Por no publicar toda la información en el portal oficial, el Instituto de Acceso a la Información Pública ha anunciado que sancionará con “tres salarios” mínimos a más de 230 ex y actuales funcionarios del mandatario Juan Hernández, donde destaca la secretaria de Salud, Alba Flores; el ex comisionado de Copeco, Gabriel Rubí, y el ex director de Invest-H, Marco Bográn Corrales.
Si se considera que el salario mínimo vigente para 2020 en Honduras, oscila entre 9 mil 400 y 12 mil 100 lempiras, significa que los “sancionados” pagarán a lo sumo unos 36 mil lempiras, algo que raya en lo absurdo si se considera que Flores devenga 90 mil mensuales, mientras que reintegrado diputado nacionalista Rubí recibe más de 150 al mes y Bográn recibía más de 230 mil.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La llegada del Covid-19, hace nueve meses, desató otra pandemia en el país: la corrupción. Mientras, los responsables de hacer cumplir la ley han hecho poco o nada para castigar a empleados y ex empleados públicos, nombrados por el mandatario Juan Hernández, que han dilapidado los recursos de los hondureños o han violado la legislación.
Otras instituciones han reaccionado tarde como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el 2 de diciembre ha revelado que 234 funcionarios y ex funcionarios violentaron la ley al no presentar la información en los portales de transparencia.
“Luego de la presentación del primer informe, el pleno de los comisionados ordena abrir expedientes sancionatorios ya que 234 funcionarios incumplieron con la máxima divulgación de información a través de los portales de transparencia; con respecto a eso ya el reglamento establece cuáles multas se aplicarán”, explicó la comisionada presidente del IAIP, Ivonne Ardón.
Ardón ha ampliado que la multa será de “tres salarios mínimos mensuales”, para los 234 empleados y ex empleados públicos que incumplieron con la divulgación de información; entre los sancionados destaca la secretaria de Salud, la profesora Alba Consuelo Flores; el alcalde de San Pedro Sula, Armando Calidonio Alvarado; el ex titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Gabriel Rubí; y el ex director de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales.
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Llama la atención que el IAIP reaccione a casi un mes de que el mandatario Hernández, creó la Secretaría de Transparencia, dirigida por María Matamoros, hija del nacionalista David Matamoros Batson, actual presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Al margen de eso, la sanción contra los ex y actuales empleados nombrados por Hernández, obedece a la aplicación del artículo 28, Sanciones administrativas, de la Ley de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Decreto 170-2006 del 27 de noviembre de 2006.
La ley en mención dice: “Sin perjuicio de la responsabilidad civil, las infracciones no constitutivas de delito serán sancionadas con amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido. Las multas de entre medio salario hasta cincuenta (50) salarios mínimos mensuales, serán impuestas por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser enterados dichos valores en la Tesorería General de la República”.
Y si se considera que el salario mínimo mensual vigente para 2020 oscila entre 9 mil 452 y 12 mil 139 lempiras, significa que a lo sumo pagarán unos 36 mil, algo que es ofensivo para los hondureños en vista que los sueldos de los funcionarios son altos.
Por ejemplo, estar al frente de Salud representa 90 mil lempiras al mes para la pedagoga Flores, es decir que con menos del 40 por ciento de un salario puede cancelar la multa; por su parte Bográn devengó 233 mil 600 cada 30 días, lo que significa que el monto mayor a aplicar representaría apenas el 15 por ciento del sueldo que recibió de los recursos de los hondureños.
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La titularidad de Copeco generaba un ingreso de 82 mil lempiras para Rubí, pero después de ser separado de la institución tras las irregularidades en cheques pendientes de pago por unos 17 millones de lempiras, fue premiado al reincorporarlo en la bancada del Partido Nacional en el Poder Ejecutivo, con ello ahora recibe mensualmente 151 mil 911 lempiras como diputado, es decir que a lo sumo dará el 23 por ciento de uno de sus salarios para cancelar la multa.
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