El Ministerio Público procedió con la captura de tres nuevos sujetos implicados en el latrocinio del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), entre ellos un empresario y dos exempleados de este centro asistencial, señalados por varios delitos de fraude y estafa contra la Salud Pública.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La mañana de este martes, el Ministerio Público (MP), junto a la Agenda Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), procedieron a capturar a un empresario y a dos exservidores del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a quienes se les acusa de un millonario fraude y una serie de delitos, vinculantes al latrocinio de este centro asistencial.
En ese contexto, el MP ha señalado por cinco delitos de fraude al empresario, Fauzzi Salomón Rischmawy Hode, socio y presidente del Consejo de Administración de la Empresa “Equipos Industriales S.A”.
Igualmente, se ha acusado por cinco delitos de estafa a Wilmer Rolando Polanco, quien fungió como subgerente Nacional de Ingeniería y Mantenimiento del IHSS. Además, como cómplice de un delito por fraude, se imputó a Luis Alejandro Fajardo, hombre al cargo de supervisión de Obras Civiles en la Subgerencia de Mantenimiento y posteriormente trabajó como gerente administrativo de Hospital Regional del Norte del Seguro Social.
Según la investigación la Junta Directiva del Instituto Hondureño, en mayo del 2011, ratificó el Acuerdo Justificado de Declaratoria de Emergencia y Ampliación Presupuestaria, cuyo fin era realizar contrataciones de compra, reparación, habilitación de equipo para ese centro asistencial en distintas ciudades.
En ese proceso, señala el MP, se acordó hacer la compra de cuatro calderas, un tablero de distribución de electricidad, un interruptor de trasferencia automática, un transformador de potencia y dos calentadores de agua tipo industrial, con la finalidad de intercambiar calor; no obstante, este acuerdo no se llevó a cabo porque se denegó el presupuesto para comprar los aparatos.
“Violentando todos los procesos que establece la Ley de Contratación del Estado, recomendaron adjudicar cinco procesos de compra a la empresa Equipos Industriales S.A de C.V.”, apunta el documento. Luego, se hace mención que José Alberto Zelaya Guevara, entonces jefe de Compras, Materiales y Suministros, y Mario Roberto Zelaya, desde su cargo como director del IHSS, dieron el visto bueno a la adquisición.
Según la indagación, se otorgó para estas compras, incluyendo suministro e instalación, un monto total de 25,280,816 lempiras. Para el 5 de julio de 2011, Zelaya Guevara, requirió mediante cinco avisos de “autorización” al entonces gerente administrativo y financiero, José Ramón Bertetty, para adquirir los insumos a la empresa de Rischmawy Hode, a un monto de 10 millones de lempiras.
Información otorgada por Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y entes bancarios, determinaron que las cuentas a favor de la empresa Equipos Industriales S.A de C.V, donde ingresó capital proveniente del IHSS, tiene la firma de Rischmawy, quien seguidamente brindó cheques de altos valores a nombre de Gustavo Adolfo Linares Varela (ya fallecido), quien era empleado de confianza de Zelaya Guevara e hizo el canje de los cheques a efectivo.
“De las investigaciones, el MP acreditó una vez más el acuerdo que había entre los funcionarios y el empresario, esta vez el representante legal de la empresa Equipos Industriales, al beneficiarse entre sí con el fraude realizado a las arcas del IHSS”, sentencia el comunicado.
Cabe destacar que el multimillonario desfalco del Seguro Social, vinculó a Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetty Osorio, José Alberto Zelaya Guevara, tío de Mario Zelaya y quien sigue prófugo de justicia, con toda una red de corrupción que drenó al menos 5,000 millones de lempiras que, según las diferentes líneas de investigación, llegó a patrocinar campañas electorales del Partido Nacional.
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Recientemente, los apoderados legales de Zelaya Rojas y Bertetty Osororio, han pedido al Poder Judicial, que deje en libertad a sus clientes por “falta de objetividad” de la Fiscalía.
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