Agencias / EL LIBERTADOR
Ciudad de Guatemala. Un tribunal guatemalteco condenó a 30 años de prisión a dos militares retirados por violencia sexual durante la guerra en Guatemala (1960-1996). Se trata del teniente coronel Esteelmer Reyes Girón y el excomisionado militar Heriberto Valdez Asij.
Al concluir la lectura de la sentencia, la mayoría del público aplaudió a los jueces de la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia de ese país, Patricia Bustamante, Yassmin Barrios, y Gerbi Sical.
Varios de los activistas presentes lanzaron consignas contra los condenados y volvieron a aplaudir porque se hizo justicia en el caso de las víctimas, «Sí se pudo, sí se pudo», gritaron.
Se trata de una condena histórica en Guatemala, con relación a la muerte de Dominga Coc, y sus dos hijas, Anita y Hermelinda en 1982. El Tribunal le atribuyó el triple crimen a Reyes Girón y lo condenó a 30 años de prisión por cada hecho. En total 90 años, más los 30, 120 años de prisión.
La jueza Barrios subrayó el hecho de que todos los vejámenes tenían en común que las víctimas sufrieron la desaparición de sus esposos, fueron violadas el mismo día de la desaparición o bien días después. De estos actos, razonaron los jueces, los ahora condenados tenían conocimiento e incluso tuvieron participación.
Los crímenes de esclavitud y violencia sexual contra las mujeres que testificaron en el tribunal tuvieron lugar en el destacamento militar de la aldea Sepur Zarco, del departamento de Izabal, entre 1982 y 1988.
Tal centro militar, instalado por el ejército a petición de grandes terratenientes de la zona, fue utilizado como lugar para el descanso y el recreo de la tropa, formando parte de un circuito de varios destacamentos militares establecidos en la Franja Transversal del Norte.
Allí confluyen intereses económicos de carácter nacional y transnacional, alrededor de la extracción minera y petrolera, así como la producción de agro combustibles. Con tales fines, en los años 80 la zona fue escenario de una de las grandes olas de despojos de tierras contra la población campesina.
La tragedia para el grupo de mujeres q´eqchíes dio inicio en agosto de 1982, cuando sus esposos fueron capturados ilegalmente por miembros del ejército y finqueros de la región, para luego ser ejecutados extrajudicialmente o desaparecidos de manera forzosa.
Ellos eran dirigentes campesinos, quienes tramitaban, por medios abiertos y legales, los títulos de propiedad de las tierras en que habían vivido por generaciones. (Telesur).
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