando se le dio tiempo a Tony Hernández para hablar, planteó objeciones procesales: no se habían revisado pruebas cruciales y sus abogados no cumplían con sus estándares. Dijo que sentía que Estados Unidos lo había «traicionado» al no defender sus derechos constitucionales.
El juez, P. Kevin Castel, un hombre delgado y de pelo blanco, habló con moderada indignación. Dijo que había juzgado a muchos acusados por delitos relacionados con las drogas, desde pequeños minoristas hasta conductores de lanchas rápidas. “Muchos no están calificados y son empobrecidos, y se esfuerzan por mantener a sus familias”, dijo. Hernández era diferente. “Tiene una apariencia excelente”, continuó Castel, “bien vestido y con una sonrisa cálida y atractiva. Está bien educado «. Pero, en lugar de utilizar sus ventajas para un trabajo productivo, «se convirtió en un importante facilitador del movimiento de la cocaína», llegando a tener sus iniciales estampadas en los envíos de su propia marca.
Castel enumeró a algunos de los hombres a quienes se cree que Hernández había dado muerte. Entre ellos se encontraba su exsocio comercial Nery López Sanabria, quien supuestamente había planeado cooperar con la DEA. En octubre de 2019, ocho días después de que Hernández fuera condenado, López Sanabria fue asesinado a balazos y apuñalado por asesinos a quienes se les había permitido violar un zona del penal hondureño de máxima seguridad donde se encontraba detenido. Seis semanas después, su abogado fue asesinado. Tres días después de eso, el director de la prisión también fue asesinado.
Hernández se sentó con las manos entrelazadas mientras se enumeraban sus crímenes. Castel lo condenó a cadena perpetua más treinta años de prisión y le ordenó perder ciento treinta y nueve millones de dólares. Concluyó: «Podemos esperar que, mirando hacia atrás en los próximos años, hoy haya sido un paso importante para eliminar la influencia corruptora del narcotráfico».
Los espectadores hondureños estaban de humor de celebración, pero se mostraban escépticos sobre la perspectiva de un cambio inmediato. En la sala desbordante, un joven culpó a Estados Unidos por apoyar a gobiernos latinoamericanos corruptos y por imponer “políticas neoliberales” que habían llevado al hambre y la miseria. Estados Unidos, dijo, tenía la responsabilidad de permitir que un pícaro —un sinvergüenza— como Juan Orlando Hernández permaneciera en el cargo.
En Estados Unidos, el juicio de Tony Hernández obtuvo menos publicidad que el de El Chapo en 2019, pero de alguna manera sus implicaciones fueron más significativas. Honduras es un Estado cliente estadounidense desde hace mucho tiempo, receptor de miles de millones de dólares en ayuda exterior y la base de operaciones de una fuerza militar estadounidense estratégicamente crítica. Su presidente supuestamente estuvo involucrado activamente en una operación de tráfico a gran escala, mientras que el gobierno estadounidense lo contaba como un aliado. Cuando le pregunté a un funcionario estadounidense con amplia experiencia en la región cómo se salía con la suya Hernández, respondió con amargura: “Porque lo dejamos. Miramos para otro lado «.
Para un político poderoso en América Latina, Juan Orlando Hernández es una figura poco imponente. A los cincuenta y tres años, es un hombre de anteojos de estatura media, peso medio, medio todo. Parece haber pasado toda la vida siguiendo la ruta más convencional disponible. El decimoquinto de diecisiete hijos, asistió a un bachillerato militar y estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde fue presidente del cuerpo estudiantil. Después de la universidad, trabajó como abogado y notario público. Su aventura más visible de joven fue una temporada en el extranjero en Albany, Nueva York, donde estudió administración pública en la universidad estatal.
Cuando Hernández ingresó a la política, en los noventa, se unió al conservador Partido Nacional, rival del centrista Partido Liberal. En 1997, fue elegido diputado de Lempira, su provincia de origen rural. Casado y con cuatro hijos, se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo y al aborto y favorece la lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas públicas. En su primer mandato como presidente, dirigió una purga de la corrupta fuerza policial hondureña y acordó cooperar con Estados Unidos en operaciones antinarcóticos. ¿Era este realmente el mismo hombre que prometió ayudar a los narcotraficantes a enviar cocaína a los Estados Unidos para, como dijo un testigo, “meter la droga en las narices de los gringos”?
Unas horas después de que se dictó la sentencia de Tony, Hernández grabó un mensaje de audio para sus leales. “Lo que pasó hoy es difícil para la familia, difícil para mí personalmente”, dijo con voz melancólica. “Me indigna, y parece increíble que el falso testimonio de los asesinos confesos se haya acreditado de esa manera”. Continuó: “Tarde o temprano se mostrará quién es quién en Honduras, qué hemos hecho y dejamos de hacer, porque entre el Cielo y la tierra no se esconde nada”.
A pesar de la sugerencia de transparencia, las apariciones de Hernández desde entonces se han limitado principalmente a eventos estrictamente controlados: dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas, inaugurar una nueva Embajada de Honduras en Jerusalén. Los medios de comunicación financiados por el gobierno evitan mencionar las acusaciones en su contra. Antes de ir a Honduras, mantuve correspondencia durante meses con los ministros de comunicaciones de Hernández, pero una vez que llegué, sus funcionarios se negaron a hablar conmigo. La mayoría de los hondureños no están convencidos de las negativas de Hernández. En la capital, Tegucigalpa, los muros están marcados con grafitis burlándose del presidente: “ Fuera JOH ” (“JOH, lárgate”) o simplemente “JOH Narco».
En la Avenida “Francisco Morazán”, un bulevar comercial que lleva el nombre del héroe nacional de Honduras del siglo XIX, los grafitis comparten espacio con vallas publicitarias de Popeyes, McDonald’s y KFC, una pequeña señal de la simbiosis con Estados Unidos que ha definido a Honduras durante un siglo. La relación ha aportado pocos beneficios aparentes. Cuando visité Tegucigalpa por primera vez, en los años setenta, los bosques de pinos cubrían las montañas circundantes, pero fueron recortados a medida que la ciudad se expandía. En su lugar, los tugurios han crecido en franjas de tierra roja excavadas en las laderas. Más de un millón de personas viven en la ciudad y muchas de ellas son pobres. Las pandillas gobiernan la vida en la mayoría de los vecindarios. Tegucigalpa es una ciudad de muros de seguridad y alambre de púas, donde los ricos se mueven en carros blindados. La Embajada de los Estados Unidos está protegida por muros reforzados, de un tipo que se ve más comúnmente en el Medio Oriente; en las cercanías se está construyendo una nueva y vasta embajada.
A lo largo de los años, Hernández ha demostrado ser un experto en cultivar políticos estadounidenses. Tim Rieser, asistente del senador Patrick Leahy que ha trabajado durante décadas en política exterior, recordó que Hernández visitó Washington y lo invitó a reunirse en el Willard InterContinental, un hotel Beaux-Arts cerca de la Casa Blanca. “Me dijo cuánto amaba los derechos humanos; de hecho, usó el término ‘amor’”, dijo Rieser. “JOH es un político refinado. Lo llama por su nombre de pila y le dice a la gente en Washington lo que quieren oír. Para mí, se trataba de derechos humanos. Con otros, se trata de capturar a los narcotraficantes”.
Bajo la Administración Trump, los funcionarios estadounidenses elogiaron a Hernández como un socio confiable en temas delicados, incluidos los esfuerzos antiterroristas y antinarcóticos. Quizás lo más significativo fue la voluntad de Hernández de ayudar a Trump a frenar la inmigración, especialmente de Honduras, desde donde una sucesión de «caravanas» de migrantes muy publicitadas se había dirigido hacia los Estados Unidos.
Según estimaciones, hay al menos quinientos mil hondureños en Estados Unidos, más de la mitad de ellos indocumentados; la mayoría ha venido en las últimas dos décadas. Honduras, país siempre pobre, se ha visto cada vez más acosado por una corrupción arraigada, huracanes devastadores y una falta persistente de puestos de trabajo. Como me dijo Mauricio Díaz Burdett, director de un importante grupo de expertos hondureños: “La gente no emigra a Estados Unidos en busca del Sueño Americano. Van allí para sobrevivir ”.
Sin embargo, Hernández firmó un acuerdo de “tercer país seguro”, que permitía a los inmigrantes que llegaban a la frontera sur de Estados Unidos en busca de asilo ser enviados a Honduras para presentar sus reclamos allí. Los activistas señalaron que Honduras, que tiene una de las tasas de homicidios más altas del hemisferio, no era de ninguna manera un país seguro, pero Trump estaba complacido. Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, se reunió con Hernández en Tegucigalpa y elogió a Honduras como un «socio valioso y probado».
La asistencia más importante de la Administración a Hernández se produjo al comienzo de su segundo mandato, en 2017. La constitución del país históricamente limitaba a los presidentes a un mandato, pero un controvertido fallo de la Corte Suprema había levantado la restricción, permitiéndole postularse nuevamente. La elección se vio empañada por denuncias de fraude y por protestas que resultaron en al menos veintidós civiles muertos. Sin embargo, después de un recuento, el tribunal electoral hondureño con sello de goma afirmó la victoria de Hernández. Unos días después, también lo hizo la Administración Trump. En 2019, mientras los fiscales abogaban por su caso contra Tony Hernández, la embajada de Estados Unidos tuiteó elogios por su “fuerte relación” con Honduras.
Cresencio Arcos, ex embajador de Estados Unidos en Honduras, describió la naturaleza transaccional de la relación de los funcionarios estadounidenses con el gobierno allí: “Lo más importante para nuestro pueblo es su acceso a las élites. No importa si han cometido abusos contra los derechos humanos o incluso si son narcotraficantes. JOH es un sinvergüenza malvado, y nos engañó porque descubrió que al apoyarnos en la interdicción de drogas y los migrantes podría chantajearnos para que lo acompañáramos «.
En enero de 2021, pocos días después de que Kamala Harris tomara posesión como vicepresidenta, se le informó sobre las acusaciones contra el presidente Hernández. Un funcionario que estaba presente dijo que Harris, un exfiscal, tuvo una respuesta inmediata: «Vamos a buscarlo ahora». (Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el equipo de la vicepresidenta nunca la había escuchado decir algo así). Los asistentes informaron a Harris que el gobierno de EE. UU. Tenía una política no escrita de larga data contra la acusación de jefes de Estado en funciones, aunque el funcionario agregó que él personalmente le gustaría «cortarle las rodillas».
Un alto funcionario de Biden me dijo que la Administración tenía la intención de trabajar en torno a Hernández, al interactuar con otros niveles del gobierno hondureño, y evitaría enviar funcionarios de visita mientras él permaneciera en el cargo. Gran parte de este trabajo incómodo recaerá en Ricardo Zúniga, el enviado especial recién nombrado para el Triángulo Norte, como se llama a Honduras, Guatemala y El Salvador. En varios viajes de este año, Zúniga se ha abstenido de hacer escala en Honduras. En cambio, ha mantenido reuniones de Zoom con líderes de la sociedad civil y del sector privado.
La Administración definió a Centroamérica como una prioridad desde el principio, sobre todo por la forma en que Trump había armado las preocupaciones sobre la inmigración. Unos días después de la toma de posesión de Joe Biden, un asesor presidencial sobre asuntos fronterizos entre Estados Unidos y México me dijo: «No se trata de si habrá una crisis, sino de cuándo. «Desde entonces, cientos de miles de personas han sido detenidas al intentar cruzar la frontera sur. Es una emergencia crónica con ramificaciones políticas crecientes. El alto funcionario de Biden me dijo: “La cuestión es que estos países tienen la capacidad de cambiar el resultado de las próximas elecciones estadounidenses. Si podemos cambiar las cosas un poco para mejor, habremos hecho mucho».
Poco después de asumir el cargo, Biden entregó la cartera de Centroamérica a Harris. El nuevo vicepresidente tenía poca experiencia con la diplomacia internacional y ninguna experiencia especial en América Latina. Biden parecía indiferente y señaló que había llevado el mismo informe cuando era vicepresidente. Pero muchos legisladores y analistas en Washington me dijeron que la situación en el Triángulo del Norte se ha deteriorado significativamente desde la era de Obama. Eric Olson, un experto en Centroamérica de la Seattle International Foundation, señaló que décadas de intervención estadounidense habían empeorado las cosas de muchas maneras. “Centroamérica no ha aterrizado bien y es difícil argumentar que la política estadounidense ha sido un éxito”, me dijo. Estados Unidos ha ayudado a los gobiernos de esta región, ignorando la corrupción y los abusos de poder. “No consideramos estas cosas tan importantes mientras estuvieron de nuestro lado en la Guerra Fría”, dijo Olson. “Se ha desperdiciado mucha ayuda exterior, y ahora hay mucho cinismo” sobre las intenciones de Estados Unidos. “La nueva Administración sabe que no puede hacer negocios como de costumbre en Centroamérica. ¿Tendrán éxito? A la larga, posiblemente. A corto plazo, me temo que no «.
Roberta Jacobson, quien trabajó durante décadas como diplomática estadounidense especializada en América Latina, llamó al Triángulo del Norte «un cáliz envenenado». Harris y Zúniga necesitan socios confiables, pero la voluntad de Estados Unidos de alentar a los déspotas ha dejado a la región en gran parte en manos de autócratas corruptos. Como dijo Jacobson: «¿En quién se puede confiar?»
El alto funcionario de Biden reconoció que incluso el viejo libro de jugadas de apuntalar a autócratas despiadadamente efectivos ya no parecía factible. «Si hubiera un autoritario eficiente como Lee Kuan Yew, tal vez miraríamos para otro lado», dijo. «Pero no lo hay».
En su opinión, el líder centroamericano más preocupante es Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. «Está haciendo toda la lista de tareas autoritarias: demonizando a sus enemigos, dominando la asamblea legislativa y luego controlando a su población a través de los medios», dijo. Bukele, un ex gerente de un club nocturno de cuarenta años, es un populista abrasivo que tuitea sin restricciones. (Se llevaba notablemente bien con Trump, a quien una vez describió en una conferencia de prensa como «muy agradable y genial»). Bukele asumió el cargo en 2019 y se ha vuelto enormemente popular gracias a un programa eficaz de reducción del crimen y una respuesta relativamente eficiente a la pandemia de Covid-19. Pero también ha socavado implacablemente las instituciones democráticas. En 2020, ordenó la entrada de tropas armadas al Congreso salvadoreño para obligar a los legisladores a facilitar la compra de nuevos equipos de seguridad. En mayo pasado, despidió al fiscal general del país y reemplazó a cinco magistrados de alto rango de la Corte Suprema con sus propias elecciones. Después de que el vicepresidente Harris, entre otros críticos, registrara “profundas preocupaciones sobre la democracia de El Salvador”, Bukele tuiteó: “Estamos limpiando nuestra casa. . . y eso no es de tu incumbencia «.
Unas semanas más tarde, Bukele puso fin a la cooperación de su país con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador, un grupo, respaldado por la Organización de Estados Americanos, que había estado investigando la corrupción en su gobierno. En septiembre, la Corte Suprema de Bukele dictaminó que los presidentes pueden cumplir dos mandatos consecutivos, lo que le permite postularse para la reelección en 2024. El principal diplomático estadounidense en El Salvador lamentó la medida como un «declive de la democracia». Días después, Bukele cambió su biografía de Twitter a «El dictador más genial del mundo».
A fines de junio, Harris realizó su primer viaje al extranjero como vicepresidenta, con una escala en México y una visita a Guatemala. Con Hernández un paria y Bukele abiertamente desafiante, Guatemala era el único país del Triángulo Norte donde la Administración podía esperar reunir una apariencia de cooperación oficial.
El viaje no salió bien. En una conferencia de prensa con el presidente Alejandro Giammattei, Harris anunció un nuevo grupo de trabajo liderado por Estados Unidos para supervisar los esfuerzos anticorrupción. “Puedo decirte por mi trabajo en este tema: sigue el dinero”, dijo. Seguramente había dinero para seguir. En 2007, la ONU había creado una comisión de investigación en Guatemala, que ayudó a asegurar el enjuiciamiento de dos presidentes, un vicepresidente y decenas de otros funcionarios, antes de ser desmantelado por el predecesor de Giammattei.
Ahora, el principal organismo anticorrupción del país era la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, que Harris mencionó de manera intencionada, prometiendo el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Giammattei, visiblemente incómodo, negó la mala conducta de su administración y prometió ayudar en los esfuerzos de Estados Unidos. Pero, cuando hablé con Giammattei varios días después, se quejó de la intromisión de los sistemas judiciales internacionales y dijo que se oponía a llamar a la nueva unidad anticorrupción un «grupo de trabajo». Dijo: “Me recuerda a los años ochenta”, una década en la que Estados Unidos utilizó la perspectiva de la ayuda exterior para tratar de contener al ejército de Guatemala durante una sangrienta guerra civil.
Poco tiempo después me reuní con Juan Francisco Sandoval, quien en ese momento dirigía la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. Cuando describí las preocupaciones de Giammattei, respondió diplomáticamente: «El presidente tiene derecho a opinar y es un hombre temperamental». Sin embargo, Sandoval agradeció al vicepresidente Harris por ofrecer su apoyo. Riendo, dijo: «Al menos ahora sé que hay un lugar al que puedo escapar». Un mes después, Sandoval fue destituido de su cargo y huyó a Estados Unidos. En una conferencia de prensa antes de salir del país, sugirió que lo habían expulsado porque su oficina estaba investigando pruebas de que Giammattei había aceptado sobornos de inversores rusos en la sombra. Poco después, se emitió una orden de arresto contra Sandoval.
En Nicaragua, las normas democráticas están bajo un ataque aún más directo. Durante el verano, el líder sandinista Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, arrestaron a decenas de activistas cívicos y políticos de la oposición, incluidos ocho candidatos en las elecciones presidenciales de este otoño. Incluso los viejos camaradas se han convertido en objetivos. Ortega dictó orden de aprehensión contra su exvicepresidente, el novelista Sergio Ramírez, de 79 años, acusándolo de blanqueo de capitales, incitación al odio y “conspiración para atentar contra la integridad nacional”. Un alto asesor de la Casa Blanca dijo que creía que Vladimir Putin, un aliado cercano de Ortega, estaba instigando la represión, «solo para socavar a Estados Unidos».
Estados Unidos ha tenido pocos incentivos para cambiar la situación en Nicaragua; Históricamente, la mayoría de los migrantes de allí se han dirigido al sur, a Costa Rica, en lugar de a los Estados Unidos. En gran parte de la región, la Administración Biden ha tratado de ejercer presión con sanciones específicas. En julio pasado, el Congreso autorizó al Departamento de Estado a sancionar a varios funcionarios cercanos a Bukele, así como a otros de Guatemala y Honduras. La Lista Engel, como se conoció el registro de nombres, ha crecido desde entonces hasta incluir sesenta y dos personas en la región. A los de la lista se les revocó el derecho de visado estadounidense; también pueden enfrentarse a activos financieros congelados y, potencialmente, a un proceso penal.
Estos son pasos más agresivos que los que tomó la Administración anterior, pero es poco probable que produzcan un cambio radical. Edgar Gutiérrez, un excanciller guatemalteco que ahora es estratega político, me dijo: “Una de las características de los estados mafiosos, como los centroamericanos, es que son cada vez más insensibles a este tipo de presiones internacionales”. La migración y las remesas evitan que los ciudadanos se desesperen lo suficiente como para exigir un cambio; Los ejércitos cómplices protegen a los líderes corruptos de amenazas reales. “Sus fuentes de enriquecimiento y poder —la corrupción del presupuesto público, el floreciente comercio de drogas y el tráfico de personas— quedan intactas”, dijo Gutiérrez.
En 2015, cuando Biden era vicepresidente, visitó Capitol Hill para promover su solución para la emigración, que incluía la Estrategia de Estados Unidos para el Compromiso en Centroamérica y la Alianza para la Prosperidad. «Por lo que pude ver, era principalmente un eslogan, un reenvasado de lo que habíamos estado haciendo», dijo Rieser, el asistente del Congreso. “Recuerdo haberle dicho que no teníamos socios creíbles en los gobiernos nacionales de esos países. De todos modos siguieron adelante «. Los programas triplicaron los gastos de Estados Unidos en Centroamérica, a más de $ 3.6 mil millones. Pero, a pesar de algunos éxitos locales, los planes no detuvieron el declive de la región. En 2019, Trump restringió la ayuda durante siete meses, como palanca para nuevas restricciones migratorias.
Durante la campaña 2020, Biden renovó sus esfuerzos, con el optimista Plan para construir seguridad y prosperidad en asociación con la gente de Centroamérica. El plan pedía gastar cuatro mil millones de dólares para abordar las condiciones que fomentan la emigración, desde la corrupción y la violencia hasta la pobreza y el cambio climático.
En mayo pasado, Harris emitió un «Llamado a la acción», instando a las empresas y organizaciones internacionales a comprometerse a «compromisos significativos para ayudar a enviar una señal de esperanza a la gente de la región y abordar de manera sostenible las causas fundamentales de la migración». Chobani y Nespresso se inscribieron. Microsoft prometió ampliar el acceso a Internet e invertir en tecnología para una mayor transparencia en el gasto público. Mastercard se comprometió a digitalizar un millón de pequeñas empresas.
Sin embargo, para tener éxito, la Administración necesitará el apoyo de la sociedad civil en los países del Triángulo Norte. Una tarde en Tegucigalpa, asistí a una reunión organizada por Fredy Nasser, un industrial que se cree que es uno de los hombres más ricos de Centroamérica, en las oficinas locales de su conglomerado, Grupo Terra. En una sala de juntas costosa y de buen gusto, Nasser sugirió que Grupo Terra podría ayudar al plan de la Administración para la región; quizás Unitec, una universidad privada que su familia había adquirido recientemente en Tegucigalpa, podría transformarse en un centro educativo, con un grupo de expertos trabajando en problemas centroamericanos. Con el tipo de respaldo adecuado, dijo, también podría brindar a los hondureños un mejor acceso a la educación, a través de becas para estudiantes rurales.
Nos acompañó el cuñado de Nasser, Miguel Mauricio Facussé, un hombre afable, de cabello rubio rojizo de poco más de cincuenta años. Facussé estaba entusiasmado con la posibilidad de que los objetivos de la Administración coincidieran con los de su empresa, Dinant, un consorcio con intereses en aceite de palma, bocadillos y detergente. Señaló que Dinant empleaba directamente a cerca de ocho mil hondureños y proporcionaba sustento a veintidós mil más. Con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, dijo, la compañía podría expandir sus operaciones y mejorar la vida de muchos otros.
Había una complicación potencial: durante gran parte de la última década, Dinant fue conocida entre las organizaciones de derechos humanos. La empresa fue fundada por el padre de Facussé, Miguel, quien falleció en 2015 como uno de los hombres más ricos del país. Su negocio se construyó en parte sobre una vasta red de plantaciones de palma africana, adquiridas con la ayuda de una ley, aprobada en 1992, que permitía vender pequeñas parcelas personales en cooperativas campesinas a propietarios privados. Mientras Facussé compraba miles de acres, los activistas lo acusaron de malversación y comenzaron a invadir su tierra. En el conflicto que siguió, decenas de personas murieron, la mayoría de ellos activistas y agricultores asesinados en ejecuciones que grupos de derechos humanos han vinculado a la fuerza de seguridad privada de Facussé.
“Fue como una guerra civil”, me dijo Miguel Mauricio Facussé, en las oficinas de Grupo Terra. Pero, argumentó, la violencia realmente la habían llevado a cabo agricultores y activistas, no los hombres de seguridad de la empresa. Diecisiete guardias de Dinant habían muerto, dijo, y los invasores de tierras habían ocupado casi un tercio de los palmerales de la familia. Admitió que el conflicto se había aliviado después de que Dinant consintiera en desarmar a sus guardias. Pero señaló con orgullo que la empresa había aceptado un estricto código de conducta, supervisado por un bufete de abogados en Washington, DC.
Me dijo que las invasiones de tierras continuaban, algunas de ellas aparentemente respaldadas por el crimen organizado. Aquí es donde Estados Unidos podría ayudar a Dinant, sugirió, alentando al gobierno hondureño a defender el Estado de Derecho. Me ofreció mostrarme la situación en su principal plantación de aceite de palma y planta de fabricación de alimentos, en Tocoa, en el norte. Podríamos ir en helicóptero. No fue un viaje largo y podríamos detenernos en la reserva de vida silvestre de su familia cercana.
La reserva de los Facussés, conocida como Farallones, es de doce mil acres de costa salvaje y colinas cubiertas de selva, hogar de jaguares, tapires y monos aulladores. Se encuentra en la costa de Trujillo, uno de los puertos utilizados por la United Fruit Company para enviar bananas. Fue una estadía en Trujillo lo que inspiró a O. Henry a escribir “Coles y reyes”, la historia en la que acuñó el término “república bananera”.
En la primera mitad del siglo XX, United Fruit era el empleador más grande de Centroamérica, con un control tan completo sobre la región que evocaba el dominio de la Compañía de las Indias Orientales en Asia. En Guatemala, fue cómplice del derrocamiento del presidente Jacobo Árbenz, respaldado por la CIA, después de que expropió las tierras de la empresa durante una reforma agraria. En Honduras, compró y vendió líderes. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos reveló en 1975 que la empresa había sobornado al gobierno del dictador hondureño general Oswaldo López Arellano para reducir los impuestos a la exportación de bananas. Poco después, el general fue derrocado en un golpe militar.
En Farallones, hay algunos recordatorios visibles de esa época, incluido el lecho de un ferrocarril operado por una subsidiaria de United Fruit llamada Truxillo Railroad Company. Cuando vivía en la cercana costa hondureña, en los años setenta, se decía que, si asesinabas a alguien y arrojabas su cuerpo a las vías, era responsabilidad de la empresa bananera lidiar con las legalidades consiguientes, una carga del papel de hacedor de reyes.
Las vías del ferrocarril en Farallones hace tiempo que fueron demolidas y las fincas bananeras de la zona han sido reemplazadas en su mayoría por palma africana. También ha habido otros cambios. Durante las últimas dos décadas, las pistas de aterrizaje de las plantaciones locales se han convertido en un lugar preferido por los narcotraficantes que buscan desembarcar discretamente cargamentos de cocaína camino a Estados Unidos. El banano ha dejado de ser la principal fuente de corrupción de Honduras; ahora es cocaína.
En 2004, uno de esos aviones, probablemente con una tonelada de cocaína, fue destruido en la pista de aterrizaje de Farallones. Facussé, el patriarca de la familia, se burló de las sugerencias de que era cómplice y dijo: «Los narcos están construyendo aeropuertos por todas partes». En un cable del Departamento de Estado hecho público por WikiLeaks, el embajador de Estados Unidos informó que Facussé afirmó que sus guardias habían visto el avión y le habían disparado, provocando que estallara en llamas. Pero el embajador también presentó una historia diferente, de una fuente en las fuerzas del orden: el avión había aterrizado en la pista de aterrizaje de Farallones, mientras Facussé estaba presente en la finca, y su cargamento fue descargado en un convoy custodiado por hombres fuertemente armados. Solo entonces el avión fue quemado y enterrado con una excavadora, como para ocultar las pruebas.
En Tocoa, me dieron un recorrido por las instalaciones de aceite de palma y me presentaron a los empleados, quienes hablaron de su agradecimiento a Dinant por brindar empleos. Una mujer lloró al recordar haber sido amenazada por invasores terrestres. Un joven robusto que dirigía las fuerzas de seguridad habló con lealtad sobre el historial de derechos humanos de Dinant y condenó a los «terroristas» que habían invadido sus plantaciones.
Pero, en una reunión con líderes comunitarios en un asentamiento en las afueras de una de las plantaciones, la gente estaba más preocupada por la pobreza. Un hombre, que pidió el anonimato, dijo que muchas personas que no trabajaban para Dinant no ganaban más de tres o cuatro dólares al día, no lo suficiente para mantener a una familia, por lo que era tentador huir. Ocho de sus familiares ya habían emigrado a Estados Unidos. “El dilema es entre quedarse aquí sin nada o tomar la carretera y dirigirse al norte, y posiblemente perder la vida en el proceso”, dijo.
A los pequeños agricultores les resultaba difícil mantenerse a sí mismos. Cuando el padre de Facussé compró gran parte del área circundante, dijo el hombre, algunos agricultores se sintieron presionados para vender sus tierras. Su propio padre había vendido, dijo: «Cuando vio que era su tierra o su vida o la de su familia, la entregó».
En Farallones, Facussé me mostró la colección familiar de ciervos rojos y ciervos ejes importados, así como un establo que albergaba una pareja de finos sementales blancos. Explicó que eran descendientes de un semental que Fidel Castro le había regalado a su padre, cuando los dos empezaron a trabajar juntos para traer plantaciones de palma a Cuba. (Según los informes, el programa terminó después de que funcionarios estadounidenses pidieran a Facussé que se detuviera).
A lo largo de una pista de tierra, Facussé señaló la notoria pista de aterrizaje. Estaba en gran parte cubierto de maleza y tenía cables de metal pesado extendidos para frustrar a los narcotraficantes. A pesar de los obstáculos, un avión narco había aterrizado allí un par de años antes. Los guardias del complejo habían cortado los cables.
Edgar Gutiérrez, el excanciller guatemalteco, me dijo: “Creo que la idea de Biden de trabajar con la sociedad civil y no con los gobiernos es romántica pero no muy realista”. Washington, sugirió, estaba pagando el precio por su atención intermitente a Centroamérica. “Tiende a lidiar con crisis inmediatas en la zona, y cuando se convierten en sistémicas no sabe cómo abordarlas”, dijo. «Los cuatro años de Trump agravaron esto y dejaron a estos países en un estado de deterioro aún mayor». En ausencia de una gobernanza sólida, la sociedad civil podría proporcionar algunos logros modestos en el desarrollo, dijo, pero «no puede reemplazar las funciones de un estado-nación».
¿Cómo falla un Estado-Nación? En la novela de 1969 «Conversación en la catedral», sobre una dictadura militar corrupta en Perú, Mario Vargas Llosa planteó una versión de esa pregunta: «¿En qué momento preciso se había cagado el Perú?» Cuando los hondureños preguntan lo mismo, muchos dicen que la respuesta comienza en los años ochenta, cuando el gobierno de Estados Unidos convirtió a su país en un frente en la Guerra Fría.
El ímpetu fue el régimen socialista de Daniel Ortega en Nicaragua, que el presidente Ronald Reagan describió como un «peligro creciente en Centroamérica que amenaza la seguridad de Estados Unidos». Estados Unidos abrió una base militar en expansión, llamada Palmerola, en Honduras, e invirtió dinero en el ejército del país. La CIA también lanzó un programa encubierto para desestabilizar a Ortega, al organizar un grupo de rebeldes conocidos como los Contras. Se establecieron campamentos secretos a lo largo de la frontera y los Contras lanzaron incursiones en Nicaragua, mientras sus líderes se reunían con los manejadores de la CIA en Tegucigalpa. Cuando el Congreso descubrió el programa y ordenó su cierre, la Casa Blanca eludió la prohibición con un ardid: operativos estadounidenses vendieron armas a Irán y canalizaron las ganancias a los combatientes de la Contra en la jungla centroamericana.
Dentro de Honduras, el ejército respaldado por Estados Unidos reprimió brutalmente cualquier intento de insurgencia. Cuando un puñado de marxistas se coló por la frontera con Nicaragua, fueron rápidamente perseguidos y asesinados. En las ciudades, los asesinos del gobierno atacaron a los radicales del campus y simpatizantes de los sindicatos. Entre sus presuntas víctimas estaba el padre de Ricardo Zúniga, el enviado especial de Estados Unidos para la región. Ex comandante del ejército hondureño, el padre de Zúniga había hablado con el Congreso de los Estados Unidos sobre los asesinatos y poco después fue encontrado torturado hasta la muerte.
Al reprimir brutalmente a la izquierda, Honduras escapó de las guerras civiles que devastaron a sus vecinos, pero tampoco experimentó la reconciliación que siguió. Dan Restrepo, quien se desempeñó como asesor de seguridad nacional para América Latina durante el primer mandato del presidente Obama, me dijo: “Los procesos de paz al menos ayudaron a metabolizar los conflictos ideológicos que llevaron a las guerras civiles, pero en Honduras fue como si el nunca se había pasado la página «.
A lo largo de la década de los ochenta, las drogas y la política internacional estuvieron inseparablemente entrelazadas en América Latina. Manuel Noriega, el dictador de Panamá, era un activo de la CIA y también estaba involucrado en el tráfico de drogas a gran escala. Cuando lo entrevisté en prisión, en 2015, me dijo que los estadounidenses le habían pedido que permitiera a los narcotraficantes colombianos lavar dinero en efectivo en bancos panameños. “Querían seguir el dinero”, dijo. Según una investigación del Senado, dirigida por John Kerry a fines de los años ochenta, Estados Unidos brindó asistencia a los Contras utilizando aviones propiedad de Juan Ramón Matta-Ballesteros, un infame narcotraficante hondureño.
Matta-Ballesteros, uno de los primeros socios de Pablo Escobar, se ha convertido en una leyenda en el inframundo del narco. Su innovación fue vincular el cartel de Medellín, en Colombia, con el cartel de Guadalajara, en México, completando una especie de superautopista de la cocaína a Estados Unidos. En Honduras, Matta-Ballesteros corrompió a políticos, militares y policías. También se sospecha que participó en la tortura y el asesinato de un agente estadounidense de la DEA en 1985. Tras el asesinato, Matta-Ballesteros vivía abiertamente en Tegucigalpa, protegido por legisladores que señalaron que la constitución de la nación prohibía su extradición. Después de tres años, el gobierno hondureño finalmente lo vendió; lo obligaron a subir a un avión y lo transportaron a los EE. UU. En Honduras, su arresto provocó disturbios generalizados, ya que unos mil quinientos manifestantes marcharon hacia la embajada de EE. UU. irrumpió en su anexo y le prendió fuego. Cinco murieron en los disturbios.
En estos días, Matta-Ballesteros se encuentra en una prisión federal en los Estados Unidos, a treinta y un años de cadena perpetua por tráfico de drogas y otros cargos. Pero la red que construyó en Honduras ha crecido, subsumiendo al gobierno y la sociedad civil. «El dinero del narco es demasiado abrumador», dijo un observador político. “Hace que hacer lo incorrecto sea fácil, y este país ha caído en eso. Nadie teme consecuencias por nada, por el nivel de impunidad ”.
Un momento decisivo llegó en junio de 2009, cuando el presidente Manuel (Mel) Zelaya fue expulsado de su cargo en un golpe de Estado. Zelaya, un exuberante político con un característico sombrero de vaquero blanco, se había postulado como un populista conservador y luego sorprendió al país al aliarse con Hugo Chávez y Raúl Castro. Las élites empresariales conservadoras de la nación y sus fuerzas armadas, temerosas de una incursión izquierdista, se unieron para derrocarlo. Zelaya fue secuestrado un domingo por la mañana temprano y empujado, todavía en pijama, a un avión fuera del país.
Unos meses después se celebraron nuevas elecciones y el ganador fue Porfirio Lobo Sosa, del conservador Partido Nacional. Mientras el gobierno de Estados Unidos determinaba su posición sobre el golpe, Restrepo visitó a funcionarios del nuevo gobierno. «Fue como entrar en una máquina del tiempo», dijo. “Todos eran Cold Warriors latinoamericanos de la vieja escuela. Vieron a Chávez detrás de cada árbol y aparentemente tenían una profunda desconfianza hacia la población en general ”. Restrepo encontró a Lobo «un tipo decepcionante, un traje muy vacío». Pero, dijo, «no había una forma realmente buena de reintegrar a Zelaya, por lo que se convirtió en una cuestión de que se les acabara el tiempo». La secretaria de Estado Hillary Clinton aceptó las elecciones y el golpe parecía imposible de revertir.
En el cargo, Lobo pidió la “reconciliación nacional” y comenzó a formar un equipo. Juan Orlando Hernández, quien para entonces había cumplido tres mandatos como legislador, se convirtió en presidente del Congreso de Honduras. Pero el país se deterioró rápidamente, con la violencia desenfrenada de las pandillas y los frecuentes asesinatos de periodistas, políticos y activistas por los derechos territoriales. Gran parte del caos estaba evidentemente relacionado con las drogas, aunque no estaba claro quién estaba detrás de todo.
Luego, en 2015, dos hermanos hondureños, Devis y Javier Rivera Maradiaga, se entregaron a las autoridades estadounidenses. Los Rivera Maradiaga habían comenzado como ladrones de ganado antes de formar una organización de narcotráfico conocida como Los Cachiros. Su negocio les había traído una enorme riqueza, incluida una cartera de propiedades por valor de cientos de millones de dólares, pero se sentían cada vez más amenazados. Estados Unidos había anunciado sanciones en su contra y las autoridades hondureñas habían comenzado a incautar sus activos. Temiendo por sus vidas, llegaron a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y comenzaron a cooperar. Su testimonio reveló la extraordinaria medida en que el narcotráfico había penetrado la vida hondureña.
Devis Rivera Maradiaga reconoció la responsabilidad por los asesinatos de setenta y ocho personas, incluido el zar antidrogas de Honduras, su asesor de seguridad nacional y un destacado periodista. El testimonio de los hermanos implicó a algunas de las personas más destacadas del país. Junto a Tony Hernández, estaba Yani Rosenthal, quien había estado en el gabinete de Mel Zelaya. Rosenthal se declaró culpable de lavado de dinero; en 2017, fue sentenciado a tres años en una prisión estadounidense. Según el testimonio de los hermanos, altos funcionarios y familiares cercanos de tres de los presidentes más recientes de Honduras habían estado involucrados en el tráfico de drogas. Las acusaciones también implicaron a dos de los propios presidentes: no solo a Hernández, sino a su predecesor, Porfirio Lobo.
El ex presidente Lobo me recibió una tarde en su departamento de Tegucigalpa. Ocupaba un piso entero de un edificio de reciente construcción, que se elevaba sobre un vecindario de recintos privados amurallados que albergan a algunos de los ciudadanos más ricos de Honduras. Juan Orlando Hernández vive cerca.
En el vestíbulo, los hombres de seguridad rociaron las suelas de mis zapatos con antiséptico antes de pasarme. Todas las superficies del apartamento de Lobo eran relucientes: suelos de mármol blanco, altas paredes blancas y un techo abovedado. Ventanas panorámicas daban hacia la Basílica de Suyapa, que alberga un icono del siglo XVIII de la santa patrona virgen de Honduras. Los barrios bajos estaban lo suficientemente lejos en la distancia como para no estropear la vista.
Mientras un sirviente me conducía a un sofá, una mujer de mediana edad me saludó y luego desapareció. Se trataba de la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, quien, luego del mandato de su esposo, había sido condenada a cincuenta y ocho años de prisión por fraude y malversación de fondos públicos. Cumplió dos años y medio y fue liberada en 2020, luego de que la Corte Suprema de Honduras anulara su condena y ordenara un nuevo juicio.
Lobo entró en la sala de estar, vestido con una camisa a cuadros y jeans y desprendiendo el aire relajado de un hombre en una cómoda jubilación anticipada. Ha estado fuera de su cargo durante siete años, pero comenzó nuestra charla con una larga recitación de sus logros presidenciales. Cuando le pregunté sobre las acusaciones contra el presidente Hernández, sonrió y me dijo: “Se dice que hay dos cosas en esta vida que no se pueden ocultar: el embarazo y la riqueza”.
«¿Entonces crees en los rumores de su participación en el narcotráfico?» Yo pregunté. Lobo asintió. El poder del narcotráfico era muy real, dijo. Su propio hijo, Fabio, había sido sorprendido colaborando con Los Cachiros, atrapado por una operación encubierta en la que agentes de la DEA, haciéndose pasar por traficantes de drogas mexicanos, lo persuadieron para que ayudara a contrabandear varias toneladas de cocaína. Fabio se declaró culpable en un tribunal del Distrito Sur de Nueva York en 2016 y fue sentenciado a veinticuatro años de prisión. Lobo me dio una mirada suplicante. “Tengo cinco hijos, pero Fabio es el único nacido fuera del matrimonio”, dijo. Añadió, con tristeza: «No ejercí suficiente control sobre él».
El propio presidente Lobo había sido acusado de lucrarse con el negocio de las drogas. Uno de los hermanos Rivera Maradiaga afirmó que lo habían sobornado durante y después de su elección. A cambio, Lobo supuestamente había ofrecido protección política y había designado a Fabio como enlace de seguridad. Lobo lo negó e insistió en que su familia estaba siendo perseguida por enemigos políticos. “Cuando mi hijo Fabio fue sentenciado en 2017, a los fiscales se les ocurrió la historia de que yo era el jefe de los narcos y mi hijo era mi lugarteniente”, dijo. Debido a que Fabio no se había vuelto visiblemente más rico, dijo Lobo, era «lógico que la gente hubiera llegado a la conclusión de que yo era el que recibía las recompensas». Miré alrededor del apartamento, viendo un piano de cola, cristal Lalique, esculturas de tortolitos. Pero todo eso fue un malentendido, dijo Lobo.
Sin embargo, Lobo dijo que había mantenido buenas relaciones con el embajador estadounidense y había sido alabado por su liderazgo por parte del gobierno estadounidense. Lobo señaló que había tratado de reconciliar al país luego del golpe que lo llevó al poder. Entre sus logros estuvo un pacto que firmó con Zelaya que le permitió regresar del exilio.
En los últimos meses, la tolerancia de los estadounidenses parece haber terminado. El 1 de julio, Lobo y su esposa fueron incluidos entre los “actores corruptos y antidemocráticos” en la Lista Engel del Departamento de Estado. Ya no podrían viajar a Estados Unidos, y Lobo parecía más propenso a enfrentar cargos de tráfico de drogas en el Distrito Sur de Nueva York. Lobo levantó las manos; dijo que era lo que esperaba. “Estoy en esa lista por presunción de culpabilidad, por supuestamente hacer favores a Los Cachiros”, dijo. “Pero Juan Orlando Hernández no está en eso. Sin él es un churro»-una broma. Señaló que los Hernández, a diferencia de su familia, habían mostrado una acumulación de riqueza “exagerada”. “Hay corrupción en todos los gobiernos, pero nada como éste”, dijo. La evidencia fue visible en Gracias, la ciudad natal de Hernández. “Si vas a Gracias”, dijo, “verás que hubo un gran salto en sus ingresos”.
Gracias se encuentra enclavada en montañas cubiertas de pinos, a seis horas en automóvil al oeste de Tegucigalpa; el camino es tortuoso y con muchas picaduras, a excepción de las últimas veinte millas, que están bellamente pavimentadas. Aquí es donde se criaron Tony y Juan Orlando Hernández y sus quince hermanos y hermanas, hijos de un ex coronel del ejército tres veces casado que era dueño de una finca de café allí.
Gracias no parece un pueblo narcotraficante. Tiene una sensación de prosperidad rústica, con calles adoquinadas, una iglesia encalada del siglo XVI y una plaza con enormes árboles de sombra y tranquilos cafés. Muy cerca se encuentra la Posada de Don Juan, un elegante hotel de estilo colonial propiedad de la familia Hernández. No hay autos llamativos ni mansiones a la vista, y las casas de dos hermanos Hernández que me señalaron parecían valientemente de clase media.
Un amigo hondureño me presentó a un hombre de unos cincuenta años que creció con Juan Orlando Hernández. Cuando nos sentamos, estaba visiblemente nervioso. Con voz entrecortada, confirmó que él y Juan Orlando habían ido juntos a la escuela, pero dijo que sus padres lo habían trasladado a otra escuela y habían perdido el contacto. Cuando le pregunté qué más podía decirme, mencionó que el padre de JOH había sido coronel.
«¿Qué hay de Tony?» Yo pregunté. «¡Oh, sí, Tony!» exclamó el hombre, como si se hubiera olvidado por completo de él. Después de una pausa, dijo: «Cuando se trata del presidente, nadie por aquí hablará mal de él». Nadie que él conocía había visto jamás un cargamento de droga en Gracias, por lo que los testimonios que se habían dado contra los hermanos Hernández en Nueva York parecían tantas falsedades.
¿Estaba diciendo que el sistema de justicia de Nueva York, los jueces, los fiscales y los testigos, estaba inventando cosas? Pensó por un momento y admitió: «Todo se sabe aquí en el pueblo». Hubo un tiempo, dijo, en que el narcotráfico era dueño del pueblo y todos miraban para otro lado, para no terminar muertos. Había habido muchos rumores sobre Tony, quien organizaba corridas de toros y organizaba fiestas caras con sus amigos, personas a las que las autoridades estadounidenses han identificado como narcotraficantes. (Un portavoz del presidente Hernández lo negó).
Después de hablar, conduje hasta un área fuera de la ciudad donde me dijeron que los hermanos Hernández y algunos de sus compinches habían construido casas. Un nuevo camino conducía a una verde ladera, donde amplias villas miraban hacia los techos de tejas rojas de Gracias y las montañas más allá. Cuando les pregunté a dos mujeres de la localidad cómo llegar a la casa del presidente, sonrieron con complicidad y señalaron un camino de tierra que conducía a un profundo bosque de pinos. Lo seguí hasta que me encontré junto a una valla alta cubierta con tela verde. Se extendía por todo el borde de la carretera, ocultando todo el interior de la vista.
Antes de irme de Gracias, le pregunté al excompañero de Hernández qué pensaba que le pasaría al presidente. Honduras tiene elecciones programadas para este mes y, con Hernández terminando su último mandato, los funcionarios estadounidenses creen que puede ser acusado por el Distrito Sur de Nueva York tan pronto como deje el cargo. Muchos especulan que intentará eludir la constitución y postularse nuevamente, o incluso cancelará las elecciones. “Tiene poder y sabe que es su única protección, así que no lo va a ceder”, dijo el compañero de escuela. «Haga lo que haga, no se dejará llevar por los gringos así».
En junio, la Organización de Estados Americanos convocó a votación para condenar los abusos perpetrados por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Una gran mayoría de los miembros aprobó la resolución, pero el gobierno de Hernández se abstuvo. Los hondureños especularon que estaba tratando de congraciarse con Ortega, esperando refugio en Nicaragua cuando termine su mandato. No es un escenario impensable: dos ex presidentes salvadoreños acusados de corrupción ahora viven en Nicaragua, bajo la protección de Ortega.
Con sus opciones cada vez más reducidas, Hernández parece ansioso por demostrar su valor para Estados Unidos. A fines de octubre, Honduras extraditó al narcotraficante Fredy Donaldo Mármol Vallejo a Estados Unidos. En respuesta, el fiscal estadounidense a cargo del caso emitió un comunicado de prensa en el que expresaba su agradecimiento al gobierno hondureño. Hernández también puede estar buscando el apoyo de China. En los últimos años, varios países de la región, con la esperanza de cultivar a los chinos, han abandonado su reconocimiento diplomático de Taiwán. El Salvador lo ha hecho y ha sido recompensado con la promesa de importantes inversiones (un hecho que Bukele disfruta usar para burlarse de la Administración Biden). Varios centroamericanos prominentes me dijeron que creían que Hernández estaba considerando una medida similar. Recientemente ha estado respaldando una relación más estrecha con China, aparentemente para buscar vacunas Covid-19.
Si las elecciones continúan, los hondureños tienen pocas esperanzas de una ruptura radical con el pasado. Una de las principales candidatas es Xiomara Castro, la esposa de Mel Zelaya, el ex presidente derrocado, que la está ayudando en su campaña. Su aliado más fuerte es Salvador Nasralla, un presentador de televisión de 68 años que perdió ante Hernández en las controvertidas elecciones de 2017.
Los nominados por los dos partidos principales del país tienen sus propios vínculos con administraciones anteriores. El candidato del Partido Nacional es Nasry (Tito) Asfura, alcalde de Tegucigalpa. Asfura, un contratista y hombre de negocios, es un hombre hipercinético que se anuncia a sí mismo como “ Papi a la Orden ”: papá a su servicio. Como alcalde, ha pasado años destruyendo y reconstruyendo carreteras para aliviar los atascos; Tegucigalpa es un caos de obras y excavadoras. Está bajo investigación por presunta malversación de fondos públicos, pero hasta el momento nadie lo ha acusado de tener vínculos con traficantes de cocaína.
Asfura me conoció en Tegucigalpa una mañana, un hombre con bigote con jeans y botas de trabajo. Me dio un abrazo de oso y me saludó como “papito lindo”, un papi muy lindo. Durante más de una hora, habló en un barítono exaltado, rara vez se detuvo o incluso parpadeó, mientras describía su trabajo para renovar la ciudad. Siempre que mencioné las acusaciones contra el presidente y su hermano, Asfura habló sobre mí. Prefirió descartar las “noticias falsas” sobre la migración de hondureños. “No es cierto que todo el mundo esté huyendo”, exclamó. “La inseguridad ha disminuido. Juan Orlando ha hecho un buen trabajo”. Su solución fue dar microcréditos a los pobres, para que pudieran abrir pequeños negocios. “Lo que la gente necesita es trabajo”, dijo. “Hay que dar más seguridad a los inversores. Tenemos que abrirles nuestras puertas”.
Su oponente del Partido Liberal es Yani Rosenthal, el exmiembro caído en desgracia del gabinete del presidente Zelaya. Rosenthal regresó recientemente a Honduras, después de completar su período de prisión en los Estados Unidos, y volvió a entrar en la política, ganando las primarias de su partido por más de cien mil votos. Los funcionarios de Biden me dijeron que estaban alarmados por el rápido regreso de Rosenthal a la política y que se oponían firmemente a su candidatura.
La victoria de Rosenthal en las primarias desplazó al líder del Partido Liberal, Luis Zelaya. Un hombre pensativo de unos cincuenta años, Zelaya entró en la política hace unos años, después de más de una década como rector de Unitec. Zelaya estaba consternado de que su partido hubiera elegido como candidato a un narcotraficante convicto. Pero también le preocupaba que, si Asfura ganaba, Juan Orlando Hernández retendría el control del país. «Asfura puede afirmar que es su propio hombre», dijo Zelaya, «pero realmente será JOH».
Zelaya vio pocas razones para que los hondureños no huyeran. Dijo: “La embajada de Estados Unidos aquí trata de disuadir a los migrantes potenciales diciéndoles: ‘No se aventuren en lo desconocido’. Pero, la cuestión es que aquí no hay nada para ellos». Los hondureños representan menos de un tercio de la población combinada de los países del Triángulo Norte, pero casi la mitad de las personas detenidas en la ruta migratoria a Estados Unidos este año. Según un estudio reciente, seis de cada diez estudiantes hondureños preferirían irse del país después de terminar la escuela. En Unitec, Zelaya preguntó una vez a una asamblea de estudiantes: «¿Cuántos quieren salir del país?» Casi todos levantaron la mano.
Zelaya recordó esto como un terrible momento de la verdad. “Tuve la suerte de estudiar en el extranjero, pero nunca consideré no regresar al país”, dijo. “Eso ha cambiado ahora. Ya sea que vayan en American Airlines a Miami, como los niños con los que hablé, o en caravanas, todos quieren irse. El peligro es que esto deje al país en manos de personas que pueden hacer lo que quieran con él ”.
*/ Jon Lee Anderson , un escritor del personal, comenzó a contribuir con The New Yorker en 1998. Es autor de varios libros, incluido «Che Guevara: A Revolutionary Life».
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