La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), presentó este lunes un nuevo caso de corrupción, “Hermes”, que compete al desvío de más de 120 millones de lempiras a través de la empresa “de maletín” Servicios e Inversiones AID.
De acuerdo con la investigación la empresa suscribió 29 contratos desde inicios de 2014 hasta diciembre de 2016, supuestamente para manejar la publicidad en medios de comunicación, pero de acuerdo a Uferco el dinero se usó para compra de vehículos, viajes, préstamos, campaña política, montaje de empresas e incluso pago a futbolistas.
Y por si fuera poco, según el fiscal jefe de Uferco, Luis Javier Santos, este caso se vincula al impune “Caso Pandora” y además menciona que 77 periodistas recibieron pagos de entre 15,000 y 100,000 lempiras mensuales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público (MP), ha presentado este lunes un nuevo golpe a la corrupción del país. Se trata del caso “Hermes” que involucra a dos secretarios de Estado con una empresa “de maletín” que fue contratada para manejar la publicidad de la administración de Juan Hernández entre 2014 y 2016.
Según la investigación, a inicios de 2014, la secretaria de Comunicaciones y Estrategia, la extinta Hilda Hernández –juramentada de forma ilegal por ser la hermana del presidente, violentando artículo 250 de la Constitución–, solicitó al titular de Gestión Financiera de Casa Presidencial, la contratación de la empresa Servicios e Inversiones AID.
La compañía fue contratada para manejar la publicidad de los medios de comunicación en la lista que entregó Hernández y para ello recibió más de 98 millones de lempiras; sin embargo, Uferco señala que en total los fondos acreditados fueron 122,105,000 lempiras, cantidad que sobrepasó en más de 49 millones el presupuesto aprobado a Casa Presidencial para la publicidad del Ejecutivo.
Sobre la investigación, el fiscal y jefe de Uferco, Luis Javier Santos, desglosa que el dinero los más de 122 millones de lempiras “fueron sustraídos de una cuenta de Casa Presidencial a través de una empresa de maletín vinculada al caso Pandora”.
Además, agrega que los fondos fueron utilizados por los imputados para compra de vehículos, pago de planillas para el Club Deportivo Vida, renta de vehículos blindados y también para el montaje de una empresa de Hilda Hernández.
Santos recalca que el dinero también fue a parar a Constructora C2, Inversiones Santa Elvira, Transportes Tita y Caribbean Fruit Export, “tres de ellas aseguradas en Caso Pandora”.
El fiscal también menciona que es de reflexionar que en este caso participaron funcionarios de cinco instituciones: Casa Presidencial, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Secretaría de Desarrollo Económico (Sedis), Delegado para la “Economía Verde” y Congreso Nacional.
De acuerdo al comunicado oficial de Uferco-MP, los fondos también se utilizaron en boletos aéreos, préstamos, construcción de vivienda, pago de préstamos hipotecarios, elaboración de banderas para campaña política, diseño y montaje de restaurante, compra de semilla para producción de vivero de palma africana, pagos de planilla de una empresa mercantil y compra de propiedad de 102 hectáreas de extensión cultivada de palma africana.
Sobre el posible decomiso de bienes, Mora ha mencionado que “no podemos descartar nada, pero hasta el momento no se me ha informado cuál es el siguiente paso”.
En este caso, por los hechos anteriormente relacionados, se ha presentado Requerimiento Fiscal contra:
1) Pedro Alexander Pineda Díaz, (secretario de Estado de Gestión Financiera de Casa Presidencial) por considerarlo autor de cuarenta y tres (43) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un (1) delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; cuarenta y tres delitos (43) delitos de fraude; todos en perjuicio de la administración pública.
2) Harvis Edulfo Herrera Carballo; (gerente administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo autor de cuarenta y tres (43) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; un (1) delito de malversación de caudales públicos por cambio de destino; cuarenta y tres delitos (43) delitos de fraude; y cincuenta (50) delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración publica.
3) Lesly Mirella Funez Sierra, (contadora general de Casa Presidencial) por considerarla autora de cuarenta y tres (43) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; coautora de cuarenta y tres delitos (43) delitos de fraude; y cincuenta y tres (53) delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.
4) Axel Eduardo Huete González, (gerente administrativo de Casa Presidencial) por considerarlo autor de tres (3) delitos de violación de los deberes de los funcionarios; tres delitos (3) delitos de fraude; y tres (3) delitos de malversación de caudales públicos; todos en perjuicio de la administración pública.
5) Carol Vanessa Alvarado Izaguirre, por considerarla cómplice necesario de cuarenta y tres (43) delitos de fraude, en perjuicio de la administración pública; y un (1) delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de honduras;
6) Claudia Yamilia Noriega Gonzalez, a título de autor de un (1) delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del estado de honduras;
7) Norman Guillermo Noriega Rodríguez, a título de autor de un (1) delito de lavado de activos, en perjuicio de la economía del estado de honduras;
8) Mario Alberto Villanueva Menjívar, (sub jefe de Fiscalización Presupuestaria del Tribunal Superior de Cuentas) por considerarlo autor del delito de testaferrato en perjuicio de la economía del estado de honduras;
9) Gloria Margarita Vargas, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración pública.
10) Judit Mariel Muñoz Castañeda, a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración publica.
11) Julio Antonio Galdámes Fuentes a título de autor del delito de encubrimiento agravado en perjuicio de la administración publica.
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