La corrupción, como sistema, es la principal causa por la que Honduras no avanza hacia el desarrollo, esto refleja –entre otros– el reciente informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversiones 2026 donde el país sale “aplazado”; según la directora ejecutiva de Ahiba, María Lydia Solano, la clave está en la reconstrucción del sistema judicial.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. No existe otro camino, el clima de inversiones mejorará y llevará Honduras al desarrollo solo cuando las autoridades del Estado “funden” un mecanismo judicial que elimine el sistema de la corrupción, así lo ha interpretado la directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), María Lydia Solano, tras la publicación del informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El informe, titulado “Declaraciones sobre el clima de inversión para 2026: Honduras”, fijó su atención en los desafíos estructurales e históricos que limitan la inversión, por ejemplo, laplicación y cumplimiento inconsistente de políticas e incentivos fiscales, las disputas territoriales, altos costos de la energía eléctrica y suministro poco fiable.
Entre otros puntos, cuestionan las imparables disputas territoriales, las brechas en la educación de la fuerza laboral, la infraestructura de transporte y logística deficiente, y con especial enfoque: la corrupción y la inseguridad.
Respecto a este tema, Solano arranca por un eje transversal donde la corrupción es una dimensión que va más allá de políticos y presupuestos públicos, pues también implica actores privados en una realidad que ya conocen los hondureños.
“Tenemos que reconocer que los esfuerzos que hacemos, no son interpretados como suficientes, probablemente así sea; por ejemplo, cuando hablamos de enfrentar la corrupción en el país, tenemos que abordar sobre los casos que se judicializan”, apuntó.
La destacada ejecutiva del sector financiero, resaltó que el sistema de corrupción que impera en el país aborda otros campos de la sociedad, por ejemplo, redes cibernéticas que viven del fraude electrónico; esto es clave, porque evidencia un fenómeno de país “sin ley” no desde un aspecto de castigo, sino de prevención de delitos.
“Entonces nos damos cuenta de que nos hace falta todavía un Ministerio Público debidamente capacitado y dotado de los recursos tecnológicos para enfrentar la corrupción”, señaló.
Con la seguridad jurídica –opinó– se tiene que tomar consciencia sobre lo que significa para el empresario nacional y el extranjero, con base a ello poner medidas correctivas para lograr índices altos que nos impidan retroceder.
La dirigente del sector financiero ejemplificó el escenario de invasiones y conflictos por la tierra, que siempre se han focalizado en puntos estratégicos del país y donde pareciera “no hay una solución”; y este contexto, visto por inversionistas extranjeros, bloquea el apoyo hacia el sector agroindustrial, entre otros.
“Honduras tiene unas tierras riquísimas, no todo es el ‘Corredor Seco’ –que involucra nueve departamentos–,el Atlántico es una zona muy fértil ¿por qué no tenemos más Palma Africana? ¿Por qué no tenemos más banana? ¿O por qué no evolucionamos con otros productos?”, planteó Solano.
Apuntó que el país debe resolver los conflictos de tierra y otros que, desde lo interno, afectan aspectos externos como el bloqueo de carreteras, escenarios que son vistos por inversionistas extranjeros que llegan a conclusiones simples “no voy a poner mi dinero en un lugar donde las carreteras se detienen”.
Solano dijo que por ello vio acertado que Honduras regresara al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), porque ante una justicia que no está funcionando, esta instancia ofrece garantías a quienes proyectan invertir en Honduras.
“Poner a un tercero que de credibilidad a resolver las disputas que un país tiene, es someterse a un arbitraje serio internacional que me va a absolver o me va a condenar. Pero no me voy a quedar con ese sabor de que un Ministerio Público, no fue justo”, sentenció.
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